A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.

Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron “un error político”. Su consecuencia fue que “ganamos la guerra pero perdimos la paz”, dijo.

El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.

El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.

Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un “procedimiento antisubversivo” en junio de 1977.

Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso “operativo antisubversivo”, seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un “enfrentamiento armado”, ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.