“Si Patti hubiera llegado a ser diputado hoy no estaría condenado”, dijo la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. Se refirió a la ausencia –“inexplicable”, dijo, en el actual contexto político– de una ley que impida a represores y a quienes hayan atentado contra la democracia ser candidatos en las elecciones u ocupar cargos públicos. Varios son los proyectos que fueron quedando en los cajones y perdieron estado parlamentario. Se reactivaron a partir de mayo de 2006, cuando la Cámara de Diputados impugnó el diploma de Patti por “inhabilidad moral”, pero nunca llegaron al recinto. Una iniciativa de Donda logró ser votada en general, pero no llegó a obtener media sanción.

El proyecto se trató en Diputados el 20 de mayo de 2009. Los representantes de los organismos de derechos humanos habían ocupado los palcos desde temprano. La norma que impulsaba la diputada y nieta recuperada desde hacía quince meses modifica la Ley de Etica Pública, el Código Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para bloquear las aspiraciones políticas de genocidas y golpistas. Pasó la tarde en medio de discursos de homenaje a Raúl Alfonsín y la asunción de Jorge Rivas. “¡No se vayan!”, tuvo que pedir Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. Poco antes de las diez hablaron los kirchneristas Remo Carlotto y Agustín Rossi; Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica; Eduardo Macaluse, del Sí, y Donda. A las once se aprobó en general, con 131 votos.

El tratamiento en particular siguió hasta las 3 de la mañana y a esa hora, “cuando faltaba aprobar el último artículo, una parte de los diputados del FpV se levantaron y dejaron sin quórum la sesión y la ley sin su media sanción” recordó Donda en diálogo con Página/12. “En ese momento ese sector quería que Patti tuviera su boleta, que estaba en proceso de impugnación, porque decían que le sacaba votos a (Francisco) De Narváez”, explicó Donda. “Habíamos impugnado la boleta de Patti, y con la apoderada de Nuevo Encuentro nos peleamos con los que querían distribuirlas, por suerte después la Cámara Electoral vetó su postulación y las boletas no les sirvieron para nada”, completó.

La inexistencia de una norma que abordara esta problemática desde su origen fue un dolor de cabeza para los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas de Patti. En 2005, la Cámara de Diputados impidió que el represor asumiera como legislador, pero en 2009 el ex subcomisario volvió a la carga. Finalmente, la Cámara Electoral admitió un planteo que habían realizado el CELS e Hijos y rechazó su eventual postulación. En ese momento, Patti ya estaba procesado y detenido en la causa en la que fue condenado el jueves a cadena perpetua.

Donda anticipó que volverá a presentar su proyecto para que sea tratado sobre tablas en la próxima sesión, porque considera que hoy más que nunca sigue siendo “imprescindible”, entre otros aspectos, para impedir que el ex carapintada Aldo Rico vuelva a ocupar la intendencia de San Miguel. “Incluso según el nuevo estatuto del PJ, no debería ser parte del partido –apuntó la diputada de Libres del Sur–. Patti es un símbolo de cómo muchos de los que actuaron en la dictadura y quienes atentaron contra la democracia se siguen reciclando, por eso esta ley es una necesidad actual para proteger la libertad de la gente y garantizar la justicia. Hay 200 condenados pero muchos siguen libres y ejercen poder, sobre todo en el interior del país”, dijo Donda.