Era una de las pruebas que faltaba. La presencia corpórea de Carlos Alberto de Lorenzo, desaparecido entre agosto y septiembre de 1977, enterrado como NN en el cementerio de Villegas e identificado recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Con los datos emanados de la identidad y de la reconstrucción de pruebas acumuladas en la causa, el fiscal Félix Crous pidió ayer ampliar la acusación por homicidio agravado para dos de los jefes del centro clandestino El Vesubio, Pedro Durán Sanz y Héctor Humberto Gamen, que se hallaban presentes en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. En línea con lo que sucedió hasta ahora con cada uno de los pedidos de ampliación por homicidio para los militares acusados –no así con los hombres del Servicio Penitenciario–, el Tribunal Federal Oral Nº 4 aceptó.

A De Lorenzo (27 años) lo secuestraron en el laboratorio Rhodia SA, donde trabajaba, en Quilmes. Las pruebas sobre su presencia en El Vesubio surgieron del relato de dos sobrevivientes. Uno de ellos es Alvaro Aragón, que militaba con él. Aragón aseguró que cuando llegó al Vesubio lo alojaron en la misma “cucha” con De Lorenzo y que conversaron hasta que los separaron; que De Lorenzo estaba muy torturado y con la rodilla lastimada por la picana eléctrica. También lo vio Juan Farías, otro sobreviviente. En su caso, habló de una persona de apellido De Lorenzo que era químico y que había caído con Aragón. A esta altura está probado que, en el centro clandestino, De Lorenzo sufrió tormentos que incluyeron la picana, padeció más de un mes de cautiverio, estuvo alojado en las cuchas, encapuchado, engrillado, padeciendo hambre y frío, con falta absoluta de higiene y aseo, en un espacio con escaso sitio para dormir o moverse, sin ninguna posibilidad de comunicación con el exterior, ni con sus compañeros, según Crous.

Ahora se sabe que el 9 de septiembre a la 1.15 apareció muerto, perforado por las balas, en Rincón y Mendoza, de San Justo. También se sabe ahora que ese día fue enterrado como NN en el cementerio de Villegas, en Isidro Casanova. Y que algunos medios de comunicación dieron la noticia a la usanza de la época, como un NN muerto en un enfrentamiento. Crous destinó parte de su pedido a “echar por tierra la versión de los enfrentamientos”. La exhumación del cuerpo se hizo el 14 de noviembre de 2006. Pero recién el 28 de febrero de 2011, la Cámara de Apelaciones confirmó que los restos óseos hallados en ese cementerio le pertenecían.

Durante la audiencia, los ocho acusados del campo clandestino estaban presentes en la sala. Al fondo, como suelen sentarse, estaban los tres militares, dos de los cuales están acusados por este nuevo caso. Crous describió durante ese tiempo los datos que ahora se conocen sobre lo que sucedía en el cementerio de Villegas. Los antropólogos llegaron hasta ahí a partir de una denuncia de noviembre de 1982 de Luisa Cavallo del Valle, entre otros familiares, describiendo una gran cantidad de tumbas anónimas en el cementerio. El 29 de octubre de 1982, el diario La Voz publicó un artículo en base a las distintas denuncias en el que indicaban que a partir de 1976 en el Sector O se habían enterrado 188 cuerpos sin identificar, algunos de los cuales habían quedado tapados por la maleza, entre tumbas sin nombre, en lugares dejados en total estado de abandono. Los empleados decían que parte de esos cuerpos llegaban en ataúdes precarios o envueltos en frazadas, y los comerciantes de la zona contaban que entraban durante las noches o a la madrugada en vehículos de color verde oliva o azul, fuera del horario de atención habitual. Esa denuncia generó una investigación judicial en la que declararon los médicos que habían hecho las autopsias y los policías, que dijeron que habían hecho los traslados de los cuerpos convocados por los militares, que todos eran producto de supuestos enfrentamientos con las fuerzas conjuntas.

Pese a las múltiples imputaciones por homicidio y su rol en los centros clandestinos, los tres militares acusados en la causa están en libertad. La Fiscalía pidió hasta ahora, además, la ampliación de la acusación por homicidio para los cinco penitenciarios sentenciados que también están juzgados en el juicio, pero hasta ahora el TOF negó sistemáticamente la imputación porque ése fue el criterio con el que elevó la causa la primera instancia. En este caso, como sucedió ya con la última presentación –el caso de Martha María Brea–, Crous sólo se ciñó, entonces, a pedir la ampliación para los militares.

Cuando el presidente del Tribunal le preguntó al represor Durán Sanz si quería decir algo, lo único que dijo fue: “No. Por recomendación de mi abogado, me abstengo de hacer declaraciones”. Lo mismo murmuró Gamen.

Con el caso De Lorenzo, suman 25 las imputaciones por homicidios para Gamen y Durán Sanz. Por tres de ellas está imputado además el tercer militar Hugo Idelbrando Pascarelli.