A fines de febrero comenzó en los Tribunales de Retiro el juicio oral por el plan sistemático de robo de niños. El Tribunal Federal Oral Nº 6 investiga en particular 35 expedientes, datos de niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar. Los casos son sólo algunos de los más de 400 denunciados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Algunas de las víctimas recuperaron su identidad o, como dijo Victoria Montenegro –una de ellas–, “aparecieron”. Otras, en cambio, permanecen de-saparecidas, entre ellas sugestivamente los nietos de las tres primeras presidentas de las Abuelas de Plaza de Mayo: Alicia “Licha” de la Cuadra, María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani y Estela Carlotto. En el juicio, las querellas intentan probar no sólo los datos de cada caso sino la trama que construyó la sistematicidad. El papel de los jueces y la función de todo el sistema judicial en el blanqueo o legalización de esos robos son uno de los aspectos que se abordan. Aún aparecen en la etapa del caso por caso, pero ya empiezan a hablar de la sistematicidad.

El juicio tiene audiencias dos o tres veces por semana, en forma alternada. Los acusados son la línea de los altos jefes responsables políticos de la represión, entre ellos Jorge Rafael Videla, Omar Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, ex jefe de Inteligencia de la ESMA. Los responsables directos o apropiadores directos de los niños se están juzgando sólo en algunos casos. La mayoría ya tuvo su juicio oral y fue condenado o, en otros casos, todavía las causas están en la etapa de investigación y no entraron en el tramo final del juicio oral.

Los casos que se están juzgando son representativos en varios aspectos. Las apropiaciones corresponden a niños nacidos en centros de exterminio de Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. La mayoría nació en los tres centros de exterminio con maternidades clandestinas: ESMA, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield. Pese a eso, hay casos de nacimientos también en otros lugares como La Cacha o la comisaría 5ª de La Plata. Durante las primeras semanas y hasta ahora, las audiencias se estructuraron alrededor de un caso y de un centro. Hasta ahora se revisaron especialmente los casos del Pozo de Banfield y los centros de detención, torturas y exterminio de La Plata.

De la mano de algunos de esos testigos empezaron a aparecer datos o nombres que exceden los casos en investigación. Hubo testigos que mencionaron por ejemplo nombres de embarazadas con las que se toparon en los centros clandestinos que no forman parte de este tramo de la causa. Y aun así, los jueces y las querellas se detienen en ellos para hacer nuevas preguntas, y apuntar. Esa escucha no parece estar destinada sólo a probar la sistematicidad sino a conseguir lo que alguna de las querellas –como Abuelas de Plaza de Mayo– esperan del juicio, que es ampliar todo lo posible la información a partir de los testigos.

Entre esos nuevos datos aparecieron los nombres y roles de quienes compusieron la pata civil de la represión, entre ellos jueces o fiscales. Uno de los testimonios más rotundos lo dio Estela Carlotto cuando fue convocada a hablar por la desaparición de su hija Laura y el nacimiento en cautiverio de su nieta. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció en esa audiencia al entonces juez de menores Gustavo Mitchell y hoy juez de Casación, por una amenaza (ver nota central). El dato de Mitchell no era nuevo. Su nombre integra la historia de la apropiación de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, otro de los casos de este juicio. Mitchell firmó los papeles de adopción por los que Simón terminó anotado como hijo de un comisario. Y si bien es uno de los casos de este juicio, aún no se trató.

Otro de los momentos en los que el juicio tocó las denuncias sobre el Poder Judicial fue el testimonio de Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, a cargo del grupo de tareas que entró a la casa familiar y autor del asesinato de su padre. Victoria denunció en la audiencia al actual fiscal de Casación, Juan Martín Romero Victorica, porque protegió a su apropiador durante las primeras investigaciones judiciales, le nombró a un grupo de abogados que pudieron sacarlo de la cárcel y le daba información adelantada sobre los avances de la causa. La denuncia se escuchó durante el juicio, pero terminó potenciada porque el fiscal del juicio, Martín Niklison, le pidió al Tribunal impulsar una denuncia para investigar a Romero Victorica. Las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y de Chicha Mariani apoyaron el pedido y, un día más tarde, el planteo ganó espacio judicial cuando el TOF 6 lo dio por aprobado.