Uno de los aspectos más impactantes de los fundamentos del procesamiento de José Pedraza es la descripción histórica que la jueza Wilma López hace de cuáles son los mecanismos de los que se ha valido el dirigente para construir y conservar su poder “político” y “económico” en la Unión Ferroviaria. Recuerda que es su titular desde 1994 y que eso le ha “permitido echar raíces en la rama empresarial”. “La conservación de ese cargo se encuentra asegurada mientras la UF continúe determinando el ingreso de personas a las empresas ferroviarias” porque “de esa forma se asegura la fidelidad de quienes ingresan y su afiliación a la lista verde, que él encabeza”. Ese “statu quo”, dice la jueza, “se ve amenazado con la entrada de empleados tercerizados –que no controla el sindicato– a planta permanente”, lo que le instala el fantasma del surgimiento de una oposición con peso. López dice que las bases del dominio extendido de Pedraza se asientan sobre “un triunvirato de entidades de extracción empresaria y gremial”: Belgrano Cargas SA (que pasó a manos de la UF desde fines de los ’90); la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, una tercerizada; y la propia UF. Su esposa, Graciela Coria, pertenece al Belgrano Cargas y es dueña del inmueble donde funciona la cooperativa, donde su hermana es tesorera y el consejo directivo son funcionarios de la UF. Para dar una dimensión del impacto del reclamo de los tercerizados (contratados con salarios por la mitad que un trabajador de planta) la magistrada recuerda que después del asesinato de Ferreyra fueron regularizados cerca de 1500 ferroviarios que estaban en esas condiciones.