Con el semblante angustiado por sentirse víctima de una persecución en una causa iniciada por falso testimonio radicada en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, Víctor Martínez habló con este diario el 30 de marzo pasado, antes de su misteriosa de-saparición del lunes. “Traíamos información a Capital Federal sobre detenidos en el área de Villa Constitución y San Nicolás –recordó Martínez las circunstancias en que fue asesinado en 1977 el obispo Carlos Horacio Ponce de León–. Ibamos a entregarle esos documentos a Pío Laghi, pero después nos enteramos de que era íntimo amigo de (Emilio Eduardo) Massera”, agregó.

El diálogo ocurrió durante un acto organizado para homenajear a los desaparecidos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a fin del mes pasado. Martínez y un puñado de jóvenes se mostraron en el nuevo edificio de Económicas con remeras negras que llevaban la siguiente inscripción: “Juez Federal Villafuerte Ruzo. Destitución y juicio político”. En diálogo con Página/12, el testigo aseguró que los archivos que llevaban a Buenos Aires faltaron del coche después del “accidente” automovilístico que le costó la vida al obispo. Al día siguiente, Martínez fue secuestrado. “¿Soy víctima o testigo?”, se preguntó y recordó que la Iglesia “nunca reclamó esos documentos. Monseñor Justo Laguna, que hizo desaparecer esa información, se hizo cargo del obispado tras la muerte de Ponce de León”.

En 2007, Martínez fue procesado por falso testimonio, después de que la Cámara Federal determinara que había contradicciones entre su testimonio en la Conadep y lo que había declarado en la indagatoria ante Villafuerte Ruzo. “Debe quedar claro que soy víctima, porque estuve secuestrado y fui torturado –sostuvo Martínez–. No voy a dejar de decir que al obispo Ponce de León lo mató el coronel (Manuel Fernando) Saint Amant con todo su grupo de tareas”, agregó.

Martínez consideró que la suya era “una pelea en solitario”, porque se enfrentaba contra “dos grandes poderes: el aparato militar (católicos apostólicos romanos, muchos de ellos pertenecientes al Opus Dei) y los jueces corruptos (Villafuerte Ruzo y el secretario Cristian Lasalle). En su argumento, apuntó a la Iglesia Católica. “Ellos quieren que diga que lo que conté no fue así, que me equivoqué y me olvidé.” Y también incluyó a Saint Amant, quien, a pesar de “tener 16 pedidos de juicio por asesinatos y torturas”, fue querellante en la denuncia por falso testimonio en su contra. Según Martínez, Saint Amant vive cerca de la casa de Villafuerte Ruzo, en San Isidro.

Además de ser secretario privado de Ponce de León, se definió como su hijo político. “El pueblo argentino debe saber que una doctrina de la Iglesia determina que los miembros del Ejército son los soldados de Cristo. ¿Cómo pueden seguir sosteniendo esa doctrina si los mismos soldados de Cristo mataron a un obispo católico?”, se preguntó.