En coincidencia con el endurecimiento del Gobierno respecto de las protestas piqueteras, la Justicia activó la denuncia por “sedición” que habían presentado los funcionarios de Eduardo Duhalde tras el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio de 2002. En aquella oportunidad, el ex ministro Jorge Vanossi había señalado que “los sucesos de (Puente) Avellaneda indican una escalada de acciones violentas que parten de la alteración del orden público y continúan con la pérdida de vidas humanas amenazando, incluso, con el derrocamiento de los poderes constituidos”.
La denuncia se basaba en un precario informe de la SIDE, entonces a cargo de Carlos Soria, armado con recortes periodísticos y la desgrabación de las declaraciones tomadas durante un encuentro de la Asamblea Nacional de Desocupados, en la que fue aprobado un plan de lucha que incluyó la ratificación de aquella marcha del 26. El fiscal Carlos Stornelli la impulsó y la causa cambió de juzgados hasta que volvió a manos del juez federal Norberto Oyarbide, que acaba de citar como testigos al ministro de Justicia Juan José Alvarez, al ex secretario de Inteligencia, Carlos Soria, a la candidata del ARI Elisa Carrió, al dirigente piquetero Luis D’Elía y al periodista Miguel Bonasso. “Se pretende imputar a la dirigencia piquetera”, había acusado el abogado Claudio Pandolfi, integrante de la Correpi y uno de los querellantes en el caso de los homicidios de Santillán y Kosteki, apenas se conoció aquella denuncia a la que calificó como “una jugada del gobierno para victimizarse y justificar lo injustificable”. Aunque aún no hay acusados en la causa, una alta fuente judicial confirmó a Página/12 que “las organizaciones piqueteras aparecen como sospechadas”. Enterado de la reactivación del expediente, Pandolfi aseguró que el caso “estaba dormido hasta que hubiera consenso, como ahora con un progresivo distanciamiento entre la clase media y los desocupados, para activarla y que Duhalde pueda erigirse como un pacificador”.
En junio se habían puesto de acuerdo cuatro sectores piqueteros para cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de planes Jefes y Jefas de Hogar, el envío de alimentos a los barrios y la libertad de Raúl Castells. Y por primera vez el gobierno amenazó que impediría los cortes. El clima venía enrareciéndose con declaraciones como las de Carlos Ruckauf, cuando señaló que “volvería a firmar con gusto”, en referencia al decreto de Italo Luder que ordenaba “aniquilar el accionar de la subversión”. En las reuniones de gabinete el jefe de la SIDE, Carlos Soria, insistía en presentar su informe sobre los piqueteros.
En la denuncia de Vanossi, además de “sedición” apareció medio Código Penal: usurpación, daño, entorpecimiento del transporte público, instigación a cometer delito, intimidación pública, apología del crimen, alteración del orden y atribuirse los derechos del pueblo.
Tras la numerosa manifestación del 26 vino una feroz y prolongada cacería de manifestantes por las calles de Avellaneda, que sólo este diario describió como tal al día siguiente, en la que fueron asesinados Santillán y Kosteki, militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.
Al impulsar la denuncia, el fiscal Stornelli se basó “en declaraciones públicas prestadas por distintas personas instigando a la comisión de delitos o haciendo apología de ellos” y “en la posible intimidación pública de esa acción”.
Las fotos y filmaciones periodísticas no dejaron dudas sobre la autoría material de la policía bonaerense en los hechos, e interrumpieron la maniobra oficial que había querido presentar un escenario de inminente insurrección armada. Para aquella coyuntura estaba pensada la denuncia queDuhalde le encargó a Vanossi. Incluso el secretario de Seguridad Juan José Alvarez, le habría reprochado al ex ministro no haberla presentado antes de la represión. Recién el 28 el Presidente admitió que los policías habían perpetrado una “atroz cacería”.
Sin embargo, diez días antes había tomado recaudos. Según un cable de Infosic del 18 de junio, Duhalde se reunió en la Casa Rosada con Vanossi, el procurador Nicolás Becerra y el fiscal Norberto Quantín con el objeto de “definir directivas a jueces para prevenir y dispersar protestas y piquetes”. La agencia indicaba que los funcionarios acordaron la “cobertura que tendrá el accionar policial en la Justicia”. Pandolfi se indignó. “Esto demuestra que fue todo armado, los van a hacer mierda y los vamos a cubrir, y parte de esa cobertura es esta causa por sedición”.
Por el asesinato de los militantes están procesados el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta.
Al día siguiente de la masacre, Bonasso escribió que un juez le había anticipado todo lo que sucedió. Por eso Oyarbide quiere interrogarlo el 3 de marzo. Carrió, citada para el 7, y D’Elía, para el 6, formularon declaraciones públicas sobre el tema. Soria, convocado para el 4, y Alvarez, para el 5, responderán preguntas sobre su actuación antes, durante y después de la represión, que aunque fue ordenada y ejecutada por autoridades provinciales no ajenas a Eduardo Duhalde y se cobró la vida de dos militantes, ahora vuelve a servir para agitar el fantasma de una supuesta insurrección piquetera.