Margarita Camus llegó con sus padres al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 22 de San Juan, desde donde la habían citado, en noviembre de 1976. “Quedé a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y me trasladaron al penal de Chimbas, donde me torturaron”, rememoró en una entrevista con Página/12. Hoy jueza de Ejecución de Penas en San Juan, Camus es querellante –y su propia abogada– en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia, en el que están imputados trece represores, entre ellos el militar retirado Jorge Olivera y quien fue jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. “Los veo y me acuerdo de la Margarita de 20 años, desnuda y encapuchada, que ellos sometieron. Ahora puedo decirles en la cara que por todo eso irán presos”, dijo Camus, que también patrocina, entre otros, a su hermano Eloy, también detenido y torturado, y a su hermana María Julia.

–¿Por qué decidió ser su propia abogada?

–Existen demasiados detalles que sólo uno, que lo vivió, sabe cómo describir. Como abogada, el hecho de haber sufrido el terrorismo de Estado en cuerpo, mente y alma me avala para traducir mejor esas vivencias en herramientas de justicia para mí y el resto de las víctimas. En lo personal, además, es una manera de cerrar una herida. Tenerlos enfrente, poder demostrar con pruebas concretas todo el mal que hicieron, ésa fue la única razón por la que abandoné sociología (estaba en tercer año de la carrera cuando fue víctima de la dictadura) y estudié abogacía cuando me dejaron en libertad.

–¿Por qué la detuvieron?

–Me citaron desde el RIM Nº 22. Mis padres me llevaron, me recibió el jefe del regimiento y me hicieron quedar. El tipo me entregó al teniente (José) Olivera, el jefe de la patota. Después de unos días de estar allí me trasladaron a Chimbas. Quedé a disposición del PEN. Llegué y fui directo a interrogatorio que el grupo de tareas hacía en la “escuelita” del penal –el aula donde los presos estudiaban–, donde me torturaron con picana, con golpes. Me llevaban atada de manos y encapuchada. Me manosearon y me hicieron simulacros de fusilamiento. De vez en cuando mi abuelo (el ex gobernador depuesto de San Juan, Eloy Camus), que estaba preso ahí también, me veía cuando me sacaban encapuchada y golpeada de la “escuelita”. Lo hacían a propósito, para torturarlo psicológicamente. En el ’77 me llevaron a declarar a un juzgado federal por mi supuesta causa, que iniciaron con un papel que me hicieron firmar encapuchada, golpeada y con un revólver en la cabeza. Dije que yo no había dicho nada de lo que figuraba en ese documento y que quería denunciar todo lo que me hacían en Chimbas.

–¿Qué dificultades encontró hasta llegar a este juicio?

–Las declaraciones ante tribunales militares, recién iniciada la democracia. Me acuerdo de mí y de mi hermano viajando 200 kilómetros para declarar en un cuartel militar de Mendoza, el terror que significó contar todo en un lugar lleno de militares. Muchos sobrevivientes no quisieron pasar por ese momento. Había mucho miedo, había pasado muy poco tiempo y esos tribunales no fomentaban en absoluto ese primer paso. Luego vinieron las leyes de obediencia debida y punto final, los indultos, golpes tremendos. Con los Juicios por la Verdad nos fuimos levantando, y la reapertura de las causas fue un renacer. Y entonces, otro golpe: los camaristas federales mendocinos y la revelación de la connivencia del Poder Judicial con el aparato represivo del Estado. Ahí caímos en por qué las causas tardaban tanto en avanzar, o por qué Cuyo tiene tan pocos represores presos. Los siete prófugos en este juicio son la consecuencia de la actuación de la Cámara de Casación mendocina.

–¿Qué provocó en la sociedad sanjuanina el inicio de este juicio?

–En San Juan siempre se silenció lo ocurrido durante la dictadura y cuesta que la sociedad participe. Aunque la presencia de la juventud durante la primera audiencia del juicio fue esperanzadora, las jornadas son públicas, pero casi toda la gente que participa tiene alguna implicancia. No hay público. El mensaje que se ofrece desde los medios masivos no ayuda. El tratamiento del juicio contra los apropiadores de un chico (Jorge Guillermo Goya Martínez Aranda) durante la dictadura jugó en contra; la foto que resumió todo el juicio según un medio grande de San Juan fue la que muestra al apropiado y a sus apropiadores sonrientemente abrazados. La ausencia casi completa de los organismos estatales de derechos humanos también es un tema. La Secretaría de Derechos Humanos no participó de la instrucción de este juicio (el que analiza su caso, entre otros 60) y se convirtió en querellante hace poco, pero no fue a ninguna audiencia. De hecho no reconoce a La Marquesita como centro clandestino de detención, cuando fue el único de la provincia en el que exclusivamente hubo secuestrados y torturados.

–¿Los imputados son representativos del funcionamiento del aparato represivo de la provincia?

–Falta la policía provincial. Uno de los prófugos, Juan Carlos Coronel, está sindicado como el jefe de esa fuerza, pero el tipo era un milico. Igual se va a poder probar cómo la estructura formal de las fuerzas no era, en realidad, la estructura real, aunque las órdenes eran dadas siempre en forma vertical y ninguno desconocía lo que sucedía. El trabajo sucio, en su mayoría, lo hacían los hombres de menor rango que integraban el grupo de tareas de San Juan y no superó las 30 personas, pero no fue una estructura que se armó con desconocimiento de los jefes. Olivera, acusado por casi todas las víctimas de este juicio, era teniente, un cargo bajo. Por otro lado, no se pudo juzgar a los jefes de cargos altos porque murieron ya. Ellos se sentían tranquilos, se manejaban con total impunidad. Los jueces impartían justicia para ellos.

–¿Qué ventajas o desventajas encuentra en la combinación de las cuatro causas que se analizan en este juicio?

–Hace tres años, en período de instrucción, las querellas pedimos la unificación de las causas. Recién las unificaron cuando fue el juicio. La unificación evitará el desgaste de declarar muchas veces a los testigos, pero también les exigirá un trabajo de memoria riguroso, porque hablarán para muchas causas en una misma vez. En cuanto a los imputados, la unificación de causas permitirá, en muchos casos, la existencia de una condena, ya que se podrá demostrar la sistematización de la represión: la patota torturadora era la misma. Además se podrá probar que los hechos que denunciamos los vivos también los sufrieron los muertos y los desaparecidos.