“Angelito”, lo nombran sus amigos al recordarlo. Angel Georgiadis se llamaba. Era un dirigente montonero y cayó preso a mediados de 1975 en una situación absurda. Manejaba un Citroën y se metió de contramano por una calle donde había una comisaría. Lo pararon y al revisarle el auto la policía encontró panfletos de la organización. Lo encerraron en el penal de Devoto, y ahí quedó hasta finales de ese año, cuando lo mudaron a la Unidad 9, en La Plata, donde estuvo más tiempo todavía. En diciembre de 1976 hubo en ese centro de detención una requisa brutal, que derivó en una clasificación de los presos entre jefes y bases, de Montoneros y del ERP. Fue la antesala de las ejecuciones. Georgiadis fue trasladado al Regimiento de Infantería N0 7 para ser supuestamente interrogado. No fue un mero acto de las Fuerzas Armadas: habría mediado un aval judicial para llevarlo al establecimiento militar, y ahí, a los pocos días, lo mataron.

Según reconstruyó la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, el juez que habría permitido el traslado fue Federico Nieva Woodgate, actual fiscal general de Morón, muy presente en los medios el año pasado por su intervención en el “caso Candela”. Ese cuerpo de diputados y senadores resolvió por unanimidad constituirse en acusador y pidió su juicio político en una decisión que pasó casi inadvertida, y que deberá ser analizada por un jurado a partir de febrero, cuando se cumplirán 35 años de la muerte de “Angelito”.

“Nieva Woodgate, que era juez penal de Lomas de Zamora, recibió un oficio firmado por un coronel ya fallecido del Regimiento 7, que anunciaba que la Unidad 9 de La Plata entregaba a Georgiadis a personal civil para su traslado a esa unidad militar, donde sería interrogado. Uno de los papeles tiene un sello cruzado que dice ‘subversivo’. Nieva Woodgate permitió ese traslado y habría conocido la mecánica: no eran simples interrogatorios. Georgiadis fue torturado allí, y finalmente se reportó su muerte”, explicó a Página/12 Gabriel Villegas, quien fue diputado del Frente para la Victoria hasta diciembre y presidía la Comisión Bicameral que resolvió acusar al ahora fiscal general de Morón. “Como juez a cargo de la situación de Georgiadis, debió haber denunciado o investigado las circunstancias de la muerte. No lo hizo ni entonces ni en democracia”, advirtió Villegas.

La denuncia que dio el puntapié inicial a la investigación legislativa la había presentado en octubre de 2010 el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel. Estaba basada, en parte, en la sentencia del Tribunal Oral Criminal 1º de La Plata sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Unidad 9, que se conoció en 2010. Allí, los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone incluyeron un apartado especial que llaman “Las omisiones del Poder Judicial”, donde ordenan que se investigue a un grupo de magistrados por su actuación en el terrorismo de Estado y su eventual participación en lograr la impunidad de los crímenes cometidos por el aparato represivo. Hay una causa, con mínimo avance, a cargo de Manuel Blanco. Uno de los que el tribunal señalaba con nombre propio era Nieva Woodgate, cuya carrera judicial incluye su designación como juez de menores durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, luego de su paso por el Juzgado N0 4 de Lomas entre 1976 y 1978, cuando fue nombrado fiscal de Cámara del departamento judicial de Morón. Su cargo actual es fiscal general.

Historia de Angel

El cuerpo de Angel Georgiadis nunca apareció, pese a los reclamos de su esposa, María Teresa Piñero, “Teté”. Habían militado juntos, él en la conducción de la columna Sur, ella a nivel barrial. Después de que lo detuvieron, allanaron la casa donde vivían en Lomas de Zamora. No encontraron nada significativo. Teté se salvó. Igual que su bebita de un año y medio, María de la Paz. Durante la detención de Angel se mantuvieron en contacto por cartas. El le hablaba de su “amor” hacia ella y a la “vida”. En 1976 le decía que se emocionaba con “las cosas más sencillas”. Le contaba sus sensaciones: “No soy el tipo acabado y terminado y que se sobrepone a todo y está por encima de todo. No, Teté, todo lo hago con un gran esfuerzo, con voluntad (...) quiero construir, quiero superar todo lo viejo en mí”. Le hablaba de sus sueños al salir de la cárcel: “15 días en carpa en Villa Gesell”. De cómo extrañaba a la beba, “la Gorda”.

Al comienzo, Teté pensaba que todo pasaría rápido, “parecía una causa fácil”, repasa al hablar con este diario. Hasta donde ella sabía, su marido estaba a disposición del Poder Ejecutivo y bajo custodia del juez Leopoldo Federico Russo, que lo tenía detenido por la ley 20.840 o “Ley Antisubversiva”. Ese juzgado era su referencia para las consultas. “Mi suegra me avisó que lo habían trasladado, y cuando le voy a preguntar al juez me advierte, me amenaza podría decirse: ‘Mejor deje todo en manos de la justicia, que en vez de uno van a ser dos’. Después nunca más me atendió; en el juzgado me decían que no tenía derecho ni a pedir el cuerpo.” Con el tiempo, en especial después del juicio de la Unidad 9, donde fue querellante, ella comprendió que había otro juez de quien dependía Georgiadis. Era Nieva Woodgate, que lo tenía detenido por “hurto automotor”, ya que el Citroën en el que lo detuvieron no le pertenecía. Ambos jueces, según surge de la resolución de la Bicameral, habrían dado aval para moverlo a un establecimiento militar, escenario de su muerte. El juez Russo murió de un ataque cardíaco en medio de un juicio por la verdad, recordó Piñero. Nieva Woodgate siguió su carrera.

Las mismas cartas de Angel dan cuenta de cómo se endurecían, hacia enero de 1977, las condiciones de su detención. Describía “siete meses de régimen de castigo ininterrumpido”. “Cada día es más difícil vivir como preso”, decía. En la última carta le plantea a Teté que esté “preparada” para “asumir la responsabilidad de los dos”. A la vez, le cuenta que su gran “anhelo” es que “entre julepe y julepe pase pronto el 77”. El telegrama que recibió Teté donde le informaban de la muerte de Angel decía textual, a máquina: “Informo a usted que el día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo de la Unidad por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del área operacional 113 se infirió lesiones por autoagresión las que le ocasionaron su deceso”. O sea, el Ejército decía que se suicidó. Para el Tribunal Oral N0 1º se trató de un homicidio (según definió en la sentencia) del que responsabilizó al jefe de la Unidad 9, Abel Dupuy, y a un grupo de penitenciarios, y que se inscribía una sucesión de asesinatos de presos políticos detenidos allí. El punto de partida había sido la requisa de diciembre. De allí seleccionaron a jefes montoneros y a quienes desde la cárcel manejaban el contacto con el exterior. El 5 de enero sacaron a Dardo Cabo y a Roberto Pirles con el pretexto de que los llevarían a Sierra Chica. Terminaron ejecutados en un puente en Brandsen. El 26 de enero una comisión militar se llevó a Georgiadis y a César Urien, atados y vendados, “con el mendaz motivo de la indagatoria”, dijo el tribunal, y los dejaron dos días dentro del baúl de un auto en el Regimiento 7º. Urien sobrevivió, a partir de que su familia logró un contacto con el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Lo reemplazaron por Horacio Rapoport dos días después. Para él también los militares alegaron suicidio. Todos los cuerpos aparecieron, el de Angel no.

Camino al jury

Al encarar la investigación contra Nieva Woodgate, la Comisión Bicameral rastreó los oficios en que se le notificó el traslado. El origen era un Mensaje Militar Conjunto (MMC) que provenía de la subzona 11. El entonces juez, explicó el ex diputado Villegas, recibió la notificación de autoridades militares. “Si no les hubiera dado curso no se hubiera concretado el traslado”, subrayó.

La Comisión resolvió el 30 de noviembre constituirse en acusadora de Nieva Woodgate. De la denuncia inicial del Serpaj tomó, entre otras cosas, la interpretación de una resolución de la Corte Suprema Bonaerense de 2006 según la cual “todos los jueces de la provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos”. Los legisladores bonaerenses señalan que entre las faltas por las que puede ser llevado a juicio un magistrado, “la incompetencia o la negligencia en el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”. “Se tienen por verosímiles –afirma– el escrito de denuncia que originó la pesquisa sumado a otra denuncia penal” que ingresó por el juzgado de Daniel Rafecas (por ser jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército), pero que ahora investiga Norberto Oyarbide, en la que un grupo de organismos de derechos humanos acusaron da Nieva Woodgate de omitir investigar la desaparición de una empleada judicial y su esposo (ver aparte). Los legisladores no llegaron a analizar, por el momento, esa presentación.

Teté, que trabaja en derechos humanos en Cancillería (en Memoria Verdad y Justicia en las relaciones exteriores), se presentará como particular damnificada ante el jury de enjuiciamiento bonaerense, que preside el titular de la Corte provincial e integran legisladores y abogados, y que debe reunirse en febrero para decidir si abre el proceso de remoción. Según Villegas, “hay elementos suficientes para que el jurado tome esa decisión; con motivos mucho menos relevantes, como gritarle a una secretaria, lo hicieron”. Teté dijo: “Yo voy a pelear por impulsar este juicio, es una deuda esclarecer estas complicidades civiles que nos pueden ayudar a saber cómo fue que sucedió todo”.

El telegrama donde se informa el “suicidio” de Georgiadis.