El fiscal Roberto Leanza le pidió al Juzgado en lo Penal Económico que cite a declarar como testigos a distintos funcionarios que revisaron la carga que traía el avión militar norteamericano. Como adelantó este diario en exclusiva, la causa se podría activar si el fiscal considera que debe investigarse el delito de contrabando. Y lo que ocurrió ayer fue precisamente eso: Leanza requirió una pesquisa más profunda. A partir de hoy y hasta el martes que viene, los funcionarios de la Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) y el Registro Nacional de Armas (Renar) tendrán que describir qué encontraron, los elementos que no estaban en la lista oficial, los argumentos dados por los funcionarios de Estados Unidos –dijeron que eran efectos personales– y los procedimientos que se siguieron.

El juez en lo Penal Económico Rafael Caputo será competente hoy y mañana, pero ya el lunes volverá a su puesto Marcelo Aguinsky, el titular del juzgado. Para la Aduana hubo una infracción aduanera grave, un ilícito, pero no un delito.

En principio, en el fuero penal económico el expediente parecía ir camino al archivo. Así lo adelantó el juez que estaba subrogando en el juzgado de turno, Ezequiel Berón de Astrada. El magistrado coincidió con la Aduana y consideró que, en todo caso, hubo una infracción aduanera, semejante a cuando un pasajero dice que no trae nada, le abren la valija y le encuentran una computadora. Se le hacen pagar los impuestos y una multa. Según los magistrados, sólo hay contrabando cuando existe “ardid o engaño” que consiste en que las cosas vengan ocultas en un doble fondo, escondidas entre otras mercancías o, como en el caso de los estupefacientes, dentro de pescados o manzanas.

Sin embargo, el fiscal Leanza decidió no quedarse únicamente con la opinión de la Aduana y pidió que comparecieran como testigos todos los funcionarios que actuaron en el caso para determinar si hubo contrabando. Según el informe que ayer entregó la Aduana, se incautaron caños y cañones que se les ponen a las armas, equipos de transmisión, enormes cajones con medicamentos –muchos vencidos–, dispositivos GPS, elementos de combate y una valija con instrumentos que se están analizando. Como nada de esto estaba en la lista entregada previamente, la Aduana pidió explicaciones a los militares norteamericanos, quienes, de entrada, adujeron que se trataba de efectos personales. Los funcionarios de Aduana y la PSA declararán como testigos por haber hecho el procedimiento, los del Anmat porque están peritando las medicinas encontradas y los del Renar porque evalúan todo lo que se encontró relacionado con balística.

Más allá del requerimiento del fiscal, es probable que Aguinsky, después de completar todas las medidas pedidas por Leanza, mantenga la postura original y el hecho sea considerado una infracción aduanera grave, por lo que quedará en manos de un juez del fuero administrativo. Este puede imponer una multa, incautar el material, devolverlo con la condición de que se saque del país o destruirlo.