De vuelta de las vacaciones, algunos ministros de la Corte Suprema están tentados con reflotar sus proyectos para redolarizar los depósitos bancarios. Simultáneamente dicen querer huir de cualquier intervención relativa a las elecciones y la interna peronista, aunque ayer respondían a emisarios del Gobierno que buscaban sondearlos al respecto. En la reunión plenaria que tendrán los supremos este jueves no se pronunciarán sobre grandes temas. En los expedientes vinculados con la pesificación, los tiempos se pueden alargar porque tienen pendiente resolver la recusación contra el nuevo integrante del tribunal, Juan Carlos Maqueda, que plantearon Nito Artaza y sus seguidores.
“Cuanto más lejos de la política nos mantengamos, mejor vamos a estar”, marcó su intención uno de los ministros consultado por Página/12. El criterio en la Corte no parece ser homogéneo, ya que en algunas vocalías del tribunal ayer respondían consultas del Gobierno acerca de la cuestión electoral, ahora en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría, a quien el presidente Eduardo Duhalde le pidió que confirme la fecha de elecciones para el 27 de abril. La realidad es que dentro del tribunal aún subsisten simpatías fuertes hacia el menemismo.
Los nuevos pedidos de juicio político contra miembros del tribunal planteados a fin de año –en vías de iniciación en el caso de Carlos Fayt y aún en suspenso en el de Adolfo Vázquez–, sumados a la incorporación de Maqueda al alto tribunal, fueron dos de las apuestas más fuertes con que el Gobierno logró frenar el fallo contra la pesificación a pesar de que había mayoría para firmarlo. Ahora, consumado el acuerdo con el FMI, para el oficialismo la mayor preocupación ante una posible definición judicial se centra en los bancos que no han abierto el corralón, alegando que no pueden devolver la plata porque no la tienen.
Ayer volvió a circular entre los jueces el proyecto del riojano Julio Nazareno que impulsa la redolarización y propone dar un plazo de 60 días para que el Congreso o el Poder Ejecutivo definan los mecanismos de devolución. Su postura la comparten, en lo esencial, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Vázquez y Fayt, aunque este grupo cree que los jueces de primera instancia deben llamar a una instancia de conciliación entre los bancos y los clientes. Sólo si llegara a fracasar esa negociación el expediente podría ir a Cámara y luego volver a la Corte.
Fayt podría plantear, en la reunión del jueves, la necesidad de dar una definición. La gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, hoy sumará presión otra vez ante Nazareno, quien preside el tribunal, para que resuelvan la causa en la que la provincia reclama 247 millones acorralados. Y así la película vuelve a repetirse. Pero esta vez tienen que resolver el cuestionamiento de los ahorristas contra Maqueda, según el cual el juez no podría intervenir en ningún tema sobre redolarización porque cuando era senador votó la Ley de Intangibilidad de los Depósitos y respaldó normas por las que el Ejecutivo instrumentó el corralito y la pesificación.
Los ministros estarían dispuestos a tratar la recusación en cuestión este mismo jueves, pero para poder hacerlo primero Maqueda tiene que hacer su descargo, algo que aún no concretó y para lo que, si quiere, podría tomarse su tiempo. De todos modos, ayer circulaban versiones de que aceptaría excusarse.