El 10 por ciento de los hogares más ricos concentra el 22,9 por ciento de los recursos, mientras que el 10 por ciento más pobre suma el 2,9 por ciento de los ingresos totales. La brecha del ingreso medio per cápita familiar entre los hogares más vulnerables (353 pesos) y los más acaudalados (7310 pesos) llegó durante el tercer trimestre de 2011 a 20 veces. En el mismo período el año pasado esa distancia era mayor, 21,4 veces, y un lustro atrás la diferencia trepaba hasta 28 veces. Los datos difundidos ayer por el Indec evidencian la continuidad de la reducción en la desigualdad tanto entre la población ocupada como entre las familias. Las cifras representan una mejora respecto de la década del noventa, pero todavía se encuentran por debajo de los resultados alcanzados hacia 1974. El índice de Gini, un indicador de desigualdad de ingresos donde cero es el nivel de igualdad absoluta mientras que uno es la expresión de mayor desigualdad, descendió entre julio y septiembre de 0,416 a 0,406 en términos interanuales para los ingresos per cápita de los hogares. Entre los ingresos de la población ocupada la mejora fue inferior, al pasar de 0,400 a 0,394,

En el tercer trimestre de 2003 la brecha de ingresos per cápita familiar entre los hogares más ricos y los más pobres superó las 40 veces. A lo largo de los últimos ocho años el sostenido proceso de crecimiento estuvo acompañado por un proceso redistributivo que permitió reducir esa distancia a 20 veces y comenzar a revertir las consecuencias económicas y sociales de las políticas neoliberales instaladas a partir de 1976 cuando comenzó un empeoramiento distributivo sistemático que se profundizó durante los noventa. Los últimos datos del Indec confirman la tendencia a la mejora en la fotografía distributiva, aunque evidencia un menor dinamismo.

Por su parte, desde 2003, el índice de Gini, que ofrece una visión sobre toda la pirámide poblacional, se redujo 17 por ciento. Una investigación realizada por el Ministerio de Trabajo concluye que la mejora en 72 por ciento en el índice de Gini entre 2003 y 2010 está explicada por la suba en el empleo registrado y los ingresos laborales de las familias. A su vez, esa dinámica se observa con mayor intensidad entre los deciles más bajos de la distribución que también se beneficiaron por los sucesivos incrementos del salario mínimo.

El documento de Trabajo sostiene que el mercado de trabajo no fue el único factor de reducción de las desigualdades, sino también la expansión del sistema de protección social que ha incrementado los ingresos no laborales. La mejora de la cobertura e ingresos provenientes de las jubilaciones y pensiones explicaron más del 20 por ciento de la mejora distributiva. La implementación de la Asignación Universal por Hijo también contribuyó en ese sentido.

A pesar de las mejoras distributivas todavía persisten importantes brechas de ingresos entre los hogares. En el tercer trimestre de 2011 el 40 por ciento más pobre de las familias concentró el 20,8 por ciento de los recursos totales. Por su parte, el 10 por ciento de los hogares más ricos acaparó el 22,9 por ciento del ingreso total. Los datos del Indec exhiben un incremento en los ingresos per cápita de las familias. Mariana González, economista de Cifra, destacó que durante el tercer trimestre de 2011 los ingresos de todos los deciles mejoraron por encima de cualquier medición de inflación, reflejando un incremento en los salarios reales. La especialista explicó que el IPC que se construye con los datos de siete provincias arroja una suba de 25,7 por ciento entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período del año pasado, mientras que los ingresos de toda la pirámide poblacional superaron esa marca.

La economista de Cifra y el investigador del Conicet Fernando Groisman coincidieron al señalar que frente a una posible desaceleración económica durante 2012 será central activar, como sucedió en la crisis de 2009, las distintas herramientas públicas para evitar la destrucción de puestos de trabajo y preservar la mejora en los ingresos reales de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. “Frente a una desaceleración económica se requerirán políticas que sostengan y alienten el consumo de los sectores más vulnerables. Para eso el Gobierno deberá retomar el mismo camino que utilizó en 2008 y 2009”, explicó Groisman.

El economista enfatizó que “los aumentos en el salario mínimo vital y móvil son una política muy potente para mejorar las remuneraciones de los trabajadores formales y poseen un efecto arrastre entre los informales”. Ambos especialistas enfatizaron la necesidad de políticas específicas para los asalariados precarios que representan al 34 por ciento de la población y exhiben ingresos 50 por ciento más bajos que los trabajadores registrados.