Después de analizar escuchas y seguir la ruta de un fajo de 50 mil dólares, el juez Luis Rodríguez llegó a la conclusión de que habría existido un intento de soborno dirigido a la Cámara de Casación Penal para beneficiar al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y liberar a los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra. Por eso resolvió llamar a indagatoria por presunto cohecho y tráfico de influencias a quienes sospecha que formaron parte de esa maniobra, empezando por el propio Pedraza, el contador del gremio Angel Sta-fforini, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, el secretario de Casación Luis Ame-ghino Escobar (h) y el agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Juan José Riquelme. Están citados entre el 5 y el 16 de diciembre. Todavía está en pleno desarrollo la investigación sobre la presunta participación de tres jueces en los hechos.

“Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes”, es una de las frases más insólitas de las escuchas telefónicas que pusieron esta trama al descubierto. Era un mensaje en el contestador de Pedraza. Se lo dejaba Riquelme, quien actuaba como lobbista y quería despejarle una duda: el dinero que debían aportar –para cambiar el rumbo de la investigación del asesinato– eran dólares, no pesos. Es más, regateaban entre 50 mil y 75 mil. Riquelme, a su vez, hablaba de la negociación con Aráoz de Lamadrid, quien había defendido a uno de los ferroviarios detenidos por el crimen y tenía relación con Stafforini, pero además trabajó más de una década en la Cámara de Casación, adonde había llegado el expediente a fin de diciembre con pedidos de excarcelación de la patota. Aráoz, a su vez, se contactaba con Ameghino Escobar, “el señor de las teclas”, como lo llamaban en los diálogos porque manejaba en ese tribunal la computadora que asigna las causas judiciales.

Cuando pidió las indagatorias de todos ellos, en mayo, el fiscal Sandro Abraldes sostuvo que quedaba claro por la cadena de conversaciones que el objetivo era que la Casación no tratara durante la feria judicial de verano los pedidos de excarcelación (aunque fueran tema urgente), sino que los postergara para que un “sorteo” que podría realizar Ameghino adjudicara el expediente a la Sala III del tribunal, donde Riquelme se jactaba de tener al menos dos aliados, los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Mitchell, quien renunció y dejó su despacho la semana pasada. Aráoz de Lamadrid, casualmente, había sido secretario de Riggi, igual que Ameghino. Mariano González Palazzo, quien renunció a su subrogancia en Casación el viernes último, también aparecía mencionado. El último paso sería comprar la voluntad de los jueces, según el razonamiento de la fiscalía.

El juez Rodríguez –que la semana pasada entró en la polémica terna para cubrir cuatro vacantes de jueces federales– no hizo lugar a las detenciones que pidió Abraldes, pero sí interrogará a los imputados, informaron allegados al caso. El viernes último recibió un entrecruzamiento de llamados para verificar si Riggi, González Palazzo y Mitchell tenían contacto con ellos. Todavía no tendría conclusiones para establecer sus responsabilidades. Está por verse.

La historia de cómo se descubrió la cocina casi cinematográfica de este plan empezó cuando la jueza Wilma López, quien estaba a cargo de investigar el homicidio de Ferreyra durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, ordenó hacer escuchas a Pedraza y a su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Ya tenía identificados y había detenido a los autores materiales del homicidio y de los balazos a otros tres manifestantes, pero aún buscaba confirmar si el ataque había sido organizado desde la cúpula gremial. Las llamadas revelaban el intento de que Casación no sólo liberara a los integrantes de la patota sino que la investigación no llegara a Pedraza, que aún estaba en libertad. La jueza López hizo una denuncia y se abrió un expediente aparte.

Según la transcripción de las escuchas telefónicas –reveladas por Página/12 en junio–, Pedraza conocía cada paso de la operación. Riquelme, sumariado por este asunto en la ex SI, lo mantenía al tanto. Para calmarle la ansiedad le decía: “Mientras esté de por medio el amigo de la calle Viamonte vos no tenés de qué preocuparte, él mueve los hilos”, en alusión a Aráoz, que en esa calle tiene su estudio. Con Stafforini, segundo de Belgrano Cargas, hablaban del dinero. En esa época, fines de enero, la fiscalía –entonces a cargo de Mariano Solessio– comenzó a seguir las negociaciones, donde mencionaban como clave el “2 de febrero”, posible sorteo de la causa. Un día antes, Stafforini avisa que acaba de salir del banco. Las cámaras del Galicia cercano a la UF lo registran yéndose con un maletín. En los libros, quedó su visita. Luego le avisa a Aráoz de Lamadrid que está demorado, camino a su oficina. Llega. Al salir llama a Pedraza. “José, soy Angel (...) estuvimos en lo de este chico de la calle Viamonte, salió todo perfecto”. Al rato, la Federal allana el estudio de Aráoz y secuestra un sobre con 50 mil dólares. El 22 de febrero Pedraza fue detenido por el homicidio del joven militante del Partido Obrero y el juicio oral empieza dos días antes de que cumpla un año preso.