La Corte Suprema desestimó ayer los recursos de queja presentados por Jaime Lamont Smart y de esta manera dejó firme su procesamiento y prisión preventiva. Los jueces consideraron que los cuestionamientos a las decisiones de la Cámara Federal de La Plata eran inadmisibles.

Smart es el primer civil con rango de ministro juzgado por los crímenes de la última dictadura. Ministro de Gobierno del general Ibérico Saint Jean, estuvo a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires de la que dependieron las comisarías, reconvertidas en centros de detención, torturas y exterminio. Hoy es uno de los acusados del juicio oral del llamado Circuito Camps en La Plata. Entre las pruebas en su contra, la fiscalía federal incorporó un artículo del 12 de diciembre de 1976 publicado por el diario La Nación que lo instala en la primera línea de la estructura: “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no, corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras”, decía Smart a contrapelo incluso de la defensa que paradójicamente salió a hacer en los últimos días un editorial del mismo diario. En línea con algunos argumentos de la defensa de los represores y con las posturas esgrimidas el día de su detención por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la organización de los abogados católicos, el editorial declama en la lógica de los perseguidos políticos.

Para los fiscales de la causa del Circuito Camps, para entender las responsabilidades de Smart durante la dictadura bastaría con el organigrama del Ejecutivo bonaerense: Smart estuvo tres años al frente de la policía, manejada por Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz. Sin embargo el organigrama no es la única prueba.

El artículo de 1976 del diario La Nación es un dato que a la luz de las pujas de las lecturas históricas se vuelve contundente. El cable reproducido en las páginas del diario de los Mitre señala como fuente a la agencia NA que a su vez reprodujo una entrevista de Smart a LS11 Radio Provincia. El cronista describió a un Smart que con “entusiasmo” refiere el programa de aquellos años.

“El ministro de Gobierno había hablado por LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. Con entusiasmo, se había referido al reequipamiento de la Policía Bonaerense, manifestó que ‘en los últimos ocho meses se invirtieron más de 1500 millones de pesos, y que se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres’. ‘En el Ministerio de Gobierno (decía Smart) hemos tenido siempre presente la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión. Lo cierto es que esa subversión no es la subversión meramente armada. Muchas veces se equivocan los términos cuando se limita exclusivamente el de subversión al combatiente que es abatido por las fuerzas del orden. En la subversión debemos incluir a quienes armaron a esos combatientes, pues si nos ponemos a analizar creo que son más responsables que los mismos combatientes. Esos responsables son los profesores de todos los niveles de la enseñanza’.”

Alejo Ramos Padilla acaba de asumir como juez federal de la provincia de Buenos Aries, pero hasta comienzos de septiembre fue querellante de esta causa e impulsor de la primera denuncia penal contra Smart, cuando terminó el juicio al capellán Christian Von Wernich. Durante el juicio al capellán del Ejército, el nombre de Smart apareció vinculado con el secuestro de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. El entonces embajador argentino en Estados Unidos y ahora canciller Héctor Timerman declaró en ese juicio y pidió la detención de Smart por el secuestro de su padre. Aquel proceso mostró, entre otras cosas, que Timerman respondió desde su diario aquella declaración que hacía foco en los maestros y profesores.

“Camps y Etchecolatz dependían del ministro de Gobierno y hay declaraciones de testigos que hablan de la presencia de Smart en los procedimientos”, dice Luis Alen, segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que es querellante de la causa. “En el libro que escribió Camps sobre el caso Timerman le agradeció al ministro de Gobierno su participación. Además el Circuito Camps se escapó de la lógica de las zonas, no dependía del I Cuerpo, sino de la policía de la provincia, que estaba controlada por el ministro de Gobierno. Decir que no conocía lo que hacía la policía es como decir que (Albano) Harguindeguy no sabía lo que hacía la Policía Federal.”

Smart

Jaime Lamont Smart es uno de los fundadores de Fores, una institución de lobby creada en octubre de 1976 para enfrentar la “campaña antiargentina” en sintonía con el “espíritu que guía al proceso de Reorganización Nacional”, publicó en este diario el año pasado Horacio Verbitsky. Fores está vinculada con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una de las instituciones que firmaron las solicitadas de solidaridad con Smart en 2008 cuando el juez Arnaldo Corazza ordenó la detención. Fores organizó las conferencias sobre la Reforma Judicial en 1976 y 1977 que precedieron el general Albano Harguindeguy, Manuel Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean, auspiciadas por Acindar y la Embajada de Estados Unidos.

Smart llegó a Fores tras su paso por la Cámara Federal Penal de la Nación. Para él, uno de sus logros o apuestas patrióticas más importantes, como lo describió en la indagatoria del juicio en La Plata. Para las víctimas de la llamada “Cámara del Terror” es, en realidad, otro de sus antecedentes comprometedores.

El editorial que publicó en su defensa el diario La Nación en los últimos días hizo eje justamente en ese hecho. No solamente dio cuenta del rol de Smart en el Camarón, sino que se preguntó si no será porque juzgó “terroristas”, que ahora esos “ex terroristas” convertidos en funcionarios pueden encontrar en el juicio una forma de vengarse.

El artículo publicado en términos de proclama llamó la atención de los organismos de derechos humanos y también de la fiscalía. Hasta ese momento, el diario transmitía esas posturas a través de solicitadas de abogados como los nucleados en la Agrupación Concordia, pero no lo había hecho en nombre propio.

Camarón

“El Camarón fue un tribunal creado por los gobiernos de Onganía, Levingston y Lanusse que crearon una ‘comisión especial’ con jurisdicción en todo el país dedicada a perseguir los delitos subversivos, que eran los delitos de carácter político”, dice Alen. “Las ‘comisiones especiales’ están expresamente prohibidas por el artículo 18º de la Constitución Nacional; la creó un gobierno de facto, no tuvo ni legalidad ni legitimidad y se creó justamente para perseguir a los opositores de la dictadura.” Uno de los casos emblemáticos del Camarón fue la intervención en la Masacre de Trelew: en lugar de juzgar a quienes fusilaron a los presos políticos, el Tribunal abrió una causa sobre las fugas. A pesar de que tenía una supuesta competencia, nunca juzgó los crímenes.

Por antecedentes como ésos, los organismos de derechos humanos no quieren que se habiliten tribunales especiales para juzgar los crímenes de la dictadura. Los tribunales especiales tienen en el país una historia nefasta, suelen decir. Por eso, los juicios los llevan adelante tribunales federales de todo el país con las características de todos los procedimientos penales y todas las garantías para los acusados.