La patota de la Unión Ferroviaria actuó de manera aceitada el día que mató a Mariano Ferreyra e hirió a otros tres militantes del Partido Obrero (PO). Pero no era la primera vez que entraba en acción. A esa altura, al menos varios de sus protagonistas ya habían operado como grupo de choque del gremio. La conclusión es fruto de un minucioso análisis de llamados telefónicos y forma parte de la argumentación con que la jueza Wilma López procesó anteayer con prisión preventiva al líder del sindicato, José Pedraza, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, por instigar el ataque violento a la protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca. A la vez es un dato que explica, dice el fallo, el interés personal y constante que tuvieron ambos dirigentes en la situación judicial de los primeros siete matones que fueron detenidos, al punto de haber intentado sobornar a un juez de la Cámara de Casación para que los dejara en libertad. En realidad, dice la magistrada, buscaban beneficiarse a sí mismos (debilitando la investigación), cuando estaban a la vista las sospechas sobre su propia responsabilidad.

Según definió la jueza, Pedraza y Fernández usaban a la patota para frenar circunstancias que pudieran amenazar su poderío “político y económico” en el gremio. La gran masa de trabajadores subcontratados a través de las llamadas “tercerizadas” que cuestionaban ese sistema de precarización laboral podía poner en jaque la hegemonía de Pedraza y su círculo si conseguía ser incorporada como personal de planta, dice la resolución. A lo que se sumaba el manejo del gremio, y en especial de Pedraza, de una de esas empresas, la cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur. Por todo esto, López sostiene que el ataque organizado por la UF con piedras, palos y armas que culminó en el crimen de Mariano, tenía por finalidad “aleccionar” a los tercerizados para evitar futuras protestas, pero también buscaba proteger su reinado.

Según López, desde la dirigencia del gremio hubo una “instigación en cadena”: no hacía falta que estuvieran en el lugar de los hechos ni que hubieran hablado con todos los imputados como autores materiales del crimen. Basta tener la punta del ovillo, que estaría dada por las comunicaciones telefónicas entre el Gallego Fernández y el delegado Pablo Díaz, quien coordinaba al grupo de choque. Hablaron antes, durante y después del ataque a los tercerizados, y lo hicieron incluso en momentos clave, según se cotejó con testigos: cuando Díaz ordenó “sacar los fierros” y cuando dispuso –tras el homicidio– juntar las armas para su ocultamiento e irse. Fernández, dice la jueza, impartía las órdenes desde la UF, donde estaba con Pedraza.

El funcionamiento de la patota como tal se corrobora por los contactos telefónicos a lo largo del día, y con posterioridad. Díaz hablaba con el delegado Claudio Alcorcel (procesado como partícipe). Y aquí es donde entran en escena los dos barrabravas acusados como tiradores: Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, que se contactaban con Alcorcel, pero también hablaron con Díaz. A su vez, Favale tuvo gran cantidad de llamados con el hijo de Pablo Díaz, Catriel. Para la jueza, el “dato revelador” sobre “la organización de este grupo” está en las imágenes televisivas de casi dos meses antes, durante un corte de boleterías en el hall central de la Estación Constitución, el 6 de septiembre. Allí los personajes se repiten (incluso Salvador Pipitó y Jorge González, detenidos asimismo por el crimen de Mariano), pero también el patrón de comunicaciones telefónicas, incluso las de Fernández con Pablo Díaz.

La jueza sostiene que el hecho de que Favale no era ferroviario y que Sánchez, aunque lo fuera, dijo no tener gran relación con el gremio, demuestra que el grupo no actuaba en forma “espontánea” ni por interés propio en evitar protestas o cortes de vías. Favale incluso había intentado ingresar a Ugofe (la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, que administra las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur), recomendado por el Gallego Fernández, pero había sido rechazado. El papel que decía “no ingresa” fue incautado en la oficina de Fernández.

La relación de Pedraza y Fernández con la patota se cierra, según López, con su comportamiento en relación a la situación judicial de los primeros implicados, o que se perfilaban como imputados. Recuerda que Fernández organizó una reunión tres días después de los hechos con el abogado de la UF Juan Araya y sindicalistas, entre ellos Alcorcel y Pablo Díaz, para ver cómo seguirían. El encuentro fue en Club Brown Viejo de Adrogué, lejos de sus lugares habituales de reunión, pero cerca de la casa de Fernández. Y allí fue detenido Díaz.

Pero la jugada más ambiciosa habría corrido por cuenta de Pedraza, escrachado en las escuchas telefónicas hablando del posible soborno a un integrante de la Cámara de Casación para conseguir la libertad de los siete matones detenidos al inicio de la causa. Uno de los diálogos sería con Angel Stafforini, director de Belgrano Cargas, quien aparece diciendo que la suma requerida sería de “75 o 50” –se presume que hablan de 50 mil o 75 mil dólares–, a lo que Pedraza responde: “Si no llegás, nosotros ponemos la diferencia y después lo recuperamos”. En los diálogos aparece un lobbista sindical, Juan José Riquelme (con quien hablan Pedraza y Fernández), que haría de nexo con el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que defendía a uno de los detenidos, y se lo vincula con el juez de Casación Eduardo Riggi, de quien fue secretario. Lo que quería Pedraza, concluye la jueza, era, por “efecto dominó”, “beneficiarse a sí mismo, sabedor de su responsabilidad en el hecho”.