Desde Paraná

Comenzó ayer el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Albano Harguindeguy, quien fuera ministro del Interior entre 1976 y 1980. Está acusado, junto con otros ocho represores, por secuestros, torturas y la desaparición forzada de cuatro militantes en la zona este de la provincia de Entre Ríos.

Harguindeguy está imputado por integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes. Se trata de tres causas acumuladas por hechos ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y se le imputan los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas en perjuicio de 30 víctimas, y cuatro casos encuadrados bajo la figura de la desaparición forzada de personas, en perjuicio de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976.

El represor, de 85 años, siguió las instancias del debate desde la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación, por un sistema de videoconferencia, ya que el tribunal hizo lugar a un pedido efectuado por su defensa para no ser trasladado a Paraná, por su estado de salud. Escuchó desde un sillón de ruedas las imputaciones que se le atribuyen como responsable de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad y, por lo tanto, de los centros clandestinos de detención que funcionaron en guarniciones militares de Concordia y Gualeguaychú y en la sede de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, por donde pasaron los detenidos políticos.

El ex ministro del Interior de Jorge Rafael Videla permaneció de brazos cruzados durante las casi cuatro horas de audiencia y solo respondió con monosílabos ante cada pregunta que le efectuaba Lilia Carnero, la presidenta del tribunal. “Bien”, dijo cuando se le interrogó sobre cómo lo habían tratado; y que “un enfermero y una ambulancia están a mi disposición”, contestó cuando se le consultó sobre su estado de salud.

Más temprano se produjo un episodio que por poco se convierte en un papelón, ya que uno de los imputados, el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, no pudo ser localizado en el departamento de Buenos Aires donde cumple arresto domiciliario. Es que el represor, de 86 años, se encuentra en Rosario a la espera de una sentencia en otro juicio por crímenes de la dictadura y el tribunal no había reparado en esa circunstancia. Durante las dos horas en que Díaz Bessone estuvo “perdido”, el tribunal ordenó un allanamiento en el departamento y libró una orden de detención para el represor, pero volvió sobre sus pasos una vez aclarado el malentendido.

El juicio podría durar alrededor de siete meses, ya que hay 199 testigos citados a declarar. La nómina incluye, entre otros, a los ex gobernadores Jorge Busti (Entre Ríos) y Jorge Obeid (Santa Fe), al periodista Ceferino Reato, a los ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf –ambos firmaron los decretos para combatir a la subversión– y los dirigentes radicales Facundo Suárez Lastra, Horacio Jaunarena y Enrique Nosiglia. También está citado el ex policía entrerriano Carlos Ramón Balla, que integraba el Comando Paraná, como se daba en llamar el brazo local de la Triple A.