“A 36 años del golpe militar, hoy más que nunca, memoria, verdad y justicia”, twitteó Mauricio Macri el último 24 de marzo. “Memoria, verdad y nunca más”, tipeó su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. La selección de sus funcionarios no parece ir de la mano con estas afirmaciones. El PRO ubicó como uno de los directores de la empresa estatal de subterráneos (Sbase) a Federico Young, quien integra la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia. Esa entidad solicitó que todos sus integrantes puedan visitar las cárceles, con la intención de ver a los represores de la última dictadura, incluido el dictador Jorge Rafael Videla. En la lista que entregó aparece el nombre de Young.

Macri no podrá decir que la noticia lo sorprende: Young es el mismo al que designó al frente de la Agencia Gubernamental de Control pese a que había compartido dos conferencias con la activista pro represores Cecilia Pando, en las que calificaron de “terroristas” a varios funcionarios del gobierno nacional. Ya instalado en el cargo, dio rienda suelta a la contratación de ex militares y ex gendarmes como inspectores. Entre ellos, estaban el tesorero y el protesorero del Partido Demócrata, que en ese momento presidía Young. Finalmente, debió abandonar ese puesto, pero este año recaló en el Sbase en pleno conflicto por el traspaso del subte.

Young forma parte de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una entidad hermana de AFyAPPA, la asociación que conduce Pando. El link a la página de Pando aparece primero entre los “enlaces de interés” en la página web de Justicia y Concordia, que proclama que la Justicia argentina “sirve a una política de venganza y persecución”. También afirma que luchan contra una “acción destructiva del orden social que ha empezado por las Fuerzas Armadas y de seguridad”, pero que continúa con “leyes que corrompen los principios del orden de la naturaleza”. Por si quedan dudas, aclaran que se refieren al “matrimonio de los homosexuales, la identidad de género, la fertilización asistida y la eutanasia”. “Queda el aborto para el año que viene, no nos queda la menor duda”, se amarga en esa web el presidente de Justicia y Concordia, Alberto Solanet.

En una carta al director del Servicio Penitenciario Federal de mayo de 2011, Solanet y el secretario de Justicia y Concordia, Mariano Gradin, solicitaron que se les concediera a sus asociados “el ingreso a los establecimientos penales que se encuentran bajo la jurisdicción de ese Servicio Penitenciario Federal”. “Nuestras visitas se harán una vez por semana y a cargo en cada oportunidad de no más de cuatro asociados”, afirmaron. En la carta, omitieron los nombres de quienes querían visitar, pero no resulta difícil deducirlo: se trata de los que ellos llaman “presos políticos”, es decir: Videla, Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta y gran elenco.

El listado que entregaron al SPF incluía a Young entre 230 nombres, entre los que se pueden ver al ex abogado de Astiz Juan Aberg Cobo; el menemista Guillermo Alchouron, el carapintada Gustavo Breide Obeid, el cavallista Horacio Liendo, el ex funcionario nacional Norberto Quantin y el ex ministro de Educación porteño Abel Posse. El pedido de visitar a los represores fue finalmente denegado por el director del SPF, Víctor Hortel. Consultado por Página/12, Youn g dijo no saber del tema. “Yo formo parte de esa asociación y comparto muchas de sus ideas. Pero no estoy en el día a día”, sostuvo. “No tengo conocimiento de esto, pero es un tema que da para el debate académico y que en algún momento debemos abordar”, afirmó.