El abogado Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, responsabilizó a los 14 marinos acusados en la causa por espionaje ilegal de la Armada en Trelew y atribuyó las órdenes ilícitas a la cúpula de la fuerza que encabezó el almirante Jorge Godoy. Respaldado con fotografías de documentos de la Armada reproducidos en una pantalla de video, Borda coordinó el alegato de la querella con el abogado Eduardo Hualpa, una de las personas espiadas en Trelew por personal de inteligencia de la base Zar.

Tanto Hualpa como Borda subrayaron que el espionaje ilegal de la Armada viola las leyes de Defensa nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia. “Estas tres leyes forman parte de un consenso básico y dan pautas claras sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil”, añadió Hualpa.

En su exposición, Borda destacó la abundante y sólida prueba acumulada respecto de una actividad de “naturaleza furtiva”. Gran parte de su exposición estuvo centrada en valorar, en particular, “el cúmulo de documentación secuestrada” por la Justicia en la base Almirante Zar en marzo de 2006, procedimiento que tomó a los “imputados en situación de virtual flagrancia”. También dijo que allanamientos posteriores en otras unidades se vieron perjudicados por el “encubrimiento” organizado por la cúpula naval.

El allanamiento de 2006 se concretó tras la denuncia judicial formulada por el CELS sobre la base de información aportada por el cabo Carlos Alegre, quien se desempeñaba en la sección de inteligencia de la base. Entre la prueba obtenida, Borda destacó el “Libro de registro de mensajes navales”, recibidos y emitidos con las clasificaciones de “estrictamente secreto” y “confidencial”, que corresponden a la inteligencia naval. Subrayó que ese libro es un “documento público” y que un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó las firmas de los mensajes a varios de los imputados.

El abogado del CELS abordó con similar detalle otras pruebas y en especial la aportada por Alegre y otro testigo clave, Luis Alberto Sánchez, también cabo de la Armada pero destinado en esa época a la base de Puerto Belgrano. Borda subrayó la “clara correspondencia” entre los ilícitos cometidos por la sección de inteligencia de la base aeronaval Almirante Zar de Trelew y dos versiones del Plan Básico de Inteligencia de la Armada, las de 2000 y 2005, esta última impartida cuando Godoy encabezaba la fuerza.

Entre los catorce procesados se destacan los almirantes Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval; y Luis De Vincenti. También están acusados los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Eduardo Merlo, Cristian Vidal y Gustavo Monzani, así como los suboficiales Alfredo Andrade, Vicente Rossi y Daniel Guantay.