“Es absolutamente impropio y lesivo de la igualdad ante la ley, debido proceso judiciario y principio de exigibilidad de la conducta, que en una entrevista totalmente ajena al debido proceso, con quien no es parte en la causa, se adelante opinión sobre la fecha en que se emitirá el fallo y su contenido exacto.” Con estas palabras, Federico Gómez Miranda recusó ayer al juez Adolfo Vázquez, en la causa en la que se investiga la desaparición de su padre. La presentación se realizó a raíz de que se supiera que el ministro le prometió al vicario castrense, Antonio Juan Baseotto, ratificar la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Gómez Miranda y su abogado, Eduardo Barcesat, concretaron la recusación ayer, luego de que el viernes pasado el diario La Nación informara que siete de los nueve ministros del alto tribunal se reunieron con el vicario castrense y que, allí, Vázquez prometió un fallo acorde con los deseos militares. “Quédese tranquilo. El fallo vamos a sacarlo cuanto antes. Esta Corte ya tiene dicho que esas leyes son constitucionales. Estamos hartos de los jueces que no respetan los precedentes y le tienen miedo a la prensa”, fue lo que, según el matutino, dijo el magistrado a Baseotto. Hasta ahora el hecho no fue desmentido públicamente.
“Asombra y desagrada que los ministros de la Corte Suprema, tan poco propicios para conceder audiencias a las partes en causas que están sometidas a su conocimiento y decisión, hayan quebrado esa costumbre para recibir, con la mayoría de sus miembros presentes, a un funcionario eclesiástico, que ni es parte en las causas en las que se debate la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ni tampoco puede representar a la Iglesia dado el cargo inferior que ocupa”, dijeron Gómez Miranda y Barcesat en la presentación. Los querellantes consideraron que las expresiones de Vázquez acreditan un “interés en el pleito” y que el ministro ha “‘emitido su opinión’ de la peor forma y modo”. Ambas situaciones son motivo de recusación.
El abogado pidió que se designara a un conjuez en reemplazo de Vázquez y además refutó uno de los argumentos utilizados por el ministro ante el vicario castrense y sus colegas del tribunal para fundamentar el apoyo a los responsables de violaciones de los derechos humanos. “Hemos de responderle a quien ha excedido el marco reglado de sus competencias constitucionales, que esta Corte Suprema, con posterioridad a declarar la constitucionalidad de las leyes, atroces y aberrantes, dictó señeros precedentes en pedidos de extradición de responsables de crímenes de lesa humanidad, aplicando la doctrina del Derecho Penal Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” Barcesat se refería, por ejemplo, al fallo de la Corte en la extradición del nazi Erich Priebke, que fue citado por los jueces que se pronunciaron por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que es uno de los precedentes sobre la aceptación del derecho internacional por el máximo tribunal.
Gómez Miranda es querellante en la causa en la que se investiga la desaparición de su padre y el apoderamiento de sus bienes. Por estos hechos fueron arrestados y procesados varios miembros del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, entre otros, Jorge Eduardo Acosta, Francis Whamond y Juan Carlos Rolón. Esta es una de las causas en las que la Corte debe pronunciarse sobre las leyes de impunidad. La otra es una querella iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo por la apropiación de Claudia Victoria Poblete, una niña secuestrada y llevada junto con sus padres al centro clandestino de detención El Olimpo. En ese expediente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la inconstitucionalidad de la normas que impedían juzgar a los responsables de la desaparición de los padres de la niña. Esta semana, el CELS también concretará una recusación contra Vázquez y Gómez Miranda presentará un pedido de juicio político contra el magistrado.
Tanto en la causa Poblete como en la de Gómez, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, recomendó a la Corte que avalara ladeclaración de invalidez de las leyes que ya había sido respaldada por la Cámara Federal. “La violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida cotidiana de nuestro país debe ser contrarrestada, ciertamente, con mensajes claros de que impera el Estado de derecho, sobre reglas inconmovibles que deben ser respetadas sin excepción, y que su violación apareja necesariamente su sanción. No hacen falta aquí mayores argumentaciones si se trata de violaciones que, por su contradicción con la esencia del hombre, resultan atentados contra toda la humanidad”, aseguró Becerra.