El fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca, pidió que la Corte Suprema de Justicia resuelva si las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la guerra de Malvinas de parte de sus superiores deben ser considerados delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, es decir, imprescriptibles. La causa judicial contiene cerca de cien denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas, pero la investigación quedó paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los delitos habían prescripto.

El expediente fue abierto en el año 2007 en el juzgado federal de Río Grande, de Tierra del Fuego. La denuncia inicial consistió en 23 testimonios de soldados reunidos por el entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pedro Vassel. Cuando el tema trascendió, otros se animaron a denunciar. El expediente tiene actualmente cerca de cien acusados.

Los hechos que los soldados denunciaron fueron estaqueamientos, muertes por hambre e incluso un asesinato. “No hay que olvidar que a Malvinas fueron cientos de represores, muchos de ellos hoy están condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Lo que hicieron en los centros clandestinos lo llevaron a la guerra: en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, ya sea del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, hay por lo menos uno de estos hechos denunciados”, señaló ayer a Página/12 Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, querellantes en la causa.

La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, sostuvo que las denuncias relataban delitos de lesa humanidad y abrió la investigación. Los militares apelaron. Por un recurso de uno de los acusados, Jorge Taranto, el caso fue a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La cámara opinó, como la jueza, que se trataba de delitos de lesa humanidad, luego los defensores llevaron el caso a la Cámara de Casación, donde consiguieron frenar el avance de la causa, ya que los camaristas sostuvieron que los delitos habían prescripto. Así intervino De Luca, el fiscal de ese fuero.

En el recurso de queja ante la Corte que De Luca presentó ayer planteó sus argumentos para que el máximo tribunal estudie el caso y siente una posición. “Existe un interés institucional indiscutible en que la Corte Suprema decida de una vez y para siempre si este tipo de delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras serias violaciones a los derechos humanos por funcionarios públicos actuando en su función de tales y nada menos que en el marco de la guerra de Malvinas”, señaló en su escrito.

El fiscal, como los querellantes, había presentado el año pasado un recurso extraordinario contra la decisión de Casación de considerar prescriptos los delitos, pero Casación lo rechazó. Por esto ahora fue en queja al máximo tribunal. La Corte Suprema deberá decidir si abre la queja y se expide sobre el tema o la rechaza y deja firme lo resuelto en Casación.

Para el fiscal, es necesario que el máximo tribunal abra el caso. “Si llegara a tratarse de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, ninguna disposición del derecho o acto de autoridad local podría impedir el camino hacia el descubrimiento, enjuiciamiento y responsabilidad de los autores”, remarcó. Desde el Centro de Ex Combatientes de La Plata, Alonso agregó que “el derecho a conocer la verdad y a que la Justicia investigue estos hechos aberrantes no es sólo un derecho de las víctimas, sino de toda la sociedad”.