- Víctor Abramovich,
Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales

“Investigar
si hubo plan”
La denuncia por complot contra el orden democrático fue presentada por el ex ministro Jorge Vanossi cuando el propio Gobierno ya había cambiado abruptamente su estrategia y empezaba a reconocer la participación de la policía bonaerense en la represión del Puente Pueyrredón. Por eso no alcanzo a entender lo que está investigando el juez Oyarbide en esta causa, nacida de un claro papelón político. Sí debiera investigarse el motivo de los vaivenes de la posición del Gobierno nacional aquellos días, y en particular el rol de la SIDE detrás de los policías de la Bonaerense que emprendieron la represión de los manifestantes y asesinaron selectivamente a dos dirigentes. Este es el complot contra la democracia que necesitamos investigar: si hubo planificación política de la represión y de las muertes a fin de amedrentar y desmovilizar a las organizaciones sociales más combativas.

- Juan Carlos Capurro, Miembro del Comité
de Acción Jurídica.

“Un experto en complots”
Llama la atención que se reactive una causa que dormía por su inconsistencia, luego de que su promotor debiese renunciar a pocas horas de haberla realizado ante la matanza perpetrada por las fuerzas a su cargo. El doctor Oyarbide se ha constituido en un especialista en complots, las únicas causas de relevancia que llegan a su juzgado en un país con tantos delitos económicos y federales son este tipo: el supuesto complot para la caída de Fernando de la Rúa y, ahora, un supuesto complot para caída de Eduardo Duhalde. Lo que se pretende es la demonización de lo que en realidad constituye la expresión democrática de la movilización popular. Hemos llegado al extremo de que se presente como hecho positivo el que se impida que una marcha de protesta llegue a la Plaza de Mayo, cuando en realidad debería ser motivo de preocupación. Fue lo mismo que hizo De la Rúa en los días previos su caída, ya que consideraba que el pueblo no debía manifestarse en la plaza. Acusar a los piqueteros de sedición es un desacierto en términos jurídicos. Ese delito se introdujo en la constitución cuando caudillos locales se oponían al intento de establecer un Estado nacional. En la historia moderna argentina puede usarse cuando poderes militares se alzan contra órdenes constituidos. Pero, curiosamente, nunca se juzgó a los golpistas por eso. Pretender que un grupo de ciudadanos que reclaman constituye sedición es un disparate jurídico a nivel nacional e internacional. Se quiere una sociedad enchalecada, para tapar la incapacidad del Estado para resolver los problemas sociales.

- Ricardo Monner Sans,
Penalista.

“Se llega
al grotesco”
Es muy sencillo definir cuáles son los posibles delitos que se pueden cometer de acuerdo con un Código Penal que estuvo pensado para unacircunstancia económico-social absolutamente distinta, con pleno empleo y con resguardo de los derechos elementales de todos. Me parece que es definitivamente aberrante aplicar ese mismo Código respecto de gente que está desesperada por la responsabilidad de los diversos ocupantes del poder. El Estado se ha encargado de ponerlos en estado de desesperación, no se puede hablar de conducta delictual. El conflicto social no puede ser un tema de Código Penal. No hace demasiado tiempo hubo un voto en minoría del doctor Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso de Casación Penal eximiendo de responsabilidad a este tipo de manifestaciones de la desesperación. Creo que debería llevar serenidad de espíritu a los jueces que rara vez se ocupan de los hombres del poder. Además, creer que una manifestación piquetera tiene calidad conspirativa, es definitivamente ingresar en el grotesco. Y más si uno se acuerda cómo mataron allí a Santillán y Kosteki.

- Raúl Gustavo Ferreyra, Constitucionalista.

“La ley los ampara”
Recientes actuaciones judiciales llevan a formularse una pregunta: ¿el Estado argentino debe velar por preservar el ejercicio regular del derecho de petición o protesta, o en cambio debe velar por el respeto integral de los derechos de quienes no participan en un piquete? La respuesta pasa por reconocer que la cuestión social se presenta como el principal tema a resolver en nuestro país, y a su vez el piquete concentra el paradigma de la protesta social. Los piquetes se encuentran amparados por la letra de nuestra Constitución, siempre que en la interrupción de la ruta no se promocionen o realicen actos hostiles o de violencia inaceptables y se deje un espacio de tránsito para que razonablemente terceros puedan ejercer sus derechos constitucionales. Debe tenerse en cuenta que en la interpretación propuesta, el objeto o fin de los movimientos piqueteros es llevar adelante la protesta encaminada al cambio social; cometer delitos indeterminados, naturalmente, no tiene anclaje en el lenguaje de la Constitución. En última instancia, los piquetes constituyen una forma de la libre expresión de ideas y pensamientos. En el conflicto de intereses entre quienes expresan su protesta y quienes no quieren hacerlo debe prevalecer el derecho a la protesta, que sería anulado y vaciado de contenido si se prohibiese o criminalizase el piquete.

- Mirta Mántaras, Abogada de derechos humanos.

“El derecho
a la vida”
Los piqueteros ejercen su legítimo derecho a peticionar ante las autoridades. Es obvio que para ser escuchados ocupen los espacios públicos, las calles, las plazas o los caminos, porque allí es donde cobra sentido la fuerza del grupo, donde se encuentran, se reconocen y demuestran la soberanía de sus cuerpos. La incomodidad momentánea del corte de ruta o de calles no viola ningún derecho. Si bien es cierto que otros tienen derecho a la circulación, por encima de esta incomodidad está un derecho más gravitante: el derecho a la vida, a la dignidad de tener un medio de obtener el sustento con el trabajo, el derecho a no vivir en la miseria moral con temor a la represión y a la muerte. Constituye una burla al pueblo considerar que el legítimo ejercicio del derecho de reunión y petición a las autoridades significa violencia, anarquía o sedición. Se trata simple y llanamente de la acción directa para ser escuchados, deacciones pacíficas dirigidas a mostrar que se reclama lo propio con dignidad.