Víctor Oscar Martínez, el testigo en una causa por la muerte del obispo Carlos Ponce de León, que había desaparecido desde el lunes, fue encontrado anoche, al cierre de esta edición, en la zona de Flores, en la Capital Federal. La desaparición del testigo había disparado una alerta para su búsqueda ya que las autoridades nacionales temían que se tratara de un hecho similar al de la desaparición de Julio López, quien era testigo en un juicio en el que estaba acusado el ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura militar, Miguel Etchecolatz. Martínez, quien apareció ayer con vida pero, según las primeras informaciones, en estado de shock, era testigo en una causa en la que está acusado un teniente coronel que permanece en libertad pese a estar involucrado en otras causas de violaciones a los derechos humanos. En la comisaría 11ª informaron que lo encontraron “deambulando por la calle”.

El testigo tiene 52 años y había salido de su domicilio ubicado en el barrio de Palermo el lunes, a las 14, para ir a una escribanía en el microcentro. Pero, como ayer adelantó Página/12, nunca llegó a su destino.

Ante su ausencia, el Ministerio de Seguridad dispuso que una división especial investigara su situación. El caso quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 12, donde ayer fueron a declarar la esposa de Martínez, la última persona que había hablado con él telefónicamente, y también la secretaria del testigo, la última que lo vio. El ministro de Justicia, Julio Alak, recibió a los allegados del testigo y pidió a la población aportar datos que sirvan para la búsqueda al 0800-555-5065. Alak aseguró que la desaparición de Martínez “es altamente preocupante para el gobierno nacional” y dijo que “por expresa orden de la Presidenta están trabajando para localizarlo todas las fuerzas de seguridad”.

Anoche, tras la entrevista con el ministro Alak, Gabriela Scopel, abogada de los allegados a Martínez, señaló que los hospitales y las fuerzas de seguridad habían confirmado que no estaba internado ni detenido. “Al principio realmente pensábamos eso, ‘lo robaron, lo golpearon y lo dejaron inconsciente en algún lugar’, pero chequeamos todos los hospitales, después lo hizo el juzgado, y no lo encontramos.”

La Justicia de instrucción porteña había rechazado el recurso de hábeas corpus presentado, pero ordenó investigar la desaparición. El ministerio que dirige Nilda Garré informó las medidas tomadas en ese sentido. La Policía Federal recorrió los hospitales y morgues y quedó encargada de la investigación operativa, en contacto con la fiscalía interviniente. Por otra parte, se chequearon las filmaciones de las cámaras de seguridad de la División Subterráneos, ya que por el recorrido que debía realizar Martínez –según explicó la cartera– podría haber utilizado ese medio de transporte. De la misma manera, los encargados de la pesquisa mandaron a pedir a las compañías telefónicas el registro de las llamadas realizadas desde y a los números particulares y de su oficina durante los tres días previos a la desaparición; también solicitaron las celdas de activación del celular que Martínez dejó en su casa.

El ministro Alak convocó a una rueda. “Convocamos a las personas que puedan aportar información útil a dirigirse a la dependencia policial más cercana, o bien llamar a la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el 0800-555-5065”, pidió. También aclaró que el Gobierno no descartaba ninguna hipótesis sobre la de-saparición del testigo clave en la causa en que se investiga la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, ocurrida durante la última dictadura. “No hay ninguna hipótesis, pero tampoco descartamos ninguna”, sostuvo.

Martínez acompañaba al obispo Ponce de León cuando éste fue asesinado en un accidente simulado, el 11 de julio de 1977, mientras viajaba desde San Nicolás hacia Buenos Aires para realizar presentaciones por desaparecidos. Tenía entonces 19 años y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura, donde estuvo secuestrado después del accidente. El principal imputado por la muerte del religioso es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, que se desempeñaba como jefe de la represión en la zona, y que está en libertad pese a haber sido procesado en varias causas de desaparición forzada de personas. La investigación se topó con continuos obstáculos. Martínez se presentó a declarar en la investigación, pero el juez Carlos Villafuerte Ruzo lo acusó de falso testimonio y lo procesó. Martínez querelló por esto a Villafuerte Ruzo.

“Todo lo que siguió a la reapertura de la causa le generó un estrés postraumático por el que está bajo tratamiento. Viene teniendo muchos dolores corporales, dolores de columna, cada diez días está en cama, pero está muy lúcido. Es un hombre que habla cuatro idiomas y tiene tres títulos universitarios”, señaló su amigo Santiago Quirico, al explicar por qué sus allegados no creían que Martínez estuviera perdido.

El ministro Alak detalló que “no estaba incorporado a medidas de asistencia o seguridad porque no hubo pedido al respecto”. También mostró su sorpresa por “lo largo que fue el período de instrucción de la causa” sobre la muerte del obispo, e indicó que el juez Villafuerte Ruzo “ya había sido recusado”.