“Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumentos de su voluntad divina, en consecuencia nosotros tenemos que ejecutar el plan de Dios. En este sentido la protección de la vida en el seno materno es un principio esencial. Por eso estamos en contra de cualquier política abortista.” El hombre mira fijo a la cámara, cada palabra está meditada al igual que la iconografía. Detrás suyo, una virgen, varias cruces, un santo. El discurso es congruente con la puesta en escena. Todo esperable si el hombre en cuestión fuera un sacerdote, pero no: es el gobernador reelecto de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich. Un político votado para ejecutar un proyecto de gobierno. La Constitución no prevé que la existencia de Dios sea sometida al escrutinio popular.

“Defendemos precisamente la vida desde la concepción en el seno materno y lo hacemos con una extraordinaria decisión que ha impulsado la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando instituyó la Asignación Universal por Hijo precisamente a partir de la concepción en el seno materno”, continúa el gobernador. Habitualmente preciso, el gobernador incurre en un llamativo error: el decreto 466/2011 que establece la Asignación Social para Embarazadas señala que “consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la mujer embarazada desde la décimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo”. “La defensa de la vida desde la concepción” no aparece en el texto firmado por la Presidenta y todo el gabinete nacional. La fijación del tercer mes de embarazo como el momento para empezar a recibir el beneficio es leído por algunos como un aval a los sectores que impulsan los proyectos legislativos para ampliar la posibilidad de interrupción del embarazo.

“Definitivamente la vida significa poder ejercer los derechos civiles, políticos y sociales (...), derechos que han sido siempre defendidos por la Santa Iglesia Católica”, abunda Capitanich. ¿Otro error? El derrotero de la Iglesia durante la dictadura en la Argentina huelga de mayores comentarios. Curas ocupándose de reconfortar espiritualmente a los pilotos de los vuelos de la muerte, sacerdotes condenados o investigados por delitos de lesa humanidad son apenas algunos renuncios de la Santa Iglesia Católica. La defensa de los derechos civiles y políticos estuvo lejos de estar “siempre” entre los valores a proteger.

Capitanich siguió en Twitter reivindicando su derecho a defender sus convicciones. Derecho que no está en duda. Sí, en cambio, aparece puesto en duda por el discurso integrista del mandatario el derecho de los ciudadanos. En el acto en Santa Cruz por el Día de la Militancia, Capitanich morigeró sus argumentos y dijo: “Soy una persona muy creyente y expreso mis conviciones desde el punto de vista espiritual y religioso. Eso no significa que no respete las opiniones de otros, pero mi posición contraria al aborto es absolutamente irreductible”. Es de esperar que los actos de gobierno reflejen el respeto a la pluralidad.

En Salta, Juan Manuel Urtubey, otro gobernador que comparte con Capitanich la pertenencia generacional y la posibilidad de ser candidato expectable del peronismo, se rige por una Constitución que fijó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Ese mandato se garantiza. Otro es el criterio para aplicar la Ley nacional de educación sexual y de salud reproductiva. No se cumplen. La reiteración de muertes de niñas mujeres por la práctica ilegal de interrupción del embarazo mantiene inalterables esas convicciones.

El plan de Dios está fuera de toda posibilidad de discusión racional. La política, en el siglo XXI en la Argentina, se supone que debe pivotear sobre cimientos más terrenales.