Un abogado chaqueño que durante ocho años defendió a un torturador de la cárcel de Resistencia en un juicio civil pretende instruir la causa en la que se investiga a los compañeros de su ex cliente. Se trata de Juan Antonio Piñero, quien asumió como conjuez por sorteo e instruye desde hace un lustro expedientes por delitos de lesa humanidad en Chaco. Ante la recusación por falta de imparcialidad que presentó el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, el abogado aceptó apartarse en el caso de César Pablo Casco, ex miembro de la “guardia dura” de la Unidad 7 a quien patrocinó entre 1998 y 2006, pero asegura que se siente “perfectamente habilitado” para avanzar en la instrucción sobre el resto de los penitenciarios. El lunes, el juez federal Carlos Skidelsky se declaró competente para entender en la investigación y le pidió a Piñero que se aparte. Si el abogado decide resistir, la cuestión se resolverá en la Cámara Federal de Resistencia, que convocó a las partes a una audiencia oral y pública para el próximo martes.

Casco perteneció durante la dictadura al Servicio Penitenciario Federal y prestó servicios en la Unidad 7, de donde fueron arrancados los presos políticos masacrados en Margarita Belén. Ex detenidos lo recordaron como la persona que obligó a los presos a salir de sus celdas el día del fusilamiento, que se juzgó el año pasado. Casco fue detenido justamente por orden del Tribunal Oral Federal responsable de ese proceso, pero no por su rol durante la dictadura sino por el delito de falso testimonio, que denunciaron los querellantes y el Ministerio Público Fiscal.

Piñero elevó a juicio como conjuez las causas Caballero, que tenía como imputados a policías de la Brigada de Investigaciones, y Margarita Belén. El 12 de diciembre, la Cámara de Diputados de Chaco lo distinguió con el premio de derechos humanos Amanda Mayor de Piérola. Días antes, sin embargo, un grupo de organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas le habían escrito una carta pública para cuestionarle “retrasos en la sustanciación de la instrucción” y reclamarle que indagara a ex mandos militares, ex funcionarios judiciales de la dictadura y ex penitenciarios, incluido Casco, a partir de las pruebas surgidas en los juicios orales.

El 21 de diciembre, dos semanas después de asumir como fiscal federal con acuerdo del Senado, Sabadini y Diego Jesús Vigay, fiscal federal ad hoc de derechos humanos, presentaron el pedido de recusación contra Piñero. El dato de la relación con Casco, según el escrito, se originó en un llamado anónimo, corroborado en los registros del Poder Judicial provincial. “El doctor Piñero tuvo una activa participación en el expediente principal en el que Casco tramitaba su divorcio, así como en sus actuaciones accesorias (división de bienes, alimentos, beneficio de litigar sin gastos, etcétera)”, que se prolongaron entre octubre de 1998 y septiembre de 2006, precisaron.

Como ejemplo de la “carencia de imparcialidad” apuntaron que Vigay había hecho un requerimiento de instrucción contra Casco el 17 de noviembre, que había presentado un pedido de pronto despacho el 7 de diciembre y ante la falta de respuestas había recurrido en queja a la Cámara Federal el 19, dos días antes de la recusación. “Esta falta de respuesta por parte del conjuez pone un manto de sospecha respecto de la posibilidad de beneficiar a su ex cliente en comparación con los demás imputados”, señalaron los fiscales. Destacaron “la actitud frente a otros requerimientos presentados por esta fiscalía con mayor anticipación, entre los que se hallan, además de altos jefes militares y de la policía provincial, magistrados y funcionarios de la justicia federal que cierran la cuadratura de funcionamiento y complicidad en actividades contra la vida y la dignidad humana de víctimas del terrorismo de Estado y perseguidos políticos”.

Tras conocer la recusación, Piñero declaró públicamente que “la causa que invocó el Ministerio Público es falsa”, aunque se inhibió de seguir actuando en la imputación contra su ex cliente. “No se trata de si tuve una vinculación profesional sino de si esta persona es requerida por el Ministerio Público”, dijo en Radio Ciudad, y aseguró que “hasta el día de hoy, después de cinco años en la causa, no hay ningún requerimiento sometido a mi investigación, dirigido a mi persona, en el que se pida que se investigue la conducta de esta persona”. “Es preocupante, no entiendo el motivo de este hostigamiento por parte de la fiscalía federal”, agregó.

El último día hábil de 2011, luego de recibir el fragmento del expediente que derivó en la inhibición, Skidelsky se declaró competente, le pidió a Piñero que le remita “la totalidad de las actuaciones” y que ponga a su disposición a todos los detenidos, las pruebas secuestradas y “todo lo que tenga conexión con la misma”. “Entiendo que el conjuez no es imparcial, atento a las pruebas documentales presentadas, y lo que abunda a esa situación es el mismo conjuez, quien en principio sostuvo que no comprende la causal (de inhibición), la niega y dice que no existe en la causa requerimiento alguno dirigido contra el señor Casco. Luego no le quedó otro camino que admitir la verdad, la que no es otra que fue el abogado patrocinante, o como se le quiera llamar, de una persona acusada por delitos de lesa humanidad, que estaba requerida en el expediente que el mismo conjuez averigua y en el marco de su propia investigación”, escribió Skidelsky.