Mientras el juez Norberto Oyarbide empieza a apuntar la lupa a sus operaciones y negocios, Pablo Schoklender apareció en escena en la causa con un escrito en el que intenta despegarse de su hermano Sergio, a quien acusa de difundir “falacias e injurias” destinadas a “confundir”, “distorsionar” y “politizar” el expediente en el que se investiga el presunto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales. Según Pablo “en modo alguno puede atribuirse a la Fundación (Madres de Plaza de Mayo), como tal, el haber contribuido, tanto en el orden nacional como en el ámbito local, al financiamiento de campañas proselitistas”. El viernes último el juez allanó Habemus, una productora de contenidos audiovisuales del menor de los hermanos que tenía reportes bancarios de movimientos sospechosos y ayer también hubo procedimientos en Lenity S.A, una droguería de la que era titular Manuel Camet, ex empleado de Madres y ligado a Pablo en otros emprendimientos.

En el escrito que su abogado –Gonzalo Romero Victorica– entregó al juez Oyarbide, Pablo Schoklender se queja de que el secreto de sumario en la causa lleva tanto tiempo que esto favorece la proliferación, a su entender, de “mensajes confusos, evidentemente parciales e (mal) intencionados, y con el claro propósito de confundir” y señaló que todo esto “impregna” el caso de “una carga psicótica que necesariamente envuelve a todas aquellas personas que de alguna manera nos encontramos vinculados a él”. Pablo y Sergio Schoklender fueron, los dos, apoderados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y ambos están imputados en el expediente a cargo de Oyarbide, donde se los investiga por una posible defraudación y por lavado de dinero, aunque la fiscalía de Jorge Di Lello estaría apuntando también a llamarlos a indagatoria por asociación ilícita, junto con otras personas de su entorno, algunas de las cuales trabajaron en la Fundación.

Dice la presentación de Pablo que “ha existido una pelea” con Sergio “que derivó en un total alejamiento que subsiste a la fecha”. Cuentan cerca de ellos que, de hecho, fue uno de los detonantes del conflicto en Madres que terminó originando la causa. Todo habría girado en torno de un cheque de la Fundación de dos millones de pesos que Pablo se negaba a darle a Sergio, y por el que terminaron en una violenta discusión. La firma de gran cantidad de cheques de Madres, cuyo recorrido está en pleno análisis, sería uno de los elementos que más comprometen a Pablo. Hace algunos días, además, la Unidad de Información Financiera envió dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) respecto de Habemus, una empresa que está a su nombre. Y en el allanamiento en el barrio privado El Remanso, se hallaron casas hechas de los materiales usados por la Fundación para las viviendas sociales, que eran exhibidas en los avisos de la firma Construcciones Calificadas, integrada por personas del entorno de ambos, entre ellos Hugo Gallardo (quien también tuvo poder delegado de Madres) y Camet, socios de Pablo.

Habemus fue allanada el viernes y la Policía Federal se llevó de sus oficinas documentación contable. Ayer hubo otro operativo en la droguería Lenity S.A, que tendría domicilio constituido en Rivadavia 1157 Piso 6 departamento “A” constituido en febrero de 2010. Lenity tuvo como socio a Manuel Camet y este año aparece designada como vicepresidenta Noelia Garay, a quien algunas versiones vincularían afectivamente a Pablo. El no figura en los papeles, pero los investigadores sospechan que podría tratarse de uno de sus negocios periféricos.

En la presentación al juez, Pablo refutó las afirmaciones de Sergio sobre el supuesto financiamiento de campañas del kirchnerismo por parte de Madres de Plaza de Mayo. El mayor de los Schoklender había aludido a la confección de afiches de campaña para Amado Boudou, Abel Fatala y Cristina Kirchner, y gastos de consultoría por 1,5 millones de pesos. Señalaba la imprenta donde hacía sus trabajos gráficos la Fundación. Esa firma, según pidió aclarar en el expediente el abogado Eduardo Fachal (que representa la querella de las Madres) no pertenecía a la entidad sino que estaba a nombre de Pasart SRL, a nombre de personas que podría haber puesto Pablo Schoklender. ¿Qué sostuvo él ayer? “En modo alguno puede atribuirse a la Fundación, como tal, el haber contribuido, tanto en el orden nacional como en el ámbito local, al financiamiento de campañas proselitistas, ya sea mediante la confección de afiches, o piezas gráficas en general, o solventando gastos propios de dicha actividad”, dice su escrito. En alusión a supuestos sobornos requeridos desde áreas de gobierno para obras públicas que mencionó Sergio añadió: “Desde el momento de su creación, las autoridades políticas que tuvieron vinculación con el proyecto Sueños Compartidos, y en particular la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, acompañaron las actividades del programa respetando los límites de su actuación, colaborando de manera franca en su desarrollo, sin que se hayan verificado injerencias indebidas u obtenido beneficios por tal razón”.

“Frente a las curiosas e intempestivas manifestaciones vertidas públicamente por mi hermano, me veo en la necesidad de aclarar ciertos hechos, despejando interrogantes que han sido erróneamente analizados en distintos ámbitos, y que entiendo podrían perjudicarme en el marco de este proceso”, insistió Pablo. “Somos dos individuos diferentes, con responsabilidades diferentes y actitudes diferentes, tanto durante nuestro paso por la Fundación Madres de Plaza de Mayo cuanto a la hora de enfrentar este proceso. Cada uno deberá dar cuenta de sus actos, en forma separada”, añadió. Sergio, consultado por Página/12, dijo que no quería hacer comentarios al respecto.