EL PAíS › EL NUEVO GOBERNADOR DE RíO NEGRO, ALBERTO WERETILNECK, CONTRA EL JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO VíCTOR SODERO NIEVAS
También consideró que el intendente de Catriel “no está en condiciones emocionales” de administrar la ciudad. Anunció que mantendrá lo delineado por Soria en cuanto a “reestructuración del Estado, producción minera y reducción del gasto público”.
› Por Ailín Bullentini
Hace menos de dos días que administra una provincia, pero parece que llegó con hambre de pelea. Tras asegurar, al igual que lo hizo durante su asunción, que el gobierno de Río Negro “es, fue y será justicialista”, el flamante primer mandatario de esa provincia, Alberto Weretilneck, confirmó que los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) están “analizando” efectuar un pedido de juicio político al titular del Supremo Tribunal de Justicia provincial, Víctor Sodero Nievas, por las declaraciones que el magistrado realizó sobre la causa de la muerte del ex gobernador Carlos Soria, y consideró que el recientemente aparecido intendente de Catriel, Carlos Johnston, “no está en condiciones emocionales” de administrar la ciudad y “debe renunciar”. “Son apreciaciones sobre hechos reales que suceden. No me quiero mostrar fuerte, sino decir lo que siento”, se justificó quien hasta el martes fue vicegobernador de la provincia patagónica en un diálogo con Página/12 en el que, además, negó que alguna vez haya pensado en adelantar las elecciones tras la muerte del ex gobernador Carlos Soria y anunció “reestructuración del Estado, producción minera y reducción del gasto público” para el resto de los cuatro años de gestión que le quedan por delante: “Vamos a cumplir todos esos sueños que tenía Soria”.
–¿Pedirá juicio político para Sodero Nievas?
–Lo estamos evaluando, lo están estudiando los legisladores del FpV, ya que quien puede realizar el pedido es ese poder y no el gobernador o el Ejecutivo. El juez ya tiene un pedido de juicio político, que fue realizado por la Legislatura durante la gestión anterior por pedido de pagos a ex jueces, pero prefiero no dar más datos. Realmente nos pareció inaudito que haya hecho las declaraciones que hizo. Que, respecto de una causa que está bajo secreto de sumario, formule afirmaciones con datos que habían sido resguardados por la Justicia. Los legisladores evaluarán la situación.
–Para usted el intendente de Catriel, que desapareció tres días producto de un aparente de-sorden psicológico, debería renunciar al cargo. ¿Ese pedido sí lo puede formular el Ejecutivo provincial?
–No, en Río Negro existe autonomía municipal plena y ese pedido debería formularlo el Concejo Deliberante de Catriel (ver página 15). Sin embargo, me pareció oportuno opinar sobre hechos recientes, como éste y las declaraciones del titular del Tribunal Supremo de Justicia. No me quiero mostrar fuerte, sino que como gobernador me parece que es correcto decir lo que siento. Si, efectivamente, Carlos Johnston sufrió una situación de desorden psicológico profundo, no me parece que esté capacitado para administrar una ciudad, tarea que requiere estar emocionalmente muy balanceado. Está claro que no está en condiciones emocionales, así que me parece que tiene que pedir licencia o renunciar.
–¿Qué planes desarrollará el gobierno en el futuro cercano?
–Vamos a profundizar el programa que le hemos propuesto al pueblo de la provincia y que ellos han votado. Después de 28 años de gobiernos radicales, una provincia con un estado ausente, con casos de corrupción sistémica, sin un plan estructural provincial, nos hemos planteado reacomodar todas esas cosas y lo vamos a llevar adelante: la reestructuración del Estado, la producción minera, la reducción del gasto público. Vamos a cumplir todos esos sueños que tenía Soria.
–Algún sector del PJ rionegrino pidió elecciones anticipadas tras la muerte de Soria. ¿Lo consideró en algún momento?
–El único líder del PJ es el senador Miguel Angel Pichetto, quien fue absolutamente claro en cuanto a respetar lo que fue elegido por el pueblo rionegrino. Nos hemos reunido con legisladores provinciales y varios intendentes y esto es lo que vale. Además, la Constitución no lo permite. La presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) me pidió que estemos unidos, que respetemos las instituciones y que hoy más que nunca sigamos adelante fundamentalmente por nuestro pueblo. El apoyo recibido por parte de la Presidenta fue un bálsamo dentro de este dolor que sentimos entonces y que seguimos sintiendo. Nos sentimos acompañados por el gobierno nacional.
–¿Cómo está la relación con las otras fuerzas?
–El FpV tiene mayoría amplia en la Legislatura. El diálogo con las otras fuerzas hoy es el mismo que existía cuando gobernaba Soria.
–¿Le aportará algo nuevo el Frente Grande desde la gobernación a la gestión, que antes no pudiera hacerlo desde la vice?
–No, no. No está planteado en términos de Frente Grande. Este gobierno es, fue y será justicialista. Que yo esté ocupando circunstancialmente este espacio no va a cambiar lo que iba a ser antes de que Soria se fuera.
–Respecto del recorte en la planta de empleados estatales, ¿piensa aplicar alguna modificación?
–Río Negro fue mal gobernada durante 28 años. No vamos a echar a 20 mil empleados, sino a reorganizar el Estado de modo que la gente que cumple con las funciones necesarias por su empleo, las personas que trabajan, no perderán sus puestos. Aquellos acomodados por el radicalismo, que no trabajan, los vagos, los delincuentes que utilizan al Estado como botín de guerra y defraudan al pueblo no formarán más parte de la planta.
–La derogación de la ley que prohibía la utilización de cianuro en la explotación minera, ¿era estrictamente necesario para, como dijo Soria en la última entrevista que dio, “poner a la provincia a trabajar”?
–El problema más dramático que sufre Río Negro es la ceniza por la actividad del volcán, que provocó sequía sistemática y la muerte de todos los animales. Hay que generar una reactivación productiva y la actividad minera es parte de esa reactivación. Para eso tenemos que dar condiciones de confiabilidad a los inversores. Toda actividad desarrollada por el hombre, como la minería, tiene su impacto. Lo que debe hacer un Estado eficiente es ejercer los controles correspondientes.
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