Fuera de los avances, hay un enorme paquete de causas que involucran a empresas virtualmente detenidas. Entre otras, las de Ford y Mercedes-Benz. Pero también la de los astilleros Astarsa y todas las que están en la jurisdicción de San Martín.

La Ford y Mercedes-Benz tienen características parecidas: las victimas son trabajadores que eran parte de la comisión interna de las fábricas o delegados de una sección. Las dos causas pasaron del juzgado federal de Daniel Rafecas a San Martín. Ford salió con un pedido del fiscal Federico Delgado de indagatoria para los directivos. En los últimos años, sin embargo, ninguna de las dos avanzó. El juez que las recibió, Juan Manuel Yalj, cuestionó, entre otras cosas, la relación entre civiles, imprescriptibilidad y terrorismo de Estado. En diciembre, las tomó la nueva jueza, Alicia Vence. A la causa original que llevó adelante durante años el abogado Tomás Ojea Quintana, el año pasado se sumó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los investigadores hablan de dos tipos de procedimientos de las empresas durante la dictadura. Unos más visibles y desbocados, sobre todo en localidades del interior con compañías que se creían impunes. Otros más camuflados o cuidados, en los centros urbanos. Un ejemplo del primer caso es Ledesma, donde el Ejército usó camiones con el logo del ingenio o había una conexión entre la usina y el apagón que liberó la zona. Para algunos, los casos de Ford y Mercedes-Benz presentan otras dificultades, pese a que la planta de Pacheco de Ford se usó como centro de detención. O que los trabajadores de Mercedes-Benz eran levantados con listas de la empresa.

Hay testimonios de sobrevivientes o de sus mujeres. Arcelia Luján Portillo describió una entrevista con el teniente coronel Juan Molinari, responsable de los secuestros. “Vos me responsabilizás a mí de todo, pero yo te digo y te voy a mostrar algo”, le dijo el militar. Y –describió ella– “sacó de un cajón una lista en un papel con el logotipo de Ford, manifestándome: ‘Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos’. Pude ver que la mayoría estaban tachados, y pude ver que el nombre de mi marido aún no estaba tachado y me dijo que me fuera tranquila porque mi marido, antes del 1º de abril, iba a estar en mi casa. Yo le contesté que no le creía, a lo que me refirió que él era un hombre de honor”.

Los casos de Acindar y Papel Prensa tampoco avanzaron mucho. Acindar está en manos de Oyarbide y algo adelantó (ver aparte). Página12publicó una nota sobre La Veloz del Norte en la que la unidad de coordinación de las causas de lesa humanidad del Ministerio Público explicaba cuál era uno de los problemas de estas causas: “La realidad es que las dificultades tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

Algo de eso dice José Schulman: “El Poder Judicial fue creado para defender al poder, no para atacarlo; aun a los más honestos les cuesta mirar al funcionamiento del mismo poder. La Corte Suprema tiene que orientar esta discusión para poder ir al núcleo del bloque que organizó el terrorismo de Estado, porque este poder económico hoy sigue vivo. Esta cuestión redefine la agenda del siglo XXI: pasar del dolor al futuro, para poder gozar de los derechos humanos y eso, inexorablemente, implica poner el eje en el poder económico, que es transnacional”.