La Justicia federal porteña también investiga al fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate desde hace cerca de dos meses. La denuncia la hicieron un grupo de organismos de derechos humanos (entre ellos el Serpaj, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre e H.I.J.O.S) que lo acusaron por “omisión de persecución”. En este caso, omitir investigar la desaparición de María Elena Peter y su esposo, Armando Fiorito. “Peter era empleada del juzgado penal de Morón que quedaba enfrente de donde Nieva tenía su oficina ya de fiscal de Cámara. Su despacho también quedaba a metros de la Comisaría 1ª de Morón, donde funcionó un centro clandestino. Tenemos testigos, camaristas inclusive como Camilo Bacchini, que dicen que todo el mundo veía bajar a la gente encapuchada allí. Por su cargo, Nieva Woodgate debía denunciar. En el caso de Peter, las denuncias sobre su desaparición cayeron en el juzgado donde ella misma trabajaba y él, como fiscal, debía impulsar que se investigue, pero no lo hizo”, le explicó a Página/12 el abogado Walter Brizzio. “Esa chica desapareció casualmente el día que el juzgado donde trabajaba estaba de turno, era el juzgado del juez Temperley, que murió”, añadió. “En 1977 la Corte bonarense había sacado una resolución donde recomendaba a los tribunales y jueces `que se abstengan de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto, relacionados con personas detenidas o desaparecidas’. Por lo tanto, no pueden ni siquiera negar que conocían la existencia de desaparecidos”, dijo Brizzio. La denuncia penal, que además de apuntar a Nieva Woodgate incluye al camarista Mario Moldes, la tiene el juez Norberto Oyarbide. El fiscal Gerardo Pollicita ya “requirió” (impulsó) que se abra la investigación.