En un discurso pronunciado en El Calafate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aludió a la situación económico-laboral en el primer mundo y a la relativa falta de movilizaciones de protesta. Apuntó que los gobernantes de esa región son “suertudos” porque pueden arrasar con derechos e ingresos sin mayores reacciones mientras en Argentina hay reclamos mucho más intensos, en un contexto de aumentos salariales y jubilatorios. Las comillas valen porque la oradora ironizaba. Desde luego, la ironía es un recurso de doble filo: incluye un reproche a quienes, a su ver, redoblan demandas en un contexto que exigiría más contención. Pero también es cierto, y central, que la capacidad reivindicativa de los argentinos es comparativamente alta. Y que el oficialismo decidió desde sus albores no tener esa “suerte”, sino promover otro modelo de sociedad.

Carlos Menem, el hombre del destino, contó con esa “suerte” en parte porque la encontró y en parte porque la construyó. Las secuelas de la dictadura, el fracaso de la política económica alfonsinista, las hiperinflaciones diezmaron y disciplinaron a la clase trabajadora. Menem acentuó las tendencias con una política tenaz e impiadosa. Arrasó con la legislación laboral, noble faena que la Alianza completó.

El kirchnerismo, entre otras variables, reavivó a los actores sociales, los sindicatos principal pero no exclusivamente. Al promover la puja distributiva y mejorar, pari passu, las condiciones de empleo, generó una coyuntura de mayor poder relativo de los gremios y de la CGT. Hay un componente fáctico: los tiempos de malaria disuaden la protesta o la transforman en estallidos o intentos revolucionarios. En trances de crecimiento y relativo bienestar, el potencial de las organizaciones sindicales se fortifica. El Gobierno consolidó esa tendencia empírica con un armado institucional que no suele reconocérsele: paritarias anuales con la innovación de la docente, reuniones anuales del Consejo del Salario, aumentos jubilatorios semestrales a través de un coeficiente fijado por ley, Asignación Universal por Hijo (AUH). El entramado abre instancias de participación reglada, con contrapartes vivaces y envalentonadas. Es un progreso enorme, una poliarquía en acción.

Se comenta, con razón, que el kirchnerismo acrecentó el poder político, el del Estado y el del Gobierno. Una mirada más abarcativa agregaría que los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de Derechos Humanos tienen un poder relativo bastante superior al de cualquier otra etapa. Tal la lectura del cronista que asume que el poderómetro no es una herramienta de precisión, que sus mediciones son opinables. Todas esas organizaciones de la sociedad civil tienen juego propio (más allá de su contingente cercanía o distanciamiento de la Casa Rosada) porque una institucionalidad más vasta los tutela y les “abre juego”. Y también porque el discurso kirchnerista se ufana del empoderamiento de las organizaciones... lo que lo expone más a sus críticas o rupturas.

Vaya una digresión parcial. La Corte Suprema actual acaso no disponga del poder omnímodo de la menemista. Pero sí cuenta con recursos (y voluntad) para moverse como contrapeso al Ejecutivo o al Legislativo cuando así le pinta. Esa Corte, asimismo, es una innovación institucional del kirchnerismo. Hay quien mueve el dedito y fustiga: “El Gobierno no quería eso, aspiraba a una Corte afín y más alineada”. Podría (o hasta podrá) ser, pero el ex presidente Néstor Kirchner (que no era cándido, precisamente) asumió ese riesgo, innovó y mejoró el diseño de la división de poderes.

Volvamos al núcleo, al real funcionamiento de la puja salarial merced a la normativa vigente y novedosa.

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Nada es sencillo: Vamos a la paritaria docente, sin ir más lejos. Si se miran los principales países de la región, sólo el nuestro tiene una instancia nacional en la que se negocia el piso salarial para los maestros. En un riguroso trabajo editado por la Organización Internacional del Trabajo, el politólogo Sebastián Etchemendy acude al método comparativo y comprueba que no hay institución semejante en Uruguay, Brasil, México, Perú ni Chile.

El mecanismo se instauró como parte de políticas más amplias tendientes a reparar el desquicio causado por la fragmentación del sistema educativo. Un prodigio de los noventa que tuvo demasiada claque, que sería ingrato recordar.

El diseño es un quebradero de cabeza para los funcionarios nacionales, aunque ha significado mejoras significativas en los sueldos de los maestros. El sistema sigue siendo federal: los sueldos los pactan los gobiernos provinciales con los gremios locales. La paritaria nacional dispone un piso, no una escala general, ni mucho menos un techo. El Fisco nacional apoya a las provincias de menos recursos para sostenerlo, hoy día son once. El Fondo de incentivo docente es otro aporte dinerario de la Nación. El círculo se redondea con la nueva espera de la deuda con la Nación concedida a las provincias no bien comenzó el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Las tratativas se repiten desde 2008, siempre fueron arduas. Desde ambos lados de la mesa se concuerda: las de 2012 están muy trabadas, tal vez como nunca. Los representantes del Gobierno mencionan el contexto internacional y piden contención a las cinco confederaciones nacionales de sindicatos. Estas se plantan en un piso de 3000 pisos para el docente con dedicación simple. La diferencia es algo así como 200 pesos. Todo es según el color del cristal con que se mira: el número puede saber a poco en el bolsillo de los laburantes pero es mucho para los gobernadores que los multiplican por cientos de miles de maestros. Hay rezongos mutuos sobre la falta de voluntad del “otro”.

En Trabajo y Educación se valora, algo es algo, la templanza en las declaraciones públicas, la “falta de adjetivación”. No se pacta, traduzcamos, pero no se “calienta el ambiente”. La mesa sigue tendida.

La Presidenta viene insistiendo en la necesidad de iniciar las clases, aun si la paritaria estuviera irresuelta. Un reclamo sensato, dada la lesividad de los paros del sector público en general y de éste en particular. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, lo ratificó durante las tratativas y en declaraciones a los medios. Hasta ahora, sólo un sindicato de la provincia de Buenos Aires pateó el tablero anunciando un paro de 72 horas concomitante con el comienzo de las clases. Es un gremio encolumnado con el moyanismo, tanto en Nación como en Provincia registran el detalle. Nadie dice nada en el entorno del gobernador Daniel Scioli, pero se ve que el encuentro y los gestos hacia el secretario general de la CGT Hugo Moyano no frenan su dinámica reivindicativa. O política, malician en La Plata y en la Rosada. En ambos espacios se consuelan: el gremio es minoritario, ha tentado movidas semejantes con anterioridad. “Si va solo no mueve el amperímetro”.

La Presidenta y sus ministros piden gestos de templanza, acordes con el contorno económico global. Hasta ahora, las laboriosas paritarias docentes consiguieron un acuerdo, tras sudar mucho las respectivas camisetas. La posibilidad que el Ejecutivo laude integra la legalidad pero no el ideario de las partes. El imaginario oficial, su álbum, se complace con la foto que acompaña la firma de los convenios. La institución, su manejo durante años, son coordenadas que condicionan al Gobierno. No se apartará de ellas, por eso es un dislate suponer que “hará un ajuste”, como profetizan sus adversarios. O que ya lo está haciendo, como pontifican los más fundamentalistas. O que es un “ajuste a la griega”, como derrapa algún contrera entusiasta.

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En Europa no se consigue: La Presidenta aludió al diario español El País cuando mentó a los “suertudos”. Unos días después, en ese mismo medio, un grupo de abogados hispanos firmó una columna titulada “La destrucción del derecho laboral” en la que denuncian y deploran que su gobierno “destruye una parte del sistema jurídico establecido democráticamente y consolidado después de años de sacrificios y luchas sociales”. Los autores fumigan a la “flexibilización” y a la “reforma” que supieron enraizar en estas pampas años ha, camino que se viene desandando desde 2003.

El kirchnerismo no tiene reformas similares en carpeta. Mantiene los aumentos jubilatorios y los celebra con antelación. Las convenciones colectivas se sostienen. El Gobierno querría bajar la nominalidad y algo logrará pero ceñido a su institucionalidad y a su paradigma. Expresado en imágenes: no dará una vuelta en “U” para marchar contra su rumbo pero sí tratará de combinar el acelerador con el freno y el embrague, lo que no ha sido su norma ni su fuerte. Al modo de Pep Guardiola o (para no caer en comparaciones apologéticas) del “loco” Bielsa, ganará o perderá pero “jugando la suya”. Ese es el verdadero eje de la cuestión. Los críticos del Gobierno suponen que su política económica de tantos años es insustentable y que, por lo tanto, no resistirá una etapa de relativas restricciones. Lo vienen creyendo desde 2003. Llevan casi nueve años prediciendo el fin del kirchnerismo en dos años, en cuatro, en 2008 y 2009, la no reelección de Cristina. Las recurrentes pifias no prueban automáticamente que estén errados ahora pero imponen reparos a su infalibilidad.

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Como de costumbre: El secretario Guillermo Moreno persevera en su hiperquinesis tacticista. Dista de ser una novedad y tampoco encaja en el nuevo discurso opositor que detalla con minucia (y poco apego a los hechos) diferencias polares entre Néstor y Cristina Kirchner. Fue el ex presidente quien describió al polifuncionario como el mejor del Gabinete. Lo que cambian son las medidas, al vaivén de una contingencia nueva. Se “pisan” importaciones, se controlan las remesas de divisas de las multis a los países de bandera. El escándalo de los concernidos también integra el inventario.

Las provincias mineras se agrupan, tal como hicieron las petroleras. Respuestas forzosas, acaso algo tardías pero lógicas frente a la división de poder que forzó el “neo federalismo” de los ’90. Conformar empresas provinciales, procurar mejor fiscalidad, intervenir más activamente en la producción y en la distribución de la renta son los encomiables objetivos. Enunciarlos es más simple que concretarlos y muchísimo más que conseguirlo en el corto o mediano plazo, que son los que acucian a los gobiernos democráticos.

La “suerte” de la Argentina del siglo XXI, catalizada por las jornadas de 2001, es tener una sociedad civil rebelde, muy celosa en la defensa de intereses sectoriales. Haber recuperado la movilización y las negociaciones institucionalizadas para defender derechos. Y, hasta ahora, contar con un gobierno que basa su legitimidad en la satisfacción de necesidades y la ampliación de derechos. He ahí su potencial, su principal modo de acumulación de poder y de prestigio. Su hoja de ruta, a la que no renunciará imitando la de sus contrincantes. La particular “suerte” que buscó, que cimentó en normas y que signará el modo en que busque comandar los años futuros.

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