El vocal decano de la Suprema Corte de Tucumán, René Mario Goane, no sólo mostró ser misógino y discriminador hacia las mujeres, al adjudicar la baja productividad de los juzgados a la creciente incorporación femenina al Poder Judicial. Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó que está “inhabilitado éticamente” para desempeñarse en el alto tribunal “por su acreditada participación en organismos de poder” en esa provincia durante la última dictadura militar mientras se llevaba adelante la represión ilegal. El cargo que mayor sospecha genera es el de titular del Registro Civil, donde fue designado por el entonces mandamás provincial, el ex represor Antonio Domingo Bussi, en abril de 1976. “Era un funcionario de nivel comprometido con el espíritu de la dictadura y estuvo al frente del Registro Civil en un momento en que se producían apropiaciones de niños y desapariciones de personas”, señaló a Página/12 el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén. De acuerdo con documentación de los archivos de la Secretaría, durante el lapso en que Goane se desempeñó en ese cargo “fueron víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias 126 personas”. Posteriormente fue nombrado fiscal de Estado y ministro de la Corte tucumana, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando fue cesanteado por el flamante gobierno democrático. Volvió a ser nombrado en el alto tribunal en 1991.

Ayer, además de recordar el pasado oscuro de Goane, la Secretaría de Derechos Humanos manifestó su “más enérgico repudio” a las declaraciones efectuadas por el juez en relación con el desempeño de las mujeres en los juzgados. Los dichos de Goane despertaron fuertes críticas de diversos ámbitos y una denuncia ante el Inadi (ver aparte).

Esa secretaría investigó el desempeño de Goane durante la última dictadura militar tres años atrás, a pedido del gobierno tucumano, explicó Alén. Puntualmente la solicitud la hizo en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con vistas a un pedido de juicio político. El ex legislador provincial del partido Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, llegó a presentar una solicitud en la Legislatura tucumana para que Goane fuera investigado por su participación en el gobierno de facto, pero el trámite no prosperó. En la Legislatura el oficialismo que responde al gobernador José Alperovich tiene amplia mayoría.

Tras reconstruir su carrera y sus antecedentes en aquellos años de plomo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un dictamen en 2008 –al que tuvo acceso este diario– donde concluyó que Goane está “inhabilitado éticamente para el desempeño del cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, más allá de que le sea o no probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios u otros crímenes de lesa humanidad”, por “su acreditada participación en organismos de poder y el ejercicio de cargos de responsabilidad en los poderes del Estado tucumano que la dictadura usurpara, en relación con la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado”.

De acuerdo con el dictamen oficial, Goane tuvo cargos públicos también durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Entre los años 1968 y 1973 se desempeñó como funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Tras el golpe del ’76, Bussi lo designó como director del Registro Civil, cargo que ocupó hasta el 27 de julio de ese año. Un día después, el 28 de julio, pasó a trabajar como titular del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, donde permaneció hasta el 13 de marzo de 1978, y al día siguiente fue nombrado presidente de la Caja Popular de Ahorro, organismo en el que se mantuvo hasta el 3 de abril de 1981. Desde esa fecha y hasta el 24 de marzo de 1982 fue designado fiscal de Estado de la provincia. El 24 de marzo de 1982, el interventor, ex general Antonio Merlo, lo designó vocal de la Corte, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando fue cesanteado. Luego volvería a ser nombrado en el alto tribunal en 1991.

Actualmente, además de vocal decano, es el encargado del Cuerpo de Auditores y del Centro de capacitación de la Suprema Corte.

El dictamen oficial señala que, por su trayectoria, Goane “comulgaba con los principios de un régimen nefasto que no vaciló en arrasar las instituciones de la República y en someter a las más perversas violaciones a la dignidad humana a los habitantes del país y Tucumán fue, vale la pena resaltarlo, una de las provincias más castigadas por el terrorismo de Estado”.

“El caso de René Mario Goane permite estimar que, por formar parte de una estructura organizada desde la cual se efectivizó el plan sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos, cuyo resultado fue un sinnúmero de desapariciones forzadas, homicidios y otros múltiples crímenes, lo sindica como parte de una organización de las instituciones que se dedicó a la comisión de ilícitos”, dice el dictamen de la Secretaría. Y continúa: “En la particular estructura jerárquica dispuesta por las Fuerzas Armadas en la llamada ‘Lucha Antisubversiva’ son imputables como autores inmediatos los que hayan cometido los hechos por ‘propia mano’ y como autores mediatos las autoridades de las reparticiones que se encontraban bajo control operacional de las Fuerzas Armadas. Todos estos estamentos formaban parte del mismo aparato de poder para el que Goane cumplió funciones; y si bien las mismas –al menos con los datos de los que se dispone– no lo involucraban personalmente en los crímenes cometidos por la dictadura en Tucumán, al menos debieron darle el conocimiento acabado de lo que sucedía”.

Para la Secretaría de Derechos Humanos, por los cargos que desempeñó, Goane “debió conocer, al menos ‘prima facie’, el despliegue criminal del aparato al que pertenecía, y cómo a través de los hilos conductores descendían sin interferencias las órdenes ilegales”.

Tras repudiar las declaraciones periodísticas efectuadas por el vocal decano de la Corte provincial, en relación con el desempeño de las mujeres en los juzgados, la Secretaría señaló que “son contrarias a la Constitución nacional y los tratados de Derechos Humanos de los que la República Argentina es signataria, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. También advirtió que sus dichos “incurren en violencia simbólica e institucional, tipificadas con claridad en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. El comunicado de prensa de la dependencia lleva las firmas del secretario Eduardo Luis Duhalde, la subsecretaria de Promoción, María Cristina Perceval, y el subsecretario Alén. Además, la Secretaría consideró “inadmisibles” sus manifestaciones que, al mismo tiempo, “contradicen la doctrina que anima y orienta las decisiones de plena vigencia y garantía de los Derechos Humanos dictadas por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación”.