Los organismos de derechos humanos de Jujuy celebraron la renuncia del juez Carlos Olivera Pastor, denunciado desde 2009 por bloquear sistemáticamente los pedidos de indagatoria de los acusados en las causas por delitos de lesa humanidad. Su salida, sin embargo, dejó un tema pendiente: el apoyo que recibió de la Cámara Penal de la provincia de Salta, que avaló cada fallo y, a través de uno de sus integrantes, el camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, hizo innumerables gestiones en Buenos Aires para sostenerlo. Así lo dice a Página/12 el fiscal Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. “El tema de la impunidad en Jujuy no pasa exclusivamente por el juez Olivera Pastor, sino que hay una responsabilidad de la Cámara Federal de Salta”, señala Parenti.

“El juez Olivera Pastor es un secretario que fue designado a cargo del juzgado por la Cámara Federal de Salta –dice Parenti–. Fue protegido mediante diversas gestiones por el camarista federal Ra-bbi-Baldi Cabanillas. Ese camarista, a principios de 2011, se presentó ante la Comisión Interpoderes para juicios de lesa humanidad e intentó demostrar mediante sofismas que las causas en Jujuy marchaban bien. Los sofismas consistían en hablar de muchas causas en trámite, cuando en verdad lo que hay es una completa dispersión de las investigaciones: muchas veces, una causa por víctima. Esa dispersión hace que el número aumente, como si en la causa ESMA se formara una causa por cada víctima: así tendríamos miles de causas. Todos los integrantes de la Comisión Interpoderes rechazamos en duros términos ese intento de Rabbi-Baldi. Y nosotros, desde la Unidad, hicimos un informe en respuesta a esta presentación que está publicado en nuestra página.”

Olivera Pastor renunció al cargo de juez subrogante el jueves pasado, desgastado por las denuncias que vienen haciendo desde hace años los organismos de derechos humanos, pero que se potenciaron el último 24 de marzo. La marcha que, por primera vez para esta fecha, congregó a unas cien mil personas en San Salvador de Jujuy, llevó entre las principales consignas la denuncia contra el juez, recordó a este diario el abogado querellante Pablo Pelazzo. En los últimos tiempos, la escalada de tensión con el juez se había incrementado. A comienzos de año, Olivera Pastor rechazó la indagatoria para el dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, por su presunta participación en la llamada Noche de los Apagones. Tras un encuentro con los abogados querellantes de las causas de lesa humanidad, que fueron a verlo acompañados por las organizaciones sociales, denunció públicamente que había sido objeto de violencia y de presión. La Cámara Federal lo respaldó también en ese caso: ordenó una investigación sobre las organizaciones. Una decisión que se denunció por su carácter criminalizador.

Jujuy hasta ahora no tuvo juicios orales de lesa humanidad. Y Olivera Pastor rechazó el 88 por ciento de los pedidos de indagatoria elevados por la fiscalía de Domingo Batule, según los datos de la Procuración.

–¿Cómo fue el proceso? ¿Qué hizo la Cámara? –le preguntó este diario al fiscal Parenti.

–Sabemos que Rabbi-Baldi Cabanillas hizo innumerables gestiones en la Corte y en el Consejo de la Magistratura para defender a Olivera Pastor. Es decir que, frente a la evidencia de que las causas no avanzaban, Rabbi-Baldi, en lugar de asumir el problema y darle una solución, se empeñó en defender a este juez, actitud que también produjo un daño concreto en las investigaciones. Por otra parte, la Cámara Federal de Salta sistemáticamente avaló el rechazo de las indagatorias por parte de Olivera Pastor y rechazó casi todas las apelaciones de la fiscalía. Es por esto que el tema de la impunidad en Jujuy no pasa exclusivamente por el juez Olivera Pastor, sino que hay una responsabilidad de la Cámara Federal de Salta.

–¿Olivera Pastor se fue por la marcha del 24?

–El caso también pone en tela de juicio el sistema de rendición de cuentas de los jueces: desde hace casi tres años hay en el Consejo de la Magistratura denuncias contra Olivera Pastor, incluso nuestra Unidad Fiscal lo denunció. Es evidente que el mecanismo del Consejo no funcionó como es debido y esto llevó a una situación cada vez más crítica, cuyo desenlace fue la renuncia frente a cuestionamientos públicos cada vez más fuertes y escandalosos. El de Olivera Pastor es un caso donde han fallado los mecanismos institucionales y el juez, en lugar de ser expulsado por el Consejo de la Magistratura, cae por el propio peso de los acontecimientos y cuando ya no pudo ser sostenido políticamente frente a una crisis cada vez más evidente.

–Usted habló de feudalización de la Justicia, refiriéndose a este caso.

–El caso de Jujuy merece una revisión cuidadosa, que involucra muchos aspectos de la administración de justicia: es un caso que muestra una evidente feudalización de la Justicia, con un camarista que intentó actuar como patrón de la jurisdicción y sostén político de un juez que no estaba cumpliendo su deber; se refiere a una jurisdicción que tiene un alto nivel de “endogamia judicial”, que fácilmente se advierte si se repara en la cantidad de familiares nombrados en la administración de justicia y, por otra parte, muestra que no han funcionado los mecanismos formales de rendición de cuentas, lo cual llevó a una situación explosiva y a una irreparable pérdida de tiempo.

Rabbi-Baldi también es conocido. En el Consejo de la Magistratura se lo investiga porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca estaba buscando a su cuñado, Alejandro Osvaldo Marjanov, por una causa de lesa humanidad del V Cuerpo de Ejército. Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dejó constancia de que el camarista lo llamó para pedirle que “el allanamiento (en la casa de su hermana) se hiciera con la mayor discreción posible”. Por el tema también declaró Olivera Pastor en Bahía Blanca: le hizo una llamada al camarista justo antes de que éste se comunicara con el hombre del PSA.