EL PAíS › LOS NOMBRAMIENTOS EN VARIOS ORGANISMOS EXACERBARON LA INTERNA RADICAL
› Por Sebastian Abrevaya
La disputa por la presidencia de la Auditoría General de la Nación marcó el inicio de los conflictos por el poder real dentro de la UCR. Después de una semana de turbulencias entre el alfonsinismo y el titular del partido, Mario Barletta, lentamente empezó a bajar la tensión de la primera crisis. En un comunicado oficial, Barletta tuvo que salir a aclarar que nunca le pidió la renuncia al jefe de los auditores, Leandro Despouy, y que éste tampoco se la presentó espontáneamente. Superada la cuestión de formas con esa rectificación, Despouy se prepara para abandonar la AGN después de una década, pero con la condición de hacerlo por la puerta grande. Ya recibió elogios de referentes de la oposición y de su propio partido y presentará un informe de gestión. El nombre de su sucesor se definiría el 21 de marzo, en una reunión del Comité Nacional. Los radicales, además, tienen otros conflictos similares en puerta: la designación de sus representantes en el directorio de Canal 7 y el ex Comfer; la Defensoría adjunta del Pueblo de la Nación y la procuración penitenciaria.
Lejos de pasar inadvertida, la gestión de Barletta al frente del radicalismo se inició con un sacudón en las estructuras partidarias. A menos de dos meses de asumir, el ex intendente de Santa Fe les planteó a los dirigentes que retenían el control que las decisiones y designaciones correspondientes a la UCR deberían ser previamente consultadas con él. Desde diciembre viene impulsando el recambio en la Auditoría, que se precipitó ahora tras renovar la presión sobre su titular. Primero propuso a Jesús Rodríguez, a quien el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) rechazó de plano por el rol que había tenido el ex ministro de Economía en la candidatura presidencial de Ernesto Sanz. En segundo lugar, Barletta mocionó a Mariano Candioti, ex titular del Consejo de la Magistratura y vicerrector de la Universidad del Litoral.
Los alfonsinistas lo impugnaron por sus supuestos vínculos con el kirchnerismo. “No es un cargo político cualquiera. Está establecido en la Constitución. Y lo que nosotros no podemos hacer de ninguna manera es poner en duda el prestigio del trabajo realizado hasta ahora por la auditoría, ni que el reemplazante sea una persona vinculada con el Gobierno. Ese lugar tiene que ser para alguien con personalidad, con prestigio, conocimiento técnico y que sea irritativo para el kirchnerismo porque se trata de un organismo de control”, explicó a Página/12 un dirigente del riñón alfonsinista. Despouy primero se había reunido con Barletta, quien comunicó que “concluía su tarea”. Cuando comenzaron a circular los rumores de un “desplazamiento”, Despouy se reunió con Alfonsín, que le brindó su “respaldo incondicional al frente del organismo”. “Nadie echó a nadie, ni nadie renunció, pero Despouy se va”, señaló un operador radical que participó de las negociaciones.
Ahora se barajan los nombres del ex diputado Marcelo Stubrin, del economista Javier González Fraga, y de Manuel Garrido, diputado y ex titular de la Oficina Anticorrupción. El 21 de marzo, en la reunión de la mesa ejecutiva del Comité Nacional se resolverá el nombre del reemplazante. “La UCR está protagonizando un verdadero papelón. El cóctel de vanidades personales y proyectos sectoriales explotó rápidamente y nos condujo a este escenario bochornoso”, se sumó Leopoldo Moreau a la polémica.
En paralelo con el conflicto por la Auditoría, Barletta frenó la designación de los ex diputados Silvana Giúdici, en el multimedio estatal Radio y Televisión Argentina, y Gustavo Cusinato en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque de menor peso, otros dos cargos de control deberá resolver la UCR. Por un lado el del defensor adjunto del Pueblo de la Nación, que ocupa Juan Mínguez, y por el otro el del procurador penitenciario, en manos de Francisco Mugnolo.
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