Los abogados de las víctimas de la represión en el puente Pueyrredón pedirán hoy en los tribunales de Lomas de Zamora que se cite a declarar al ex ministro de Justicia Jorge Vanossi y al actual de Interior Jorge Matzkin, para que expliquen el rol del Gobierno en el operativo en el que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Al mismo tiempo, solicitarán la detención del cabo Lorenzo Collman bajo el cargo de intento de homicidio.
Los piqueteros reclaman que la investigación judicial avance sobre las responsabilidades políticas del caso. “Vanossi dijo que había pruebas de la existencia de una asociación, mientras que Matzkin mencionó que hubo un plan. Si los únicos muertos fueron los manifestantes y la alteración del orden tuvo como exclusivas víctimas a los desocupados, quiere decir que el plan salió del Gobierno”, señaló el abogado Claudio Pandolfi.
Vanossi estaba al frente el Ministerio de Justicia cuando ocurrieron los hechos. La misma tarde del 26 de junio, horas después de las muertes de Santillán y Kosteki, mientras se intentaba instalar la versión oficial de que los manifestantes se habían matado entre ellos, el funcionario impulsó una acusación contra los piqueteros en la Justicia federal. Su planteo fue que existía un plan insurreccional para derrocar a Duhalde, cuya primera etapa era el corte en el puente Pueyrredón. La semana pasada, después de ocho meses de inactividad, esa denuncia fue reactivada por el juez Norberto Oyarbide, en sintonía con el endurecimiento oficial ante los cortes de ruta.
Ahora son los desocupados quienes quieren que Vanossi le diga a la Justicia si existió una planificación para reprimir. El fiscal a cargo de la pesquisa, Juan José González, ha centrado su atención en el grupo de policías que dispararon contra los manifestantes, pero no ha mostrado avances sobre las responsabilidades políticas, a pesar de que en los días previos hubo fuertes advertencias del Gobierno en el sentido de que no permitiría que se cortara el puente y de que en la zona ese día se desplegó un operativo inédito, en el que por primera vez actuarían de manera conjunta la policía bonaerense, la gendarmería y la prefectura. Los querellantes consideran que la represión no fue un “exceso” del comisario Alfredo Fanchiotti y su patota, sino que existió una decisión política para dar castigo ejemplarizador ante la protesta social.
Pandolfi solicitará asimismo la detención del cabo Lorenzo Collman, señalado por un testigo como el policía que le disparó un balazo de goma en la cabeza al militante de la Correpi Mariano Benítez durante el allanamiento ilegal al local de Izquierda Unida. El cabo estuvo preso durante un breve lapso el año pasado, pero quedó en libertad porque el delito que se le imputaba hasta ahora –encubrimiento– tiene una pena excarcelable.