En el edificio de los tribunales de Comodoro Py circulaban ayer dos versiones. La primera indica que el juez federal Norberto Oyarbide le tomará indagatoria a Sergio Schoklender la semana próxima y que podría dejarlo detenido imputándole el delito de asociación ilícita, pero sobre todo para que no entorpezca la investigación. La segunda versión señala que el juez todavía no tiene elementos sólidos que vinculen las cerca de veinte empresas en las que aparece Schoklender con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que recién las evidencias le permitirían avanzar con la indagatoria a principios de julio, antes de la feria judicial. Los fiscales y la Unidad de Información Financiera (UIF) tienen por ahora el listado de esas casi veinte empresas, operaciones consideradas sospechosas, bienes llamativos –ayer se descubrió otro barco de un millón de dólares–, pero no está claro si el dinero se sacó de fondos que eran para la construcción de viviendas de Madres o tienen otro origen. Por ejemplo, el yate encontrado ayer en un astillero de San Fernando está a nombre de Meldorek, empresa con mayoría de Schoklender, pero Meldorek sólo le facturó cantidades mínimas a Madres. Fuentes cercanas a la organización que conduce Hebe de Bonafini le dijeron a este diario que desconocían totalmente la existencia de esas veinte empresas relacionadas con Schoklender, mientras que el propio Schoklender y su abogado, Adrián Tenca –que ayer volvieron a presentarse en tribunales–, no contestaron a los insistentes llamados de Página/12.

La investigación judicial avanza por dos caminos paralelos.

- El juez Oyarbide tiene el expediente más avanzado. El fiscal Jorge Di Lello busca pruebas que tienen que ver con los delitos de defraudación al Estado, estafa, asociación ilícita y también lavado de dinero. En esta última vertiente, la del lavado de dinero, Oyarbide también le dio cabida al fiscal Raúl Plee, que analizará las operaciones financieras. También en este trabajo está la UIF que conduce José Sbatella.

- El juez federal Marcelo Martínez del Gorgi y el fiscal Miguel Angel Osorio investigan los contratos firmados entre el Estado y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Este expediente es incipiente y registra una presentación espontánea del ministro Julio De Vido.

Por ahora, los fiscales tienen depósitos de cheques de Madres y retiro de dinero en efectivo como operaciones sospechosas. Schoklender afirma que era para pagar sueldos, sobre todo en Chaco, pero eso es lo que se está investigando. Los fiscales creen que la maniobra consistía en pagar parte en sueldos y el resto se desviaba a las empresas de Schoklender. Es más, los investigadores hablan de una mesa de dinero e incluso que Schoklender, a través de una empresa, le prestaba dinero originado en las Madres a las propias Madres. Pero faltan pruebas de semejantes operaciones.

También los investigadores hurgan en el vínculo de esas empresas con Madres. Se afirmó que algunas son proveedoras de la Fundación y de la construcción de viviendas Sueños compartidos. Sin embargo, todavía no se pudo probar ese vínculo. Como adelantó ayer Bonafini en Página/12, toda la cúpula técnica de los proyectos fue descabezada, por lo que no está claro si esas empresas eran proveedoras o no. Se habló bastante de Meldorek. Lo cierto es que las Madres utilizaban una tecnología de construcción llamada M2, italiana, y Schoklender desarrolló la técnica para armar las casas y transportarlas. Meldorek comercializó esa tecnología, pero no vendiéndosela a las Madres, sino a terceros. Por ello prácticamente no hay ninguna factura de provisión de Meldorek a Madres. Pero no está claro qué pasa con las otras empresas. Las Madres dicen que no sabían siquiera de su existencia.

Finalmente están los bienes, sobre los cuales incluso se pidieron informes a Estados Unidos y Uruguay. Los yates, en principio, se compraban con dinero que no está todavía claro de dónde salió, se reformaron y aparentemente eran para vender. También en este terreno todo resultó una sorpresa para las Madres.