Una pericia balística que firmaron en conjunto la Policía Federal, la Gendarmería y los peritos de parte concluyó que el proyectil que mató a Mariano Ferreyra durante una protesta de trabajadores tercerizados de la línea Roca rebotó en alguna superficie (el suelo, en teoría) antes de impactar en su cuerpo. Los abogados que defienden tanto al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, como a los integrantes de la patota del gremio, que están detenidos y procesados por homicidio calificado, seguramente van a aferrarse a este informe técnico para intentar demostrar –en el momento del juicio oral– que no hubo intención de matar, y mejorar su posición en el caso. Las querellas sostienen que el rebote no descarta en absoluto el propósito de actuar con violencia, herir y asesinar. Argumentan, además, que hasta la Cámara del Crimen avaló la hipótesis de que hubo un “plan criminal”, es decir, una organización detrás de la fuerza de choque que llevó armas de fuego para “aleccionar” a los manifestantes, al punto de que otras tres personas sufrieron heridas de bala, una de ellas en la cabeza.

La discusión por la trayectoria de la bala lleva varios meses, aunque para la jueza Wilma López no tuvo injerencia al momento de definir las responsabilidades. De hecho, procesó a los diez imputados por homicidio calificado, al evaluar que hubo un ataque organizado desde la cúpula del gremio y ejecutado por una patota que, como está probado, fue armada a atacar a los ferroviarios que reclamaban su regularización.

En un comienzo, la Policía Federal postulaba que el disparo había sido directo y las abolladuras que tenía el proyectil al ser extraído podían ser producto del roce con alguna costilla. La Gendarmería decía que esas alteraciones, que eran por lo menos tres, se debían a un rebote previo. A este escenario se sumó una situación insólita con el perito de parte Roberto Jorge Locles (de la defensa del picaboletos Guillermo Uño), quien fue denunciado y apartado por haber golpeado y supuestamente modificado la bala en medio de una junta con sus colegas. Ante este escenario, la magistrada ordenó nuevos estudios.

Los peritos se entrevistaron con el médico que realizó la autopsia, hicieron una reconstrucción en el lugar de los hechos, en Barracas, y encomendaron un “barrido electrónico” al Centro Atómico Constituyente. Según ese estudio, el proyectil tenía impregnados: plomo, que es propio de su constitución; carbono, “que podría indicar la presencia de restos de materia orgánica”; más aluminio, silicio, calcio y magnesio, posibles indicadores de “algún mineral del tipo similar al granito, mampostería o adoquín o asfalto”.

Con la salvedad de que “el elemento de estudio (o sea la bala) no fue resguardado adecuadamente para este tipo de peritación”, los peritos concluyeron que “el proyectil que ocasionara la muerte de Mariano Ferreyra ingresó a su cuerpo tomando previamente contacto con una superficie, es decir, provino de un rebote”, dice el informe al que accedió Página/12. También señala la posible ubicación y posición del tirador –con una rodilla en el suelo o agazapado–, que coincidirían con la descripta por los testigos en relación con el barrabrava Cristian Favale. Lo firman tres expertos de la Policía Federal; dos de Gendarmería; dos peritos de la querella que representa a la mamá de Ferreyra; una perito de la defensa del delegado Gustavo Alcorcel; otro por Uño; y otro perito por la defensa de Gabriel Sánchez, acusado de ser uno de los tiradores, junto con Favale. Los defensores creen que esta pericia los favorecerá en el momento del juicio oral, por eso resolvieron que no se opondrán a la elevación de la causa, informó uno de ellos. Por el delito adjudicado, a Pedraza, Fernández y la patota (aunque con distintos tipos de participación en el hecho) les podría caber una pena a prisión perpetua. Si las defensas instalaran que al no haber disparo directo no hubo intención de matar, la pena podría ser bastante menor.

Las querellas retrucan. Para ellos, hablar de rebote no equivale a la ausencia de intencionalidad. “El rebote detectado no fue el de un disparo de alguien que gatilló hacia el suelo para disuadir. Un disparo directo hacia abajo no se vuelve a elevar, el proyectil no tiene energía remanente para volver a elevarse. Además los testigos hablan de que el tirador disparó con los brazos extendidos”, explica Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a Beatriz Rial, la mamá de Mariano. La existencia de otros heridos con balas del mismo calibre que la que mató a Mariano (38 milímetros) –añade– confirma que había una organización con una finalidad. Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero, que representa a Nelson Aguirre (baleado en una pierna) y a Elsa Rodríguez (que recibió un disparo en la cabeza y quedó hemipléjica), coincide en que el homicidio de Mariano “no se debe analizar en forma aislada”. “Nelson y Elsa habrían recibido disparos de la misma arma –explica–. Es evidente que si se recluta a una cantidad importante de personas para que enfrenten, armados, a otros que están desarmados, no se puede decir que no tengan intención de generar un daño. Hubo numerosos disparos y cuatro de ellos impactaron en los cuerpos.”