Miguel Angel Cesarini estaba afiliado a la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Era un paciente oncológico y falleció en noviembre de 2007. Sin embargo, la entidad reclamó reintegros por 47.124 pesos como si hubiera recibido tratamiento con un medicamento llamado Erbitux desde septiembre de 2008. La Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud autorizó y concretó el pago. Una pericia reveló que los troqueles que presentó Oschoca para pedir los subsidios eran falsos. La droguería que le provee los remedios y troqueles es Urbana. Por esta maniobra y otras tres casi idénticas, la Sala II de la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos por defraudación a la administración pública del titular de esa firma, Marcos Hendler, del ex gerente de la APE Hugo Sola y de Daniel Lombardero, médico auditor de la obra social. El fallo dice varias veces que los pedidos de fondos llevan la firma de la “máxima autoridad”, en alusión a Hugo Moyano. En Tribunales la resolución fue interpretada como la antesala de su futuro llamado a indagatoria.

El juez Claudio Bonadío, a cargo de la investigación, había mandado a peritar cerca de 200 troqueles presentados por Oschoca para cobrar los reintegros que habitualmente otorga la APE por tratamientos de alta complejidad y alto costo (oncológicos, para hemofilia, VIH, entre otros). El resultado, conocido dos meses atrás, fue que más de la mitad de esos cartones (que contienen el código de barras de la caja de un remedio) era falso. En los cuatro casos descriptos en el fallo de ayer, la Cámara Federal afirma que habían sido presentados “troqueles apócrifos de Erbitux”, utilizado para tratar el cáncer. Además de Cesarini, otro de los pacientes era José Luis Tévez, pariente del futbolista Carlos Tévez; otro, Fernando Ruiz y por último, Herminia Enciso. Oschoca pidió los fondos para sus respectivos tratamientos en febrero de 2009.

En esos legajos, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun advierten denominadores comunes: el reclamo de reintegros ante la APE lo inicia Oschoca con la firma de Moyano y fuera del plazo de sesenta días estipulado; en las constancias de la historia clínica del paciente discrepan la fecha del tratamiento realmente indicado por un médico y la que informa la obra social (por ejemplo, en el caso de Cesarini decía “continúa actualmente en tratamiento” a pesar de que había fallecido), y todo eso va con la firma del auditor Lombardero; en la misma carpeta se adjuntan los troqueles falsos; hay facturas y recibos que darían cuenta de que la Droguería Urbana entregó Erbitux, pero no hay constancia alguna de que el medicamento haya llegado a los pacientes (incluso hay muchas dudas: el médico de Cesarini dice que cree que no hizo el tratamiento que le indicó porque le dijo varias veces que tenía problemas con la autorización); Sola, gerente de la APE y hombre de Moyano, autorizaba los pagos: 47 mil pesos para Cesarini, 92 mil para Ruiz, 18 mil para Tévez, cerca de 90 mil para Enciso. El último es el único que no se llegó a efectivizar.

La Cámara dice que las pruebas exceden “lo meramente sospechoso” y “permiten sostener, a esta altura, que en el caso existió un acuerdo encubierto tendiente a generar las condiciones necesarias para disimular el cumplimiento de recaudos exigidos y de esa forma obtener en forma ilegítima las disposiciones patrimoniales cuestionadas”. A Sola y Lombardero les atribuye un papel “esencial”. Como evidencia complementaria, citan una escucha de una causa conexa a cargo de Norberto Oyarbide (sobre comercialización de medicamentos truchos y estafas) donde el dueño de Urbana, Hendler, le encarga a Alexia Bergalli, de la Droguería del Plata, la impresión de troqueles, justamente de Erbitux. En esa causa también se confirmó su procesamiento, por asociación ilícita. “En Camioneros perdieron 19 troqueles de Erbitux chico, ¿podemos hacer algo”, dice él en la desgrabación. “Si te los mando a hacer, ¿querés que te diga cuánto salen?”, dice ella. Hendler le pide que le “haga precio”. Bergalli los promete para unas horas después.

Los camaristas resaltan que la APE maneja un presupuesto anual superior a 950 millones de pesos y le dicen al juez que amplíe el análisis de cobro de reintegros para evaluar el alcance de la maniobra. En el juzgado de Bonadío ya tomaron algunas medidas en ese sentido, y analizan quiénes en Oschoca cargarían con las responsabilidades. Son tantos los expedientes que bien pueden regular “los tiempos” del caso. Cerca de Moyano lo despegan con el argumento de que los troqueles falsos u otras anomalías con los remedios son asunto de las droguerías. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien sacó a la luz la estafa con fondos del APE, dijo que “el fallo de la Cámara debería conducir a indagar a Moyano; ahora el juez debe profundizar la investigación sobre las compras de Erbitux y quien firma los expedientes de reintegros”. Ocaña presentó documentos en esta causa para que se investiguen empresas a nombre de familiares del líder de la CGT.