El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Producción Pública de Medicamentos. La normativa –que también había tenido aprobación unánime en Diputados– declara “de interés nacional la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos”, que deben ser entendidos como “bienes sociales”. La ley impulsa la articulación de los laboratorios públicos con las universidades y pide “otorgar preferencias” a los laboratorios públicos en las compras del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma. Representantes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos –organizada a partir de la crisis de 2001– se alborozaron ante la sanción, que juzgan “un hecho histórico”. Luego de la promulgación por el Poder Ejecutivo –que se descuenta y tiene un plazo de diez días–, vendrá su reglamentación, a cargo del Ministerio de Salud. Integrantes de la Red apuestan a que la reglamentación propicie, entre otras, dos líneas de desarrollo: una es que el Plan Remediar –proveedor de medicamentos esenciales a todos los centros de atención primaria del país– se reformule para basarse en productos de laboratorios públicos; otra es que, mediante la articulación con las universidades públicas, se genere investigación aun para las drogas más novedosas (y costosas).

El nuevo texto legal procura “promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública”; esto incluye a “los del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autómoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal”.

La ley pide “establecer como marco de referencia la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”, definiendo “prioridades” en función de “los perfiles epidemiológicos de las regiones de nuestro país”; y “promover la provisión de medicamentos, vacunas y productos médicos que demande el primer nivel de atención”. Requiere “promover la investigación y producción de medicamentos huérfanos” (que las compañías farmacéuticas no abordan por ser poco rentables) y “promover la articulación con instituciones académicas y científicas y organizaciones de trabajadores y usuarios”.

“¡Se aprobó justo a las seis y cuarto de la tarde!”: la hora exacta está ya para siempre en la memoria de Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, que desde hace años lucha por la producción pública de medicamentos. Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos– afirmó que “esta ley es un hecho histórico: esperamos que, a partir de la reglamentación, se genere una política de Estado. La investigación, desarrollo y producción de medicamentos debe pertenecer a todos, no sólo a empresas”.

Isturiz advirtió que “la reglamentación es muy importante. Una reglamentación inadecuada puede esterilizar una buena ley, en tanto limite sus objetivos. En ésta, la idea central apunta a los medicamentos básicos en la atención primaria. Sobre este eje se articula la investigación, mediante convenios con universidades y con organismos de ciencia y técnica”.

“Prácticamente todo el Plan Remediar puede cubrirse con medicamentos de producción pública”, sostuvo Isturiz. El Remediar provee fármacos a todas las salas de atención primaria del país, por un valor de unos 200 millones de dólares al año; se financia con ayuda del BID, y los productos se adquieren por licitación pública internacional. “Pero el Gobierno puede llegar a adquirir directamente los productos a los laboratorios públicos –afirmó Isturiz–. Incluso se podría abastecer a hospitales públicos. Todo esto ya se hace en la provincia de Santa Fe, donde la producción pública de medicamentos es política de Estado a través de gobiernos de distinto signo político.”

Desde Santa Fe, Guillermo Cleti –miembro del directorio del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)– destacó que “la ley permite que la producción pública de medicamentos quede firme, más allá de los funcionarios de turno, y señaló que “la ley plantea la interacción de la producción pública con las universidades. En nuestro caso, tenemos convenios con las universidades de Rosario y del Litoral, para el desarrollo de nuevas fórmulas, con buenos resultados. Si alguien investigó en salud a lo largo de la historia argentina, fueron las universidades”.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, Jaime Lazovski –subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación– sostuvo que la nueva normativa “es una ley general que estimula el apoyo del Ministerio a la producción pública de medicamentos, con la misma modalidad del programa que ya viene funcionando”. En cuanto a la posibilidad de que el Remediar pueda cubrirse con fármacos de producción pública, Lazovski destacó que “el Plan viene financiado por organismos internacionales, lo cual incluye el requisito de que se efectúen licitaciones internacionales donde todos los oferentes, públicos o privados, se presenten en igualdad de condiciones. Las licitaciones se efectúan una vez por año y para todo el país, por lo cual se adquieren volúmenes muy grandes de medicamentos”. En todo caso, “cuando un renglón queda desierto, entonces sí, el Ministerio siempre da prioridad a los laboratorios públicos”.

Lazovski precisó que, de los laboratorios públicos de la Red, “sólo cinco o seis ya tienen la habilitación de la Anmat”, que les permite entregar medicamentos por fuera de su propia provincia. Esta habilitación es necesaria para que, como se propone la Red de Laboratorios, algunos de éstos puedan especializarse en determinados productos, para optimizar costos y rendimientos. “Asesoramos permanentemente a los laboratorios y los acompañamos para cumplir los estándares”, contó el funcionario.

Precisamente ayer, Lazovski y Cleti participaron en una reunión de capacitación de los laboratorios de Santa Fe –LYF y LEM–, Córdoba –Hemoderivados, de la Universidad– y San Luis –Laboratorios Puntanos–. Cleti comentó que “bosquejamos un borrador para armar, los cuatro laboratorios, una red regional: esto va a respaldar la nueva ley, la va a hacer caminar, va a impedir que, como tantas otras, quede en un cajón. Los productores públicos tenemos que hacernos responsables de que esta ley no pase al olvido”.