En la reconstrucción de Haití, el cemento y los ladrillos para levantar casas, hospitales, escuelas, caminos y toda la infraestructura pública básica de un país casi en ruinas desde el terremoto de 2010 pueden parecer, con el dinero que los compre y los lleve, una de las prioridades absolutas, sin discusión en una lista de necesidades que encabecen víveres y medicamentos.

Puede sonar destemplado pensar de un modo menos material para este país, el primero en liberarse del yugo europeo en América, pero hoy día el más empobrecido del continente, además castigado empecinadamente por tifones y sismos. Y sin embargo, hay otras prioridades del mismo tenor, hasta de mayor dimensión en el largo plazo. Porque se trata de reconstruir, en verdad, una sociedad regida también por el Estado de derecho, que debe levantarse desde sus mismos cimientos políticos y jurídicos.

Hace pocos días, la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de la ONU convocó a un debate abierto sobre el caso de Haití, donde Michel Martelly acaba de ser elegido como sucesor del mandatario René Preval, tras un proceso político valorado por el propio jefe de la misión de paz de la ONU en ese país, la Minustah, Edmond Mulet.

El canciller Héctor Timerman participó del debate abierto, en el que quedaron expuestas con crudeza las terribles dificultades que soporta ese país, pero donde también se apreció el valor de los pequeños pasos dados durante los últimos tiempos y el renovado compromiso de la Minustah y del Grupo de Amigos de Haití, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Argentina, en particular, continúa ejecutando ayuda humanitaria a través de los Cascos Blancos (cuatro misiones entre 2004 y 2010) y promoviendo la autoproducción de alimentos frescos en huertas familiares escolares y comunitarias mediante el Programa Pro Huerta Haití. También la Unasur formó un fondo de reconstrucción para Haití y tiene una misión técnica permanente en Puerto Príncipe.

Sin embargo, el panorama tras el sismo de hace un año es a primera vista desolador, y así lo resumió en el debate el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Si bien se removió ya una quinta parte de las ruinas, los refugiados en campamentos pasaron de ser un millón y medio a menos de la mitad y la epidemia de cólera se estabilizó, la economía del país está de rodillas. Las instituciones públicas son apenas capaces de proveer servicios esenciales y millones de haitianos dependen de la asistencia de ONG. Los registros de propiedad son inexistentes y el gasto público carente de transparencia.

La insatisfacción de algunos sectores de la población haitiana ha afectado de algún modo la percepción de toda la presencia internacional en Haití y eso ha llevado, también, a la posibilidad de adecuar el mandato de la Minustah y el modo en que deberían participar los países de nuestra región. Como se escuchó en la reunión en la ONU, lo hecho no es todavía el mejor trabajo como para felicitarse.

Sin embargo, en este contexto, es vital que Haití se vaya haciendo dueño de su propio destino. La participación local es el principio fundamental para las tareas de mantenimiento y consolidación de la paz en Haití.

La ayuda internacional no servirá de mucho si no se tiene en cuenta el punto de vista haitiano de los problemas. Sin el resto del mundo no saldrá adelante, es verdad. Y en especial sin la coordinación por parte de la ONU. Pero la responsabilidad principal debe reservarse para el pueblo haitiano y sus nuevos líderes. Todos los esfuerzos internacionales deben hacerse con base en las prioridades que fije Haití.

En esa tarea conjunta, las misiones de mantenimiento de la paz –como la que integra con fuerte presencia Argentina– deben ir dejando su lugar al trabajo de los ingenieros en la reconstrucción. Pero la reconstrucción material es tan importante como la institucional que la sustente y le dé sentido a largo plazo.

Hablamos de registros civiles, de leyes comerciales, de la capacidad del Estado de cobrar impuestos, de garantías jurídicas en general. Eso puede valer para el futuro de los haitianos –la inmensa mayoría jóvenes– tanto como los ladrillos y la ayuda exterior para alimentarse, crecer sanos o educarse. Ahora, como dijo Ban Ki-moon, la instauración del Estado de derecho debe ser la máxima prioridad del nuevo presidente de Haití.

Eso supone la creación de un Parlamento que responda al pueblo y un gobierno transparente, eficiente y sensible. Como dijo el presidente Preval ante los delegados, la memoria haitiana está muy afectada por los peores crímenes contra la humanidad cometidos durante medio siglo y la impunidad se hace un obstáculo insoportable para la paz social: eso exige un Poder Judicial independiente.

Argentina sabe de eso y tiene un compromiso histórico y actual con Haití. El 70 por ciento de sus efectivos en operaciones de paz han estado concentrados en ese país. En este tiempo de reconstrucción material e institucional, nuestro país dispondrá desde organismos regionales o internacionales no sólo ayuda material, no sólo ladrillos, sino todos los recursos políticos e institucionales que permita a los haitianos decir pronto con orgullo que han puesto de pie no sólo casas, edificios o puentes, sino también una sociedad digna con un Estado soberano.

* Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.