El suspendido camarista federal de Mendoza Otilio Romano no será juzgado por fugarse a Chile para evitar el proceso penal abierto en su contra por crímenes de lesa humanidad. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación tomó esa decisión al rechazar un pedido de dos integrantes del Consejo de las Magistratura, Hernán Ordiales y Carlos Moreno, para que la fuga sea tomada como un agravante.

Alicia Nolis, la presidenta del jurado de siete miembros, rechazó el planteo hecho por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y el diputado oficialista, ambos designados para hacer la acusación en el jury para destituir a Romano.

El camarista mendocino huyó y pidió asilo político en Chile el 24 de agosto pasado, un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, que lo acusó por unanimidad por 113 delitos de lesa humanidad. Se trata de secuestros, torturas, homicidios y robo de bienes, que no investigó pese a tener pleno conocimiento de ellos entre 1975 y 1983, cuando fue fiscal federal y juez subrogante.

Tras la fuga, el cuerpo le suspendió el pago del sueldo como magistrado en una reunión plenaria. Su defensora oficial, Fabiana León, contestó la acusación en su contra y negó los cargos, abriendo un plazo de diez días para que el jurado resuelva qué pruebas y testigos acepta en el jury, que se abriría a fines de noviembre.

Para ser destituido, Romano debe ser encontrado culpable por al menos cinco de los siete integrantes del tribunal, tras lo cual tendrá vigencia un pedido de captura internacional librado por el juez federal de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento.

Para su entrega a la Justicia argentina, también el gobierno de Chile deberá acceder al pedido una vez que avance el proceso.

La Cancillería chilena fijó como criterio que Chile respeta los derechos humanos y que si alguien cometió un delito debe ser juzgado en el país donde se transgredió la ley.