Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, está en la nómina de civiles del Batallón de Inteligencia 601, que coordinó la represión ilegal en todo el país durante la última dictadura. El nombre del sindicalista figura en el listado de agentes que el Ejército le entregó en febrero de 2010 a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic) y un grupo de organizaciones sociales verificaron que el documento de identidad difundido por el Archivo Nacional de la Memoria coincide con el del gremialista y presentaron ayer una denuncia en el Juzgado Federal de Sergio Torres para que investigue el rol del hombre fuerte de la Uocra durante el terrorismo de Estado, que se cobró a más de un centenar de trabajadores de la construcción entre sus víctimas. Página/12 intentó ayer infructuosamente comunicarse con Martínez.

Gerardo Alberto Martínez, con DNI 11.934.882, figura en el listado que Garré recibió de manos del general César Milani, director de Inteligencia del Ejército, quien también integra la nómina porque fue dado de alta en el Batallón 601 en noviembre de 1983. Si bien su nombre no figura entre los cinco mil que el ANM hizo circular a principios de 2010, sí aparece en la foja 52 que el organismo cargó en la web. El mismo DNI, destacan los denunciantes, aparece a su nombre en la web de la Fundación Uocra.

Según registros de la Anses, Martínez comenzó a prestar servicios en la Uocra a partir de diciembre de 1978, cuando tenía 22 años. El gran salto en su carrera sindical ocurrió en 1990, cuando fue elegido secretario general del gremio y se integró a la CGT San Martín, que integraron los menemistas más recalcitrantes. Cinco años después, mientras Menem lograba su reelección, Martínez alcanzaba la conducción de la CGT, desde donde tuvo activa participación en el desguace del Estado durante la década. Actualmente integra también el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado su nombre comenzó a circular como candidato a suceder a Hugo Moyano, impulsado por el operador político de Techint, Luis Betnaza. En la sede de la Uocra se desarrollaron este año reuniones con empresarios y dirigentes políticos en las que se analizaron las candidaturas de Sánz-Michetti y Scioli-Urtubey. “El gobierno nacional tiene un informe descalificatorio sobre la actuación de Martínez durante la dictadura”, anticipó Horacio Verbitsky hace dos meses.

La denuncia contra Martínez la suscriben los abogados María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Lucas Balbiano, por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi); Luis Bonomi, por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y Martín Alderete, por la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep). Como organizaciones denunciantes figuran Sitraic, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Liberpueblo, la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), el Movimiento Territorial Liberación, el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que responde a Pablo Micheli, y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

“Partiendo de la base que el juez federal Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como una asociación ilícita, solicitamos a la Justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Uocra durante la dictadura”, afirmó ayer Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La presentación fue acompañada por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Queremos que la Justicia investigue y que se sepa la verdad”, reclamó.