Si se refrena por un momento la predominante pasión por la anécdota, el mensaje presidencial del jueves reafirma la primacía de la política sobre los intereses corporativos, ya se trate de las Fuerzas Armadas, la jerarquía eclesiástica, la policía, la Justicia, las cámaras patronales, de la ciudad o del campo o, ahora, los sindicatos. Aunque la oposición política o mediática no pueda reconocerlo, Cristina fue consecuente con la promesa de mayor calidad institucional que, según Néstor Kirchner, implicaría su mandato. El discurso de José C. Paz también está en línea con algunas de las concepciones del ex presidente Raúl Alfonsín, aunque con un par de diferencias apreciables: como la propia Cristina dijo, su gobierno no es neutral porque está del lado de los trabajadores, y tiene resto político para respaldar sus palabras con actos. No es casual que esto ocurra en la semana previa a la definición de las candidaturas en los importantes distritos de Santa Fe y la Capital Federal y a tres meses exactos de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, nacional y bonaerense. Pero reducir la explicación a la coyuntura electoral dejaría fuera de cuadro algunos de los significados de fondo de esta nueva reivindicación de la política y, dentro de ella, de la figura presidencial, que llegó a su máxima devaluación hace diez años, cuando el país tuvo cinco débiles encargados del Poder Ejecutivo en una semana, de Fernando de la Rúa a Eduardo Duhalde.

De Brinzoni a Rocca

En esos años y a favor del vacío de poder y la impugnación social al sistema político en su conjunto, las Fuerzas Armadas intentaron recomponerse como Partido Militar. Pero Kirchner decapitó sus cúpulas y les hizo comprender que no había más espacio para las pretendidas instituciones tutelares, una expresión muy gráfica que se repite en distintos países de América, en los que se consideraba a la democracia un niño o un incapaz que requería de tales tutores. De inmediato promovió el juicio político contra la mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia que amenazaba al nuevo gobierno con resoluciones catastróficas. Ese tribunal recibió al obispo castrense Antonio Baseotto, quien urgió a cerrar las causas abiertas contra sus feligreses por crímenes de lesa humanidad. Duhalde le anunció que la resolución se tomaría antes de que se hiciera cargo de la presidencia, para aliviarlo al menos de un problema, pero Kirchner le pidió que le dejara capitalizar la medida y, una vez que asumió, impulsó la investigación y el castigo de esos crímenes. Cuando Baseotto blandió la Biblia para advertir que un ministro que repartía preservativos dbería ser arrojado al mar, Kirchner lo desconoció como obispo castrense. Tampoco aceptó someterse a la ceremonia colonial del Tedeum, en la que el representante de la soberanía popular escucha en silencio las recriminaciones que desde el simbólico plano elevado del púlpito o el altar le dirige una divina autoridad superior. Desde el Senado, Cristina promovió la reforma del Consejo de la Magistratura para incrementar la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular y reducir la del estamento judicial y los estudios jurídicos. Ya como presidente, creó un ministerio de Seguridad y encomendó a su titular que asumiera la conducción política de las fuerzas policiales y de seguridad. Tanto Kirchner como ella confrontaron sin vacilaciones con las grandes empresas y con las cámaras patronales que se creían con derecho a fijar la política económica, ya se tratara de las tarifas de los servicios públicos, la planificación de la inversión o la estructura tributaria, incluyendo las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y cereales. En su último reportaje, en enero del año pasado, Kirchner dijo que por sus limitaciones y carencias no supo hacer “miles de cosas” pero no admitió que hubiera otras que no pudo hacer. “Cuando uno tiene la responsabilidad pública, sería una cobardía decir que no pude. Hay cosas que no me animé a hacer, para no desestabilizar, para no profundizar, y que, gracias a Dios, Cristina las está haciendo”. Se refería al choque con la Asociación de grandes empresarios, AEA, y en forma más especifica con su conducción: la transnacional italiana Techint y el Grupo Clarín.

El turno de los sindicatos

Es lícito revisar cada una de las acciones adoptadas en la pugna con esos grupos de intereses y posible encontrar aspectos objetables. Pero no parece discutible que todas y cada una de ellas reflejan una concepción clara del Estado y de su rol en una democracia que recién en 2003 asumió en plenitud sus responsabilidades constitucionales sin doblarse ni quebrarse ante las presiones corporativas, eso que la Vulgata periodística y política llama crispación y que el ingenio popular devolvió convertido en Cris-pasión. Esta sucinta reseña ayuda a volver con naturalidad sobre los acontecimientos más recientes. El 1º de marzo, al inaugurar las sesiones del Congreso, Cristina dijo que así como criticaba las prácticas monopólicas del sector empresario, producto de posiciones dominantes, también lo haría con los trabajadores organizados “porque yo quiero seguir siendo compañera de mis compañeros de los sindicatos y no cómplice de maniobras que siempre terminan perjudicando a trabajadores”, que son quienes viajan “en trenes, en aviones”. Pocos días antes dos ruidosas movilizaciones sindicales habían reclamado, con distinto éxito, la libertad de los dirigentes Gerónimo Venegas y José Pedraza, detenidos por los jueces Norberto Oyarbide y Susana Wilma López, uno por el manejo de fondos de su obra social y el segundo por el asesinato del joven Mariano Ferreyra. La Unión Ferroviaria paró la circulación de los trenes, mientras los conflictos entre los distintos gremios aeronáuticos repercutían en el cumplimiento de los planes de vuelo de Aerolíneas Argentinas y Austral. En ese mismo discurso, CFK le dijo al sector empresarial que “la Casa de Gobierno no la manejan las corporaciones, en la Casa de Gobierno hay una Presidenta con la cual cada uno de ustedes tiene todo el derecho a tener sus diferencias –y de hecho eso es la política: las diferencias, las diferentes visiones, las diferentes propuestas–, lo que no se puede hacer es renunciar a la política para entregar el sistema de decisiones a las corporaciones”.

La aristocracia obrera

Por esos días, la CGT reclamaba con insistencia la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El gobierno se resistió todo lo que pudo, con argumentos que nunca hizo públicos pero que lo hubieran merecido. En Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña el impuesto a los ingresos de las personas llega al 11 por ciento; en Alemania casi al 10 por ciento y en Francia al 8 por ciento. En la Argentina apenas es del 1,6 por ciento. Como sólo afecta a los trabajadores de altos ingresos y su tasa se eleva según el nivel de las remuneraciones, es un impuesto progresivo. Un estudio del sociólogo Artemio López muestra que el mercado de trabajo formal privado concentra ingresos en la cúpula salarial (la llamada aristocracia obrera), de modo que el tercio de trabajadores de mayores ingresos recibe casi dos tercios de la masa salarial total, en tanto el tercio que menos gana accede apenas al 9,8 por ciento. Para López, esta gran brecha salarial entre trabajadores se debe a la diversidad del sistema productivo, pero también a las modalidades dominantes de representación gremial, y debiera ser tenida en cuenta al analizar las causas de la continuidad en el tiempo del patrón de inequidad y “el sostenimiento de niveles de pobreza superiores al 25 por ciento de la población, incluso en situación de virtual pleno empleo”. A esta morfología de la estructura productiva, dentro del sector asalariado formal, deben sumarse el sistema tributario que reposa sobre el consumo popular, y la informalidad laboral, por la que el 37 por ciento de los asalariados reciben en promedio salarios por debajo del valor de la línea de pobreza para un hogar tipo metropolitano. López añade que “la sobre representación de los grandes empresarios nacionales y transnacionales resulta la contracara de la modalidad dominante de sobre representación gremial de los trabajadores formales de la cúspide de la pirámide salarial. Es la sinergia de ambas modalidades de representación corporativa la que demanda del Estado su función de mediación y equilibrio, no sólo para evitar que la representación gremial, siempre el polo más débil de la relación a proteger, resulte disminuida en sus derechos, sino que los trabajadores que aún permanecen por fuera del marco formal y aquellos que formalizados integran la base de la pirámide salarial, no perpetúen su postergación”. Para acompañar la evolución del salario de los trabajadores privados registrados desde 2001, el incremento del mínimo no imponible debería haber llegado al 90 por ciento. Cristina sólo lo aumentó el 20 por ciento. Se manejó con flexibilidad: defendió un impuesto progresivo pero antipático y evitó un conflicto con la representación sindical. El pago de impuestos sobre los ingresos no implica convalidar ni los niveles salariales ni la regresiva estructura impositiva actuales. Existe además un alto nivel de evasión en el pago de este impuesto, que no se debe a los trabajadores en relación de dependencia, sino a las empresas y los trabajadores autónomos.

Amplio espectro

En este contexto no puede ignorarse el desenlace de la dura pugna por la conducción de la Unión Industrial. Con la designación de José Ignacio Mendiguren, ex ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica durante el interinato del ex senador Eduardo Duhalde, el gobierno nacional apaciguó un frente tormentoso. Mendiguren encomió al asumir la recuperación de la gobernabilidad política y económica, el crecimiento del producto bruto, la inversión, el consumo, las exportaciones, el poder adquisitivo de los trabajadores, el empleo y la reducción parcial de la pobreza y la indigencia. Luego llegó a decir que votaría por Cristina. La de-sarticulación del operativo desestabilizador que impulsaban Techint y el Grupo Clarín, cuyos líderes, Paolo Rocca y Héctor Magneto, habían descrito al gobierno de Cristina como “confiscatorio” y actuaban en consecuencia, tiene como contracara el reclamo presidencial de racionalidad a las demandas de los trabajadores. El jueves, CFK dijo que quienes incurren en prácticas extorsivas son los dirigentes “de los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios” y que una organización sindical que sólo se preocupa por sus afiliados aunque para ello deba perjudicar al conjunto de la sociedad, “deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación”. Sus palabras eran de amplio espectro y apuntaban a:

- la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA, personal jerárquico, cuyo secretario general es Rubén Fernández), que paralizó a la línea de bandera en reclamo del encuadramiento de siete empleados en sus filas y no en las de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA, técnicos), cuyo secretario general es el ex subsecretario de Transporte Ricardo Cirielli, quien responde a Luis Barrionuevo de Camaño.

- la Asociación Docente de Santa Cruz, cuya conducción reúne en distintas proporciones y partes de la provincia a las listas del MST en Proyecto Sur, el Partido “Obrero”, el ARI y la UCR. El gobierno nacional entiende que el reclamo del 50 por ciento de aumento, allí donde los docentes perciben los salarios más altos del país, y el bloqueo de plantas petroleras durante ya dos semanas, tiene una intencionalidad política, en la provincia de los dos presidentes Kirchner.

- la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra), alineada en la agrupación gremial duhaldista “CGT Azul y Blanca”, que impidió el acceso de camiones a las refinerías de Esso, Shell, Petrobrás y Refinol, lo cual además de las rutas terrestres desabasteció a las aéreas. El ministro de Trabajo Carlos Tomada reveló que la esposa del máximo dirigente de la Federación, Alberto Roberti, es Mónica López, vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión Pro y precandidata a la vicegobernación con Francisco De Narváez. La negociación comenzó con un pedido del 36 por ciento de aumento, una suma fija por única vez para los trabajadores, otro tanto para los sindicatos y para la Federación y un novedoso 2 por ciento para la Mutual de la Federación. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) ofreció un 20 por ciento, mil pesos para cada trabajador por única vez y una suma global para sindicatos y Federación que coincidía con la suma otorgada a los trabajadores. El 11 de mayo las posturas salariales se acercaron y la patronal convino incluir el beneficio para la Mutual, pero con algún subterfugio verbal que no modificara el convenio que tiene vigencia por tres años. Sin embargo, a la una y media de la mañana presentó la oferta salarial (10 por ciento en julio, 7 por ciento en septiembre, 7 por ciento en noviembre y 4 por ciento en abril para los trabajadores y dos mil pesos por trabajador para los sindicatos y la Federación) pero excluyó el aporte para la Mutual. Esa fue la causa de las medidas de acción directa declaradas el 12 de mayo, y que recién se levantaron luego del discurso presidencial y de la intimación de Tomada que amenazó con el retiro de la personería gremial.

Feos, malos y sucios

Sin embargo, todas las miradas se dirigieron a Hugo Moyano, porque la presidente también se declaró “cansada de los que dicen ayudar y vivan el nombre de Cristina y al otro día hacen exactamente todo lo contrario”. Ésa era una referencia al hijo mayor del secretario general de la CGT, Pablo Moyano, quien tres días después de que Cristina pidiera racionalidad, bloqueó las plantas de combustibles de YPF, Petrobras, Shell, Dapsa y Esso, en la provincia de Buenos Aires. Su exigencia también era sofisticada: equiparar el plus salarial que reciben los transportistas de combustibles, del 15 por ciento, con el de quienes transportan productos químicos u otros considerados peligrosos, que es del 20 por ciento sobre el convenio. Durante una semana el abastecimiento en las estaciones de servicio fue irregular, lo cual se sumó a los conflictos de petroleros y docentes patagónicos. Pero cuando Cristina dijo que no se dejaría correr, se refería también a una historia más antigua, por lo menos desde el acto en Ríver de octubre, en el que Moyano dijo que un trabajador podía ser presidente y ella le respondió que eso ya había ocurrido, que ella trabajó desde su adolescencia, hasta el de la avenida 9 de julio el 30 de abril, cuando Moyano postuló la reelección presidencial y reclamó cargos en las listas. Sin embargo, tanto desde el gobierno como desde la CGT se insiste en que la alianza estratégica no se romperá por estos forcejeos: ni Moyano ni Cristina tienen alternativas mejores, pero los sindicatos no podrán ignorar el mensaje. Tal vez ambas partes aprendan a decirse en privado lo que hasta ahora se transmiten en público para regocijo de quienes no quieren a ninguno de ellos. Moyano también teme el apoyo oficial a quienes quieren reemplazarlo en la CGT por el albañil Gerardo Martínez pero el gobierno sugiere que ni Cristina ni sus colaboradores agitan ese fantasma. Martínez ya condujo la CGT en la década maldita, desde la que contribuyó al desguace del Estado. Su regreso a la conducción junto con el recambio presidencial de 2007 era un plan del ex jefe de gabinete Alberto Fernández, pero Martínez no se animó a enfrentar a Moyano, quien recibió el apoyo de Kirchner y de la presidente. El año pasado su candidatura reapareció, pero no en los planes del gobierno sino en los del operador político de Techint, Luis Betnaza, quien a su vez aspiraba a conducir la UIA. En una serie de reuniones realizadas en la sede de la UOCRA también se planteó una compleja ingeniería electoral que debería haber conducido a la conformación de las fórmulas presidenciales Daniel Scioli-Juan Manuel Urtubey y Ernesto Sanz-Gabriela Michetti y a la firma de un pacto político y económico, dirigido a frenar el nivel de los salarios. Por último, el gobierno nacional tiene un informe descalificatorio sobre la actuación de Martínez durante la dictadura militar.