La Confederación General del Trabajo rechazó ayer el pedido que hizo el Gobierno de suspender la personería gremial del sindicato del personal técnico aeronáutico (APTA). “No es una medida acertada el planteo de la suspensión de la personería gremial”, plantearon las autoridades de la central obrera, a través de un comunicado que firmaron el titular de la CGT, Hugo Moyano, Julio Piumato (Judiciales) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). También instaron “a que se utilice el diálogo social para superar los diferendos”. Después de la declaración, prevaleció el hermetismo tanto en el oficialismo como en las filas de la CGT. Fuentes del Gobierno explicaron que se eligió no polemizar con los gremialistas y esperar a que “la Justicia se expida” sobre su solicitud.

“No podemos olvidar que fueron los trabajadores, y en especial los técnicos aeronáuticos, los que lucharon cuando Aerolíneas Argentinas fue absurda e indecorosamente vaciada durante los gobiernos neoliberales”, exaltó en su comunicado la central de trabajadores. Las diferencias políticas entre la CGT y el gobierno nacional parecieron tensarse aun más en los últimos días con el conflicto que llegó a paralizar los vuelos internacionales de la aerolínea de bandera. Desde el Gobierno no salieron a responder el mensaje sindical, a la espera de una resolución judicial, pero insistieron en la línea del discurso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio por la mañana en Santa Fe, donde reiteró su convocatoria a “no boicotear a la Argentina”. Lo mismo había dicho anteayer, haciendo foco en los trabajadores. Ayer amplió el pedido a los empresarios.

La reacción de la CGT en defensa de los sindicatos fue similar a la que se produjo en algunos casos recientes en que representantes gremiales fueron acusados por la Justicia. Cuando el secretario general de los peones rurales, el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas, fue encarcelado por una denuncia que lo vinculaba con la causa de medicamentos adulterados, el Consejo Directivo de la CGT se expidió en contra de la determinación del juez Norberto Oyarbide y señaló que “una denuncia no puede convertirse en condena”. Luego hubo también pronunciamientos parecidos en el caso que involucró al dirigente ferroviario de izquierda Rubén “Pollo” Sobrero: allí la CGT advirtió “que continúa la escalada contra la actividad sindical, sin importar el color político de los perseguidos”. Diferente fue el caso del dirigente ferroviario José Pedraza, acusado por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, a quien le transmitieron que tenía que “asumir las responsabilidades que le correspondan”.

“No vamos a hablar de nada hasta que la Justicia se expida. Hicimos una presentación el lunes y esperamos una respuesta”, señalaron en el Ministerio de Trabajo, esquivando una respuesta al mensaje de la CGT, que optó también por expresarse “solamente a través del comunicado”, como confió un dirigente sindical a este diario.

En un pasaje del comunicado, la central recordó que “en aquel tiempo –las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa– la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, pretendió llevar adelante una medida similar que, coherentes con nuestros principios, también rechazamos unánimemente”. La defensa de APTA la empujan a pesar de que el secretario general del gremio, Ricardo Cirielli, no goza de la mejor consideración de parte de Moyano y el espacio que conduce la CGT.

“No hay mucho para decir. Entendemos que es una respuesta que surge casi como un reflejo de la CGT porque APTA pertenece a la entidad gremial”, explicó un funcionario de la Casa Rosada. Después del intenso conflicto generado por los controladores aéreos que respondían a Cirielli y los ataques contra el gerente general de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora, “nadie quiere tensar la cuerda más de lo que está”, señalaron en Balcarce 50.

El comunicado firmado por Moyano, Schmid y Piumato también indicó: “Si hay controversias entre los trabajadores y la dirección de la empresa, éstas deben solucionarse por el diálogo, debiendo exigírsele a la patronal un mayor compromiso para la resolución de los conflictos”.