Cinco dirigentes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet fueron procesados en Chile por el asesinato del ex jefe del Ejército de ese país, Carlos Prats, y su esposa, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. El juicio se inició en Santiago después de que la jueza argentina María Servini de Cubría pidiera las extradiciones de los acusados y el reclamo fuera rechazado por la Corte Suprema chilena.
Los generales Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann; los brigadieres Pedro Espinoza y José Zara, y el agente civil Jorge Iturriaga Neumann fueron notificados ayer de la resolución del juez Alejandro Solís. Todos serán recluidos en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, salvo Iturriaga, que cumplirá su detención en una cárcel ordinaria. Contreras y Espinoza serán enjuiciados, además, como jefes de una asociación ilícita criminal –la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) pinochetista–. Los hermanos Iturriaga y Zara enfrentan cargos como miembros de esa organización.
La investigación del doble asesinato se inició en Buenos Aires. El año pasado, Servini de Cubría pidió sin éxito la extradición de Pinochet y la cúpula de la DINA. La Corte Suprema chilena negó el reclamo, pero el 2 de diciembre pasado decidió abrir un proceso formal en Chile. En Buenos Aires fue condenado por el hecho el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.
El general Prats fue asesinado junto a su esposa Sofía Cuthbert el 30 de septiembre de 1974, al detonar una bomba bajo su automóvil. La pareja se había exiliado en Argentina luego del golpe que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.
Después de conocer la decisión judicial, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, manifestó su deseo de que el proceso se extienda a otros acusados de participar en el complot, entre los que mencionó al agente estadounidense Michael Townley, quien confesó haber instalado la bomba que estalló bajo el automóvil del general y su esposa en el barrio de Palermo. “Nosotros estamos muy esperanzados en que con esta resolución se avance sustantivamente en la investigación, hasta esclarecer completamente los hechos”, dijo Quezada.
Townley estuvo preso en Estados Unidos –donde vive con otra identidad y bajo protección judicial– por el asesinato en Washington del ex canciller socialista chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, en un atentado similar al del matrimonio Prats, el 21 de septiembre de 1976.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, se refirió ayer a la decisión del juez Solís. Si bien dijo que el Poder Ejecutivo no comenta las resoluciones judiciales, “pues los tribunales hacen su tarea como entienden que deben hacerlo”, admitió que, en lo personal, espera que el crimen se dilucide completamente y recordó que su familia era amiga del asesinado jefe militar. “Puedo decir que mi familia se considera amiga de ellos y nos distinguieron con su afecto”, afirmó. Agregó luego que el procesamiento de los cinco represores “habla muy bien de Chile”. Sin embargo, el máximo responsable de los asesinatos, el dictador Pinochet, no será juzgado debido a “motivos de salud”.