Sin aclarar si fue servicio de inteligencia del Batallón 601, el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, se presentó ayer ante la Justicia para “ponerse a disposición” del juez federal Sergio Torres, que investiga si el dirigente sindical tuvo alguna responsabilidad en el secuestro y desaparición de 105 albañiles durante la dictadura.

En un escrito que dejó en los tribunales federales, Martínez no desmintió explícitamente la acusación de haber sido agente civil del Batallón 601 entre 1976 y 1983. Lo que sí hizo fue despegarse de los secuestros de afiliados de su gremio.

Dado lo afirmado “en notas periodísticas publicadas recientemente respecto de mi persona, vengo por el presente a hacer saber que realizaré una investigación en relación a las 105 personas desaparecidas de la actividad de la construcción que han mencionado los distintos medios de comunicación en la publicidad dada a la denuncia”, anunció en el escrito que dejó en los tribunales. Martínez designó para su defensa al estudio de Argibay Molina y no hizo declaraciones.

Según fuentes allegadas al caso, el dirigente habría argumentado que las desapariciones de militantes del gremio se habrían producido en los años 1975 y 1976, antes de que él ingresara a trabajar en la Uocra, lo que sucedió recién en 1978.

La denuncia contra el dirigente de la Confederación General del Trabajo fue presentada hace ocho días por un grupo de sindicatos y organismos de derechos humanos, luego de que su nombre y número del Documento Nacional de Identidad fueran detectados en un listado que en mayo pasado el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) entregó a la Justicia para contribuir en la causa que investiga los delitos cometidos por el Batallón 601. Durante la dictadura, el Batallón concentró la información de todos los destacamentos de inteligencia del Ejército del país y coordinó con los servicios de inteligencia de las otras fuerzas, y con los de países limítrofes, la colaboración represiva en el Cono Sur.

Al llevar la denuncia a la Justicia, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), la CTA opositora, la Coordinadora contra la Represión Policial, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron que el dirigente fuera indagado para establecer qué rol cumplió en la desaparición de los activistas del gremio.

“Partiendo de la base de que el juez federal Ariel Lijo declaró al Batallón 601 como una asociación ilícita, solicitamos a la Justicia que verifique que estamos hablando de la misma persona y que, de ser así, se investigue la asociación ilícita de la que sería miembro, se lo detenga y se lo requiera por la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Uocra durante la dictadura”, explicó en ese momento Graciela Rosenblum, desde la Liga.

Los denunciantes pidieron además que el titular de la Uocra fuera excluido de cualquier cargo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que es actualmente secretario de Organización.

Según los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Martínez entró a la Uocra en 1978, cuando tenía 22 años y el sindicato estaba intervenido por los militares. Lo habría hecho como empleado administrativo, es decir que nunca habría trabajado como albañil. Su nombre empezó a sonar, con la recuperación de la democracia, como uno de los dirigentes que junto a Saúl Ubaldini prometía ser parte de la renovación sindical. Fue elegido secretario general de su gremio en 1990 y desde allí llegó a ser titular de la CGT, entre 1995 y 1996. A lo largo de esa década, Martínez se convirtió en parte de lo más encumbrado de la dirigencia sindical que acompañó los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem y las políticas que llevaron a la pérdida de derechos laborales. De 1997 a 2001 ocupó inclusive una banca en el Congreso Nacional como diputado del PJ.

Desde fines del año pasado, su nombre era impulsado desde un sector empresarial, a través de un operador de Techint, como candidato a reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT, pero la propuesta no encontró espacio en el gobierno nacional.

“Vengo por la presente a ponerme a disposición de su señoría en la causa que se iniciara en mi contra”, expresó el escrito presentado ayer por la mañana en el juzgado que subroga Torres.