Mientras la Justicia aún analiza si la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue víctima de una estafa por parte de su ex apoderado, Sergio Schoklender, una fiscalía federal solicitó que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea intimado judicialmente por no haber entregado la documentación correspondiente a los convenios que firmó con ese organismo de derechos humanos para la construcción de viviendas en el ámbito porteño. El minucioso pedido, que detalla el mecanismo administrativo de la firma e implementación de los convenios que las Madres hicieron en casi todo el país a la luz de las normas y leyes vigentes, pone en evidencia que la responsabilidad del control y ejecución de los programas de viviendas corresponde a las distintas jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma. Y, al mismo tiempo, describe que el Estado nacional tiene una “facultad de contralor secundario”. Esto es, más allá de la decisión política de otorgar a nivel nacional este emprendimiento de la fundación que preside Hebe de Bonafini, en los hechos toda la operatoria quedó en manos de cada Estado provincial, la Ciudad de Buenos Aires y el ex apoderado de las Madres. Según el requerimiento, estaría más cerca de ser imputado el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que el ministro de Planificación, Julio De Vido, al que apuntaba la denuncia inicial.

Tras el estallido del caso en los medios, todo el ruido se canalizó en dos expedientes judiciales. El menos ventilado es que el instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, abierto por iniciativa del abogado Jorge Luis Vitale, quien pedía que fueran investigados, además de De Vido, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. El magistrado abrió una investigación para determinar si se pagaron sobreprecios en la construcción de las viviendas sociales de la Fundación Misión Sueños Compartidos, si se construyeron todas las casas para las cuales se desembolsaron fondos públicos, si la construcción respetó las características y materiales pactados y si los organismos estatales controlaron qué se hizo con el dinero destinado.

Al declarar en el Congreso, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo, dijeron que la relación con la Fundación de las Madres la establecen los municipios y provincias, no el Ministerio de Planificación. A juzgar por la descripción del escrito de Osorio, al que Página/12 tuvo acceso, los funcionarios habrían sido fieles al describir la realidad del proyecto. En el plano jurídico, el fiscal distinguió tres niveles normativos: las disposiciones federales destinadas a regular las transferencias de fondos a las jurisdicciones para la financiación de obras de urbanización y vivienda; en segundo término, los acuerdos marco alcanzados por la autoridad federal y las jurisdicciones para la implementación de los programas de financiación; y en tercer lugar, los acuerdos particulares alcanzados por la autoridad central y cada jurisdicción para la implementación de los distintos proyectos de financiación.

Tras describir en qué consiste la normativa vigente, analizó dos convenios marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas. El primero, del 21 de julio de 2004, fue firmado por el Ministerio de Planificación y la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Del segundo, del 11 de agosto de 2005, participaron la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y casi todas las mismas provincias. En tanto, el fiscal mencionó también dos convenios y un acta acuerdo particulares celebrados con el gobierno porteño, con la firma de los funcionarios macristas, que continúan vigentes. Estos documentos evidencian que fueron rescindidos los programas para que las Madres construyeran viviendas en la ciudad, firmados en años anteriores.

Para explicar la articulación de los tres niveles normativos, Osorio afirmó que “al Estado nacional corresponde financiar a las jurisdicciones locales con fondos no reembolsables a través de la implementación de diversos programas; las jurisdicciones locales (provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios) adoptan a su vez la función de entes ejecutores de los programas y toman a su cargo la implementación de la financiación a los realizadores directos y la adjudicación de obras y viviendas a los beneficiarios; y a la sociedad civil corresponde la ejecución directa de las obras, a cargo de fundaciones, asociaciones o movimientos sociales, en función de aplicar mano de obra que abarque, además de la dimensión habitacional, los aspectos sociales del problema”.

Una vez abierta la causa, el Ministerio de Planificación Federal aportó la documentación administrativa que hizo posible ese análisis y que se sumó a la que el juzgado requirió a las distintas jurisdicciones locales que tienen a su cargo la ejecución de los programas de construcción de viviendas. “Resulta evidente el parcial y escaso material remitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” a los fines de “completar la base documental correspondiente a la Ciudad”, dijo el fiscal Osorio al solicitar que la administración de Mauricio Macri sea intimada a hacerlo. Ante la “ausencia de constancias relevantes sobre los hechos acontecidos en esta ciudad (...) solicito que intime al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, para que proporcione la información y documentación respaldatoria respecto de las obras no finalizadas y no entregadas a sus beneficiarios a la fecha de esta denuncia, destinadas a mejorar la calidad de vida de la población ubicada en villas o asentamientos precarios o con carencia de infraestructura básica de vivienda, servicios, problemas ambientales y regularización dominial”, con fondos federales provenientes del Ministerio de Planificación. Y aclaró que estimó prudente no dirigir la intimación al jefe de Gabinete Rodríguez Larreta “para evitar se dirija contra un eventual imputado”. Esto es porque, según explicó el fiscal, “la normativa indica la necesaria existencia de informes periódicos dirigidos a la Jefatura de Gabinete por parte del Instituto de la Vivienda de la Ciudad”. Osorio pidió que Macri sea intimado a responder un cuestionario de cuatro carillas con el detalle de los entes, programas, proyectos, cantidad de viviendas, costos, grado de avance de las obras, montos abonados a los contratistas, funcionarios que intervienen en cada paso de las obras, expedientes administrativos y, de haberlas, denuncias penales. Si acaso estas preguntas fueran respondidas, la Justicia tendría el primer mapa real de la situación habitacional en la Ciudad Autónoma y sabría quiénes fueron los responsables de sucesivas promesas incumplidas.