Los ahorristas que imploran ansiosos un fallo de la Corte Suprema contra la pesificación tendrán que esperar por lo menos una semana más para que el tribunal se pronuncie. Hasta ayer a la tarde el ministro Juan Carlos Maqueda –que la semana pasada pidió quince días para estudiar el tema– no había presentado su posición ante los demás. Otro motivo de postergación es insólito: uno de los conjueces especialmente designados el año pasado después de incontables idas y vueltas para intervenir en causas del corralón renunció para jubilarse, y hoy los supremos discutirán si es imprescindible, o no, designar otro en su reemplazo.
A esta altura parece un chiste, pero en la Corte se sigue escuchando a algunos de sus ministros decir lo mismo que hace meses: “Estamos dispuestos a terminar con esto, el fallo tiene que salir, no podemos tener un escándalo más”. Y en esa línea prometen que el gran día será el martes próximo, ya sea que Maqueda haya terminado su voto o no. Este nuevo ministro, designado por el presidente Eduardo Duhalde en reemplazo de Gustavo Bossert el 30 de diciembre, logró primero con su sola asunción y luego pidiendo más tiempo que el alto tribunal postergara una de las decisiones que más inquietan al Gobierno. Sobre todo cada vez que –como esta semana y la anterior– una misión del FMI visita la Argentina.
Si todo ocurre tal como se perfilaba ayer, dentro de una semana la Corte resolverá la demanda impulsada por la provincia de San Luis, que reclama 247 millones de dólares acorralados en la banca pública. Allí dictará por mayoría la inconstitucionalidad de la pesificación y de toda la legislación vinculada a la emergencia económica. En eso están de acuerdo Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Carlos Fayt. Para ellos los depósitos deben ser devueltos en moneda de origen (o su equivalente en pesos), aunque lo más probable es que haya matices entre ellos y cada uno presente un voto propio. Antonio Boggiano y Augusto Belluscio votarían en disidencia y, al parecer, Maqueda también. Enrique Petracchi está excusado (por tener dinero atrapado en el banco). El problema es que el conjuez que lo reemplazaba, Santiago Kiernan, ya no intervendrá porque se le ocurrió jubilarse justo ahora. Los ministros debatirán hoy si van a convocar o no a otro conjuez.
El otro punto es cómo se instrumentará la devolución del dinero. Es posible que la Corte disponga en su futura sentencia redolarizadora, o cuando defina la causa iniciada por Mirta Beratz –considerada una suerte de caso testigo–, un plazo de 60 días para que el Congreso establezca mecanismos de restitución de los depósitos, variable ésta que abriría la puerta a la implementación de un bono compulsivo. Esa es la línea que viene impulsando el riojano Nazareno. Del alcance de esta definición dentro de la sentencia sobre el caso de San Luis dependerá la incidencia que este fallo pueda tener para los demás ahorristas. Algunos de los jueces ponen en duda que la sola declaración de inconstitucionalidad pueda destrabar los miles amparos que desbordan especialmente a los juzgados del fuero contenciosoadministrativo.