La ministra de Seguridad, Nilda Garré, y sus pares de todas las provincias, además de los jefes de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, trabajaron ayer en las bases y estrategias de actuación ante el delito organizado, en especial, la trata de personas, el narcotráfico y los desarmaderos de automóviles. Como adelantó ayer Página/12 en exclusiva, también se puso a consideración de todos los integrantes del Consejo de Seguridad Interior (CSI) un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones públicas de protesta. Una de las ideas que más se vienen trabajando es la realización de un mapa del delito nacional, ya que tanto la trata de personas, como el narcotráfico y los de-sarmaderos forman parte de una madeja que no se circunscribe a un distrito: un vehículo es robado en Capital y muchas veces se lo desarma en Entre Ríos; una chica es secuestrada en Paraguay, la pasan a Misiones y se la condena a la esclavitud sexual en la Capital Federal, y lo mismo sucede con las operaciones de drogas, que entran desde Bolivia, muchas veces por vía terrestre a través de Salta o Jujuy y se envían a España desde una base aérea o incluso pasando por aduanas regionales. La propuesta que recibió aprobación unánime en el encuentro de ayer fue el convenio firmado con el Ministerio de Educación, que capacitará a todas las policías del país nacionalizando la Tecnicatura Superior en Seguridad.

El encuentro del CSI fue el primero que encabezó Garré desde su designación. La ministra tiene el objetivo de potenciar el trabajo conjunto de todos los distritos y ayer, en la inauguración, habló de hacer “un mapa del delito nacional, más preciso y certero”. El conjunto de los intervinientes aprobaron el protocolo sobre “Preservación del lugar del hecho o escena del crimen”, una herramienta diseñada para que las fuerzas de seguridad no cometan errores que después complican o hasta arruinan las investigaciones judiciales, lo que luego lleva a que las personas que cometieron delitos queden sin condena.

“Sufrimos la aplicación de las políticas neoliberales con sus secuelas de exclusión social –diagnosticó Garré en la inauguración del encuentro del CSI–. Ello llevó a un aumento del delito y de la violencia, así como la criminalidad protagonizada por organizaciones delictivas que cuentan con un desarrollo logístico y operativo que les permiten una altísima rentabilidad económica.” Garré concentró su mirada en la trata de personas, el narcotráfico y el robo de autos, este último el delito que más muertes produce en el país.

En ese terreno, el de la lucha contra el delito organizado, los mayores esfuerzos estarán puestos en la concreción de un mapa del delito actualizado. Hace un par de años, la mayoría de los desarmaderos se encontraban en el Gran Buenos Aires, pero en los últimos tiempos se detectaron traslados al interior e incluso el desarmado de vehículos robados dentro de camiones. En el caso de coches de alta gama, buena parte se trasladan a provincias y, sobre todo, a Paraguay o Bolivia, pasando por varios distritos y por la frontera. En materia de narcotráfico se evaluó ayer mismo un texto, presentado por el ministerio, sobre preservación, traslado y custodia de estupefacientes secuestrados, el tratamiento de los precursores químicos y el cruce de datos estadísticos en cada distrito. La trata de personas fue abordada con un texto especial (ver aparte).

El CSI es un organismo destinado a que los representantes de todos los distritos debatan propuestas y estrategias y, de hecho, no existe una obligación por parte de las provincias de implementar lo que allí se debate. Sin embargo, la idea es que se vayan firmando acuerdos y convenios, porque el despliegue de las organizaciones que se dedican al robo y desarmado de autos, el narcotráfico, la trata de personas o la piratería del asfalto no se limita a un solo lugar. Ayer, prácticamente todos los distritos estuvieron de acuerdo en el convenio que se firmó con el Ministerio de Educación que extendió el dictado de la Tecnicatura en Seguridad a los 24 distritos.

Como anticipó este diario, se sometió a consideración de todos los distritos un protocolo de intervención de las policías en las manifestaciones públicas. Algunos de los criterios planteados tienen que ver con que los efectivos no porten armas letales, no se utilicen vehículos no identificados, se usen vallas, se preserve la actividad periodística y, fundamentalmente, se busquen todas las vías de diálogo en el conflicto.

En el encuentro participaron los ministros de Seguridad de todos los distritos y los jefes de las policías provinciales, así como las fuerzas de seguridad federales. También estuvieron el Registro Nacional de Armas, la Aduana, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Sedronar. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no estuvo el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pero asistió el titular de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco.