La Justicia uruguaya condenó al espía informático Iván Velázquez, un ex agente de la SIDE, a dos años y tres meses de prisión por el delito de “utilización indebida de información privilegiada”. Velázquez le había pagado una coima a un funcionario de migraciones uruguayo para obtener información sobre el ingreso al país de tres argentinos en el 2008. El espía había huido de Argentina junto a su cómplice Pablo Carpintero cuando se detectó que habían hackeado los correos electrónicos de políticos y empresarios para vender la información.

“Pericias técnicas posteriores pudieron comprobar la existencia del programa de interceptación de correos y numerosas direcciones electrónicas con sus correspondientes claves pertenecientes a personalidades y políticos de Argentina, Chile y Uruguay, así como de otros países de América latina”, señala el fallo emitido por la jueza penal Mariana Mota, reveló ayer el diario uruguayo La República. El ex agente de inteligencia y de la Policía de Seguridad Aeronáutica fue penado con cárcel por coimas y acceso a información confidencial, pero a su vez se comprobó el trabajo de phishing realizado en las casillas de correo electrónico.

En agosto de 2006, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, investigó a los expertos en el hackeo de mails. La causa está caratulada “violación de secretos políticos y militares”, porque entre la gran cantidad de personalidades a las que les violaron sus casillas de correo se encontraban el entonces canciller Jorge Taiana, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y Nilda Garré, que estaba al frente de la cartera de Defensa. Pero también hubo víctimas de la farándula, como Susana Giménez, Andrea Del Boca o Marcela Tinayre, con fines comerciales de venta de la información.

En Uruguay, Velázquez fue procesado en diciembre de 2008 por esta causa y purgó hasta noviembre de 2009 una condena a 11 meses de cárcel, por lo que “no volverá a prisión por cuanto opera la suspensión condicional de la pena”, según informaron medios uruguayos. En el país oriental le habían hecho un seguimiento con colaboración argentina, y su vinculación con funcionarios de migraciones uruguayos surgió a partir de la utilización de sus propios métodos, pero con permiso judicial. Escuchas telefónicas e intervención de mails le demostraron a la Justicia que Velázquez pagó un soborno de entre 350 y 800 dólares para que le consiguieran la residencia en el país y que el policía contactado le proveía información sobre ciudadanos argentinos que ingresaban a Uruguay.

Según las pericias de la investigación judicial uruguaya, Velázquez tenía en la computadora que se le incautó en un allanamiento un programa Asepi (Advanced System for E-mail Password Interception) con el que violó las cuentas de empresarios, políticos y periodistas argentinos “con la finalidad de extorsionarlos”, sostuvo el fallo. El ex agente de la PSA afirmó que la máquina era propiedad del Estado argentino y que se había llevado el “material sin autorización del Gobierno” y “como resguardo” de su integridad física. La jueza Mota confiscó “los instrumentos del delito” y como Velázquez dijo en su declaración que era propiedad del Estado argentino se debía comunicar la sentencia a la embajada nacional.

La Justicia argentina había pedido la extradición de Velázquez para juzgarlo por revelar “secretos políticos y militares concernientes a la seguridad nacional, medios de defensa y/o a las relaciones exteriores del Estado”. Pero el pedido fue denegado en noviembre de 2009, al considerar el juez uruguayo Roberto Timbal que Velázquez había cometido un “delito político”.