El informe final que la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal le entregó al juez federal Norberto Oyarbide dice que Pablo Schoklender, el menor de los hermanos que fueron apoderados de Madres de Plaza de Mayo, aumentó sus bienes en un 500 por ciento entre 2008 y 2009. En una entrega anterior señalaba que Sergio Schoklender tuvo adquisiciones por algo más de 900 mil dólares entre 2007 y 2009, sin contar abultados gastos con tarjeta. También aludía a “inconsistencias” en la contabilidad de la entidad, que manejaban ellos, y deudas millonarias con el fondo de cese laboral. Así lo confirmaron a Página/12 allegados a la investigación que intenta desentrañar el presunto desvío de fondos públicos que debían destinarse a construir viviendas sociales.

El estudio patrimonial refuerza también la hipótesis de que la firma Meldorek, que pertenece a Sergio Schoklender, habría sido utilizada como pantalla para la maniobra, al igual que la firma Antártica Argentina, presidida por el contador Alejandro Gotkin, que trabajaba en Madres. Con estos datos y otro reporte recién terminado del Banco Central, el juzgado comenzaría a llamar a indagatoria a los imputados en dos o tres semanas.

Las conclusiones del documento de la Policía están en línea con los fundamentos de los 67 pedidos de indagatoria que le planteó a Oyarbide el fiscal Jorge Di Lello en diciembre. Su dictamen señalaba una posible “asociación ilícita” que desde 2006 –cuando empezó el proyecto de las viviendas con la Misión Sueños Compartidos– habría desviado cerca de 50 millones de pesos que eran para las obras. El dinero, planteaba Di Lello, habría sido usado por los Schoklender junto con socios, amigos y conocidos para su “enriquecimiento patrimonial”. Advertía que los hermanos como empleados de Madres no ganaban más de 6000 pesos, pero que habrían derivado dinero que venía del Ministerio de Planificación a cuentas vinculadas con Meldorek y Antártica, que no tenían una actividad comercial acorde con los montos que recibían ni ofrecían contraprestación alguna.

Oyarbide esperaba el informe patrimonial para cotejar y completar esos datos. Allí se encontró con que Pablo Schoklender habría declarado en la AFIP ingresos de un período por 160 mil pesos y gastos por 120 mil, pero había adquirido bienes por cerca de un millón. También confirma, como había señalado la fiscalía, que una de sus cuentas bancarias fue utilizada para transferir dinero de la fundación. Allí se habrían movido más de 13 millones de pesos. El mismo tipo de movimiento se atribuye a Sergio, por más de dos millones de pesos. Una de las últimas pistas que se investiga en relación a Pablo Schoklender es si compró un restaurante con dinero de Madres y si de igual modo hizo negocios inmobiliarios. Acerca del hermano mayor, una entrega anterior del informe advertía sobre el incremento de sus bienes por casi un millón de dólares, y al analizar Meldorek surge que a nombre de esa firma se habían adquirido –como había señalado Di Lello– cinco inmuebles en 2010, un barco de 420 mil dólares, camionetas Berligo que usaba la fundación y aseguró una Ferrari.

La última parte del informe policial ratifica que Meldorek no tenía capacidad comercial ni tampoco para producir, sino que habría utilizado la planta de fabricación de paneles móviles de la fundación para provecho de los hermanos y su círculo. Está en duda, por ejemplo, la facturación de tres millones de pesos por casas que no se habrían construido. También hubo paneles fabricados por las Madres que terminaron en countries y hasta en una estación de servicio en Beccar a través de Construcciones Calificadas y Concreto Modelado, dos firmas ligadas a Pablo y sus socios. Un elemento importante en la causa es el análisis del contrato con Meldorek por el cual las Madres aparecen cediéndole la construcción de viviendas en todo el país y un pago inmediato por casi dos millones de pesos: pero allí la firma de Hebe de Bonafini, según sostuvo dos veces la Gendarmería, fue falsificada.

Viviana Sala, ex esposa de Sergio, avanza el análisis patrimonial, aparece como proveedora de la fundación (para la Universidad de las Madres) y emite facturas fechadas en 2004, cuando no existía como tal. Los problemas con facturas ya habían sido advertidos en la primera parte del estudio, cuando se advirtió la existencia de posibles pagos duplicados.

Al intentar analizar la contabilidad de la fundación, los expertos no hallaron libros de “IVA compras”, ni hay registros diarios de compras y ventas (lo que impide conocer el origen y destino del dinero que pasa por la entidad). Aunque todavía está pendiente un informe contable de peritos de la Corte que determine si los 750 millones que puso el estado se usaron efectivamente en la obra, Oyarbide avanzaría con las indagatorias.