Todo indica que habrá una negociación entre la Argentina e Irán y seguramente una reunión de cancilleres. Tras varias reuniones presididas por el titular de la Cancillería, Héctor Timerman, la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas volvieron a asentar su condena y desconfianza respecto de Irán, pero avalaron una negociación emprendida por el gobierno argentino siempre y cuando signifique poner a los funcionarios iraníes imputados por el atentado ante la Justicia argentina y sin bajar las órdenes de captura vigentes. Todos coinciden en que será una negociación más que difícil de concretar, pero el objetivo sería lograr la realización de un juicio en un tercer país, con jueces y fiscales argentinos y obviamente con las garantías de defensa para los acusados. En un encuentro realizado ayer en la Cancillería, Timerman también recibió a representantes de Memoria Activa y Apemia, las otras dos agrupaciones de familiares de las víctimas, a quienes informó del intento que hará por lograr un juicio en un tercer país.

“Más allá del escepticismo que tenemos ante las actitudes de Irán –señaló Guillermo Borger, titular de la AMIA–, confiamos en la acción que emprenda el gobierno argentino, sin detener los procesos judiciales en curso. Estamos de acuerdo en que la Argentina busque la forma en que los imputados se presenten ante la Justicia.”

También la agrupación Familiares sostuvo que tomó conocimiento a través de la Cancillería del comunicado emitido por Irán. El texto de Teherán dice, textualmente, que propone “un diálogo constructivo en la búsqueda de un proceso justo en el marco de un procedimiento jurídico”. Familiares señaló que “si Irán quisiera cooperar, tal como lo dice, debería comenzar extraditando a los acusados por la Justicia argentina. Sin embargo, no nos oponemos a que se busquen los caminos para llegar a la Justicia. Por eso esperamos que el diálogo que se emprenda sirva para que haya un juicio en la Argentina o en un tercer país. El diálogo debe estar centrado sólo en ese fin”.

El modelo que se impulsa es el del caso del atentado contra el avión norteamericano de Pan Am que cayó en la localidad escocesa de Lockerbie. Tras doce años de negociaciones, Libia aceptó finalmente que dos ciudadanos imputados por la Justicia británica se sentaran en el banquillo de los acusados en la localidad holandesa de Camp Zeist. Uno de los dos libios fue condenado, el otro absuelto.

Los obstáculos para una solución de ese tipo son innumerables, empezando por el hecho de que la Constitución de Irán –como la de Brasil– prohíbe la extradición o el juzgamiento de sus ciudadanos fuera del país. Además, en este caso no se trata de ciudadanos comunes, sino de un ex presidente, Alí Akbhar Rafsanjani, de un actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y de otros funcionarios que estuvieron en puestos de importancia. También aquí habrá que buscar soluciones, ya que no está previsto lo de juzgar en un tercer país a personas que cometieron un delito en la Argentina. Sin embargo, la orden de la Presidenta, que está supervisando personalmente el tema, es buscar un camino que permita la realización de un proceso judicial. Y en todo caso, no debe quedar como última palabra la oferta de Irán del “diálogo constructivo”. Tendrá que quedar claro que se hicieron todos los intentos.

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